A poco más de dos semanas del inicio del período ordinario de sesiones en la Legislatura de Córdoba, previsto para el próximo 1° de febrero, comienza a emerger una discusión silenciosa pero cargada de implicancias políticas e institucionales: la modificación de la ley provincial 8435 para garantizar la estabilidad laboral de los jueces de paz del interior.

El reclamo, que no es nuevo, apunta a consagrar la inamovilidad o carácter vitalicio de los titulares de los juzgados de paz, hoy sujetos a mandatos de cinco años con renovación por concurso. En el esquema que impulsan, los cargos sólo podrían ser removidos por razones de conducta, bajo evaluación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Para los jueces, se trata de una demanda de previsibilidad y autonomía; para otros actores del sistema político, una discusión que roza zonas sensibles del poder territorial.

El planteo choca de frente con la realidad de los intendentes del interior, especialmente desde que durante las gestiones de Juan Schiaretti se puso fin a la reelección indefinida. Aquella decisión dejó a los jefes comunales sin una de sus principales herramientas de control político local. En 2023, tras la pandemia, algunos alcaldes intentaron reabrir ese debate, y aunque el entonces gobernador coqueteó con una marcha atrás, el intento quedó en la nada.

Hoy, en los más de 300 pueblos donde funcionan los 310 juzgados de paz, esa tensión se siente con fuerza. Magistrados con fuerte presencia territorial conviven —no siempre en armonía— con intendentes que ven en el eventual carácter vitalicio un nuevo factor de poder difícil de controlar. Una fricción que no pasa desapercibida para el gobernador Martín Llaryora, a quien el reclamo ya le fue planteado de manera directa durante una recorrida por Miramar. “Va a haber noticias”, habría respondido el mandatario, sin precisar tiempos ni definiciones.

El tema también es seguido de cerca por el TSJ. No sólo por el lobby creciente de los jueces de paz ante su nuevo presidente, Domingo Sesín, sino también por el rol activo de Guillermo Vega, referente de la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz), quien mantiene diálogo fluido con la cúpula judicial cordobesa.

El antecedente legislativo inmediato se remonta a la última Unicameral de Schiaretti. Allí, los oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco impulsaron un proyecto que tomó estado parlamentario hacia fines de 2023, pero nunca llegó al recinto. Ninguno de los dos continúa hoy en la Cámara, y los jueces de paz buscan ahora reactivar la discusión a través de otros legisladores del oficialismo, como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi.

“El compromiso era tratarlo antes de que termine 2025, pero con todas las reformas judiciales Llaryora frenó el tema. Ahora creen que si no se debate antes del Mundial, están al horno”, sintetizó una fuente al tanto de las conversaciones. En el ecosistema político cordobés se descuenta que el gobernador fijará la elección provincial en el primer cuatrimestre de 2027, lejos del calendario nacional. Eso acelera los relojes internos y vuelve más costoso abrir debates que puedan incomodar a intendentes y estructuras territoriales clave.

El vínculo entre jueces de paz e intendentes, además, no es uniforme. “Hay de todo: algunos que inquietan, otros que hacen política abiertamente y muchos que están las 24 horas con guardias permanentes”, describen desde el interior. Su rol excede lo administrativo: intervienen en conflictos comunitarios, situaciones sensibles y, especialmente, en todo el proceso electoral cuando los comicios locales se despegan de los provinciales.

Con ese telón de fondo, el reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo electoral que suele imponerse en los años preelectorales. Por eso, aunque con menos expectativas, también hay conversaciones con sectores de la oposición. En el radicalismo, por ejemplo, el foco está puesto en el desempeño de algunos jueces del norte provincial, a quienes califican de “poco prolijos” como para otorgarles estabilidad vitalicia.

“La solución es simple: si alguien actúa mal, el TSJ debe intervenir y removerlo. No es tan difícil”, retrucan desde el sector que impulsa la reforma.

Lo concreto es que la incorporación del artículo de “estabilidad laboral” en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones de peso en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones. Un debate que excede lo jurídico y promete reordenar —o tensionar aún más— el delicado equilibrio entre justicia local, poder político y calendario electoral rumbo a 2027.