El gobernador Martín Llaryora decidió abrir el año político y económico con una señal fuerte hacia los mercados: la Provincia de Córdoba volverá a endeudarse en el exterior por U$S 500 millones, en una colocación que se concretaría esta semana en Nueva York. El equipo económico que encabeza Guillermo Acosta ya se encuentra en Estados Unidos realizando el road show, con la expectativa de cerrar la operación el jueves 22, aprovechando lo que en El Panal consideran una “ventana de oportunidad” tras el reciente pago de deuda externa realizado por la Nación.

La apuesta no es menor. Córdoba busca una tasa inferior al 9% y un plazo más largo que el obtenido en junio de 2025, cuando fue la primera provincia en regresar a los mercados internacionales con un bono a siete años por U$S 725 millones, a una tasa del 9,75%. Ahora, el objetivo es extender el vencimiento a nueve años y mejorar el costo financiero, apalancándose en un riesgo país que bajó de 685 puntos básicos a menos de 570.

Sin embargo, detrás del optimismo técnico y del relato de “gestión profesional”, la decisión deja al descubierto tensiones más profundas en las cuentas provinciales y en la estrategia política del oficialismo cordobés.

Deuda con libre disponibilidad: una diferencia clave

A diferencia de la colocación de 2025, que tuvo como destino explícito la obra pública y la refinanciación de vencimientos concentrados en 2027, esta nueva emisión tendrá fondos de libre disponibilidad que ingresarán a rentas generales. Si bien la Provincia intentará recomprar unos U$S 100 millones de bonos que no pudieron ser absorbidos el año pasado —operación prevista para el lunes 26—, el cambio en el destino de los recursos no es un dato menor.

En términos políticos y fiscales, endeudarse para obra genera un relato más defensible; hacerlo para sostener el funcionamiento del Estado abre interrogantes más incómodos. Aunque desde Economía subrayan que, si la recompra resulta exitosa, Córdoba no enfrentará amortizaciones de capital hasta agosto de 2027, el interrogante central no es el calendario de pagos sino para qué se toma la deuda y qué problema busca tapar.

Aval nacional y señales cruzadas

La operación cuenta con el aval del Gobierno nacional, una autorización que llegó en los últimos días pero que se negoció en diciembre, en plena discusión del Presupuesto 2026 en Diputados. Sin ATN ni transferencias discrecionales, la habilitación del endeudamiento aparece como la principal —y casi única— señal de respaldo del equipo de Javier Milei a la administración de Llaryora.

El gesto, sin embargo, es ambiguo: Nación habilita deuda, pero no regulariza los envíos a la Caja de Jubilaciones, uno de los principales focos de presión sobre las finanzas provinciales. La Corte Suprema ordenó giros mensuales de $5.000 millones hasta abril, pero el escenario posterior es incierto. Más aún, el Presupuesto nacional 2026 prevé apenas $120 mil millones para las 13 provincias con cajas no transferidas, una cifra que confirma que la normalización del sistema previsional cordobés no está entre las prioridades de la Casa Rosada.

El costo fiscal y el optimismo que se enfría

La decisión de salir a los mercados en enero contrasta con una de las principales banderas que levantó el Gobierno provincial al iniciar el año: la reducción impositiva, con un costo fiscal estimado en U$S 600 millones (unos $900 mil millones). Desde El Panal aseguraron que la baja era una señal de confianza en el plan económico nacional y que se compensaría con mayor actividad.

Pero, a pocas semanas de iniciado 2026, ese optimismo empieza a diluirse. La coparticipación viene cayendo, no hay señales claras de reactivación de la economía real y se suma un nuevo factor de riesgo: la posible pérdida de alrededor de $100 mil millones en recursos corrientes si la Reforma Laboral reduce la recaudación de Ganancias de sociedades, tal como proyecta el Gobierno nacional.

En ese contexto, la colocación de deuda que inicialmente se proyectaba para abril se adelantó. La urgencia parece haberle ganado al calendario.

¿Cobertura preventiva o señal de alerta?

Desde una mirada estrictamente financiera, la jugada puede leerse como una cobertura preventiva: asegurar dólares, mejorar plazos y tasas antes de que el contexto internacional o local se vuelva más adverso. Desde una mirada política y fiscal, en cambio, el movimiento expone una contradicción difícil de disimular: bajar impuestos, sostener el gasto y compensar la brecha con endeudamiento externo.

Los recursos podrán destinarse a inversiones de capital, pero también —y esto es lo novedoso— a cubrir gastos corrientes si el escenario empeora. En un año sin elecciones provinciales, pero con tensiones crecientes entre Nación y provincias, la decisión de Llaryora sugiere que el margen financiero de Córdoba es más estrecho de lo que el discurso oficial admite.

La pregunta de fondo queda abierta: ¿se trata de una estrategia inteligente para ganar tiempo o del inicio de una dependencia mayor del crédito externo para sostener un esquema fiscal que empieza a crujir? La respuesta, como suele ocurrir, no llegará desde Wall Street sino desde la economía real cordobesa en los próximos meses.