El rechazo del Tribunal de Cuentas a la licitación para la compra de drones de patrullaje destinados a la Policía de Córdoba volvió a encender la confrontación política entre el Gobierno provincial y la principal oposición, referenciada en el senador nacional Luis Juez. El expediente, valuado en casi 7 millones de dólares y paralizado desde septiembre, derivó este fin de semana en un cruce público de alto voltaje que combinó acusaciones de obstrucción política, denuncias de corrupción y advertencias sobre el uso partidario de la seguridad.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo contemplaba la creación de la División Svant, con la incorporación de 15 drones de alta complejidad tecnológica, software con inteligencia artificial y reconocimiento facial, capacitación para 40 agentes y vehículos móviles de control. Según el Gobierno, se trataba de un sistema integral pensado para fortalecer el patrullaje preventivo y el monitoreo aéreo en zonas urbanas y rurales.

El expediente atravesó más de 70 instancias administrativas y contaba con aval técnico y legal antes de llegar al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, los vocales Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva —ambos vinculados al juecismo— formularon una observación clave que frenó el proceso. El eje del rechazo estuvo puesto en la modalidad de licitación por renglón único, que integraba en un solo contrato la provisión de equipos, software, capacitación y asistencia técnica. Desde el organismo se sostuvo que ese esquema restringía la competencia y configuraba una compra sobredimensionada.

Seguridad y política, un límite difuso

Desde el Centro Cívico defendieron la decisión y argumentaron que la integración del sistema era necesaria para evitar incompatibilidades técnicas, especialmente en un mercado con escasa experiencia local en sistemas Svant de esa escala. Para el oficialismo, el Tribunal avanzó sobre criterios de mérito, oportunidad y conveniencia que exceden su función de control de legalidad y rozan una intromisión en la toma de decisiones del Ejecutivo.

La controversia escaló rápidamente al plano político. El gobernador Martín Llaryora salió a respaldar a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y lanzó un tiro por elevación que apuntó tanto a la oposición provincial como al armado libertario local. “Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”, afirmó al repostear un mensaje del funcionario. Y agregó una definición que no pasó desapercibida: “Los libertarios en Córdoba contradicen todo el tiempo al Gobierno nacional en la política de seguridad”.

La frase fue leída como un mensaje directo al presidente Javier Milei, a quien Llaryora buscó advertir sobre el comportamiento de sus aliados cordobeses, en un contexto donde la relación entre Provincia y Nación se mueve entre la cooperación pragmática y la desconfianza política.

En la misma línea, la vocal oficialista del Tribunal de Cuentas, Silvina Rivero, advirtió sobre un posible conflicto de poderes y cuestionó que se intente sustituir el criterio técnico del Ejecutivo en materia de seguridad pública. Quinteros, por su parte, endureció el tono y acusó a los vocales juecistas de ejercer “militancia disfrazada de dictamen jurídico”. En un extenso posteo, sostuvo que no se objetó ni el precio, ni el procedimiento, ni la legalidad del proceso, sino la decisión política de incorporar tecnología de última generación.

Mientras tanto, en el Gobierno provincial evalúan alternativas para destrabar el expediente: avanzar mediante un acuerdo de ministros, recurrir a la vía judicial o reenviar la licitación con modificaciones, una opción que implicaría una demora de al menos un año y que, en los hechos, dejaría en suspenso la incorporación de la tecnología.

La respuesta de Juez y la acusación más dura

La réplica de Luis Juez no tardó en llegar y elevó aún más el nivel del conflicto. “No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida”, lanzó el senador. Y fue más allá: “Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de CORRUPCIÓN a los que su administración nos tiene acostumbrados”.

Juez cerró su mensaje con una definición que apunta al corazón del poder provincial: “Si tuviéramos una justicia independiente, usted y su ministro tendrían que estar dando explicaciones”. La acusación, sin pruebas judiciales de respaldo, buscó instalar la sospecha pública sobre el proceso y reforzar el rol del Tribunal de Cuentas como dique frente al oficialismo.

Al cruce se sumó el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, quien acusó a la oposición de recurrir a la “politiquería” para frenar decisiones de gobierno. Enumeró antecedentes vinculados a seguridad, lucha contra el narcotráfico, educación universitaria, infraestructura vial y financiamiento de obras públicas, y sostuvo que el Tribunal debe limitarse al control de legalidad. Según planteó, cuando se paralizan decisiones administrativas no se afecta al gobernador, sino a la población, y las disputas políticas deben resolverse en las urnas y no desde los organismos de control.

Un conflicto que excede a los drones

Más allá del expediente puntual, el caso expone una tensión estructural entre control institucional y disputa política, en un año donde la seguridad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. También deja al descubierto la fragilidad de los consensos mínimos cuando los organismos de control quedan atrapados en la lógica de la interna.

Con la licitación frenada y el cruce en plena escalada, el debate ya no gira solo en torno a drones y tecnología, sino sobre quién define las políticas de seguridad en Córdoba y hasta dónde llegan los límites del control cuando la política se cuela por cada rendija del Estado.