En un contexto económico que sigue condicionado por la escasez de recursos y la tensión permanente entre Nación y provincias, el Gobierno de Córdoba decidió extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la reducción salarial aplicada a los principales cargos del Poder Ejecutivo. La medida alcanza al gobernador Martín Llaryora, a la vicegobernadora, ministros y funcionarios políticos, y se presenta como una señal de continuidad en la política de austeridad que la gestión viene exhibiendo desde el inicio del mandato.

La prórroga fue dispuesta mediante una resolución que se encuadra en los Decretos N° 2245/2023 y N° 084/2025, además de la Ley N° 9820, normativa que respalda el esquema de reducción vigente. Según se informó oficialmente, se mantienen sin modificaciones los porcentajes de recorte ya establecidos: un 25% para el Gobernador y la Vicegobernadora, un 15% para los ministros y un 10% para el resto de los funcionarios políticos del Ejecutivo provincial.

Desde el Panal, la decisión se fundamenta en que persisten las condiciones económicas y fiscales que motivaron la implementación original de la medida. El argumento central vuelve a ser el ordenamiento del gasto público y la necesidad de sostener una administración “responsable” de los recursos del Estado, en un escenario donde la Provincia reclama fondos a la Nación y enfrenta restricciones presupuestarias crecientes.

En ese marco, el Gobierno provincial busca reforzar un mensaje político hacia adentro y hacia afuera: mostrar un gabinete que acompaña con gestos concretos el ajuste y el esfuerzo general que se le exige a la sociedad. La narrativa oficial insiste en la idea de una “conducción ejemplar”, en la que los principales funcionarios asumen parte del costo de la coyuntura económica.

El Ministerio de Economía y Gestión Pública, organismo facultado para ejecutar y evaluar la continuidad de estas disposiciones, ratificó que la prórroga apunta a sostener políticas de responsabilidad fiscal y a consolidar un esquema de previsibilidad en la administración de los recursos provinciales. No obstante, puertas adentro del oficialismo se reconoce que el impacto real del recorte sobre el déficit es limitado y que el valor principal de la medida es, sobre todo, simbólico y político.

La resolución será protocolizada y publicada en el Boletín Oficial, tal como lo establece la normativa vigente. Mientras tanto, la prórroga del recorte salarial vuelve a instalar el debate sobre el alcance efectivo de las políticas de austeridad y sobre hasta qué punto estos gestos alcanzan para equilibrar las cuentas públicas en un contexto de ajuste más amplio que sigue recayendo, mayoritariamente, sobre el conjunto de la población.