La licitación para la compra de drones destinados al patrullaje de la Policía de Córdoba desató en cuestión de horas una confrontación política de alto voltaje que muchos ya leen como el primer round de una campaña que, aunque formalmente lejana, empieza a tomar temperatura rumbo a 2027. El cruce entre el gobernador Martín Llaryora y el senador Luis Juez no solo rompió la relativa calma del verano político, sino que volvió a poner a la seguridad en el centro de una disputa que excede largamente el expediente administrativo.

El rechazo del Tribunal de Cuentas —donde el juecismo tiene mayoría— a la licitación millonaria para adquirir un sistema integral de drones fue el disparador. A partir de allí, el debate técnico mutó rápidamente en una pulseada política abierta, con acusaciones cruzadas, conferencias de prensa y un despliegue comunicacional que dejó al descubierto que, detrás de los drones, se juega bastante más que una discusión sobre procedimientos.

Desde el Centro Cívico, el gobernador decidió salir a la cancha y subir al ring a su antagonista histórico. Llaryora le imprimió tono político al conflicto al hablar de “los libertarios en Córdoba” y cuestionar lo que definió como contradicciones entre el discurso nacional del gobierno de Javier Milei en materia de seguridad y el accionar opositor a nivel provincial. Los libertarios “puros”, sin embargo, optaron por no recoger el guante y mantenerse al margen del chisporroteo, dejando toda la centralidad del conflicto en manos de Juez.

Esa estrategia de exponer supuestas incoherencias entre el posicionamiento nacional del senador —alineado con Milei— y su rol en Córdoba fue profundizada por dos de los principales voceros del oficialismo: el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano. Ambos encabezaron una conferencia de prensa especialmente convocada para el tema, en la que buscaron instalar una consigna clara: “Control sí, obstrucción no”.

El mensaje fue directo. Según el Gobierno, el rechazo del Tribunal de Cuentas no es un acto de control institucional sino una maniobra política que perjudica a los cordobeses y debilita la política de seguridad. En ese marco, Siciliano sostuvo que el Tribunal puede realizar observaciones administrativas, pero no “opinar sobre cómo gobernar”, y fue más allá al afirmar que “los drones que los libertarios cordobeses le niegan a nuestras Fuerzas de Seguridad se los están negando a la seguridad de todos los vecinos”.

La ofensiva oficialista incluyó también una fuerte defensa del proceso licitatorio preadjudicado a la UTE Vantac–Huinoil. Tanto Quinteros como Siciliano negaron de plano cualquier irregularidad y desafiaron a los vocales del Frente Cívico a presentar denuncias formales en la Justicia si consideran que hubo corrupción, como insinuó el propio Juez. “Son socios funcionales de los delincuentes”, lanzó Quinteros, elevando aún más el tono de la disputa con un viejo adversario político.

Como nota al pie, en pocas horas las redes sociales se poblaron de jóvenes influencers que salieron a cuestionar al senador, un dato que en el juecismo leen como parte de una estrategia coordinada para trasladar la pelea al terreno digital. Mientras tanto, desde el Panal todavía no dieron precisiones sobre cómo continuará el proceso licitatorio tras el rechazo del Tribunal de Cuentas.

La respuesta opositora llegará este martes con una “contraconferencia” encabezada por los tribunos Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva, aunque no se descarta la presencia del propio Juez. El Frente Cívico ya sumó respaldos de sectores de la UCR, como el presidente del bloque radical en la Legislatura, Matías Gvozdenovich, y la titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero. En contraste, el diputado nacional y referente radical Rodrigo de Loredo eligió, al menos por ahora, el silencio.

Desde la oposición, el eje discursivo apunta a diferenciar control de obstrucción. “Controlar no es hacer politiquería, es hacer lo que el pueblo te exige”, disparó Gvozdenovich, quien cuestionó la política de seguridad provincial en su conjunto. Enumeró críticas que van desde la creación de la Guardia Urbana y la compra de móviles e indumentaria “a sobreprecio”, hasta la falta de una estrategia clara y la delegación de responsabilidades en los municipios. “No se deja una provincia sin seguridad por no comprar unos drones; se la deja sin seguridad cuando todo se hace para la foto y la prensa”, remató.

Ferrero fue en la misma línea y endureció el discurso: “Control no es obstrucción. Este es un gobierno que no acostumbra a rendir cuentas y se resiste a ser controlado”. La legisladora justificó la rigurosidad del Tribunal de Cuentas en la magnitud del gasto en juego y recordó denuncias previas por sobreprecios. “Seis millones de dólares de los cordobeses justifican esa rigurosidad”, afirmó.

Así, lo que comenzó como una discusión administrativa terminó convirtiéndose en una disputa política de alto impacto simbólico. Seguridad, transparencia y control se mezclan en un escenario que anticipa la intensidad de una campaña que, aunque falten años para las urnas, ya empezó a jugarse. Y el duelo Llaryora–Juez, una vez más, aparece como uno de los ejes centrales de la política cordobesa.