No es necesario designar amigos del poder en la Justicia cuando se gobierna dentro de la ley. Esa es una verdad básica de cualquier sistema democrático serio, y sin embargo parece ser una lección que el gobernador Martín Llaryora decide ignorar.

Con sus decisiones recientes, el gobernador incurre en un error que puede leerse como un grave “pecado de inocencia” o, peor aún, como una peligrosa tentación de control institucional: avanzar con designaciones de perfiles claramente oficialistas dentro del Poder Judicial. Y frente a esto, los cordobeses se preguntan —con razón— si lo que se busca es garantizar impunidad futura.

Hay una realidad que ningún gobernante debería subestimar: los jueces, fiscales y defensores que llegan por afinidad política suelen seguir siendo oficialistas aun cuando el poder cambia de manos. El problema aparece cuando ese poder se pierde. Porque llegará el día —como siempre ocurre en democracia— en que el oficialismo deje de serlo, y entonces la vulnerabilidad será total. Allí se comprenderá, quizás demasiado tarde, que se reasignaron mal las prioridades y que se confundió la fortaleza circunstancial con permanencia.

Llaryora no es Luis XIV. El Estado no es suyo. No otorga coronas ni impunidad. Y mucho menos puede garantizar protección eterna a quienes hoy ocupan cargos por cercanía política. La historia reciente del país es clara: hay dirigentes que fueron poderosos, intocables, y hoy están presos o cumplen condenas con tobilleras electrónicas. La Justicia —cuando es verdaderamente independiente— termina alcanzando a todos.

Por eso insisto: si un gobernador quiere gobernar tranquilo y no necesitar impunidad, el camino no es colonizar la Justicia, sino fortalecerla. Designar personas idóneas, con capacidad técnica, trayectoria y autonomía real. Hacer las cosas dentro de la ley, respetando la división de poderes y entendiendo que la Justicia no es un refugio político ni un seguro de vida institucional.

Convertir al Poder Judicial —al PJ— en una unidad básica sería un daño irreparable para la República y una señal peligrosísima para la sociedad. Gobernar no es acumular poder; es administrarlo con responsabilidad. Y en ese equilibrio, la independencia judicial no es una amenaza: es una garantía para todos, incluso para quienes hoy gobiernan.