En las últimas semanas el gobernador Martín Llaryora realizó lo que presentó como un “gran anuncio” de gestión: una supuesta rebaja de impuestos y otros ítems de la recaudación provincial por un monto cercano a los 900 mil millones de pesos para el año 2026. Un mensaje cuidadosamente construido para intentar aliviar el hartazgo fiscal de los cordobeses, que desde hace años soportan una de las presiones impositivas más altas del país.

Sin embargo, como ocurre habitualmente con este Gobierno, la realidad no tardó en desmentir el relato. A menos de 30 días de ese anuncio, la Provincia salió a tomar un crédito por 500 millones de dólares en el exterior. La pregunta es inevitable: ¿cómo se compatibiliza una supuesta rebaja impositiva con un nuevo endeudamiento en moneda extranjera? La respuesta es clara y preocupante: no hay tal rebaja real, hay una maniobra discursiva para disimular un Estado que sigue gastando mucho, mal y sin control.

La llamada “reducción de impuestos” es, en los hechos, imperceptible y ficticia. No se ve reflejada en el bolsillo de los cordobeses ni en los costos que enfrentan comerciantes, productores y empresas. Lo que sí es tangible es el endeudamiento creciente, que compromete el futuro de la provincia y condiciona a las próximas generaciones. En lugar de ordenar las cuentas públicas, achicar estructuras innecesarias y revisar gastos superfluos, el Gobierno opta por la salida más fácil: tomar deuda y patear los problemas hacia adelante.

Este nuevo crédito no está destinado a mejorar sustancialmente los servicios básicos que hoy están en crisis. La salud pública sigue colapsada, la educación pierde calidad y la seguridad muestra falencias cada vez más evidentes. No estamos frente a un endeudamiento estratégico para invertir en desarrollo, sino ante una decisión para sostener un aparato estatal sobredimensionado, con múltiples ministerios, agencias y cargos políticos que consumen recursos sin dar respuestas a la ciudadanía.

El problema de fondo es la falta de voluntad política para reducir el gasto improductivo del Estado. Mientras no se toquen los privilegios, mientras no se revise la estructura del poder y mientras se siga financiando un modelo de gestión basado en el derroche, cualquier anuncio de alivio fiscal será solo eso: un anuncio vacío.

Córdoba no necesita más deuda en dólares. Necesita un cambio de rumbo económico, una administración responsable de los recursos públicos y un Gobierno que deje de mentirle a los cordobeses. No se puede prometer alivio impositivo mientras se hipotecan las finanzas provinciales. La coherencia también es una forma de gobernar, y hoy brilla por su ausencia.