La reforma previsional impulsada por el gobierno de Córdoba no solo reconfiguró los recibos de haberes de miles de jubilados provinciales: también alteró, con matices, el clima político de uno de los sectores históricamente más sensibles a cualquier cambio en el sistema. Así lo refleja un relevamiento oficial realizado entre 55.000 jubilados —aproximadamente la mitad del padrón— alcanzados por la denominada Ley de Equidad, cuyos resultados comenzaron a circular con atención en el Centro Cívico.

El estudio permite observar con bastante precisión cómo se modificó el humor social tras la implementación de la reforma y, en particular, cómo impactó en la valoración de la gestión del gobernador Martín Llaryora. La conclusión general es clara, aunque no uniforme: el respaldo crece allí donde la mejora en el ingreso fue concreta y visible; la crítica persiste en los segmentos donde el beneficio se percibió como insuficiente o meramente correctivo.

Dos universos, dos lecturas de la reforma

El universo relevado se divide en dos grandes grupos. Por un lado, quienes perciben el 82% móvil y aquellos que lograron salir del esquema del 58%, un segmento que incluye a jubilados con haberes medios y altos. Por otro, los jubilados que cobran la mínima, quienes en diciembre recibieron un bono extraordinario de $100.000 que elevó el haber mensual de aproximadamente $700.000 a cerca de $800.000.

Los datos muestran que el efecto político de la reforma no fue homogéneo. En los sectores donde el impacto positivo fue directo y contundente, el acompañamiento a la gestión provincial se fortaleció. En cambio, entre quienes vieron mejoras más graduales o parciales, la evaluación de la gestión mantiene un tono marcadamente crítico.

Críticas persistentes entre quienes cobran el 82%

Entre los jubilados que perciben el 82% o salieron del 58%, la mirada sobre la gestión de Llaryora continúa siendo mayoritariamente negativa. En la medición de enero, apenas el 8,5% calificó la gestión como “muy buena” y el 18,8% como “buena”, mientras que las opiniones “malas” y “muy malas” alcanzaron en conjunto el 69,5%. En diciembre se había registrado una leve mejora, aunque insuficiente para revertir la tendencia general.

Sin embargo, aparece un dato político relevante: la aprobación global de la gestión en este segmento alcanza el 58,5%, frente a un 41,5% de desaprobación. El número sugiere un acompañamiento más pragmático que entusiasta: se valida la gestión en términos generales, pero se mantiene una evaluación crítica del rumbo y, especialmente, de la política previsional.

Esa distancia se vuelve más evidente al consultar específicamente por la política del gobernador hacia los jubilados. Casi la mitad de este grupo la califica como “mala” y otro 29% como “regular”. Solo el 18,5% la considera “muy buena” tras la reforma, lo que marca un límite claro al capital político que la medida logró consolidar en este sector.

El giro entre quienes cobran la mínima

El escenario cambia de manera contundente entre los jubilados que cobran la mínima y recibieron el bono extraordinario de $100.000. Allí, el impacto en el humor social es inmediato y profundo.

En este segmento, la evaluación positiva de la gestión se dispara: el 30% la califica como “muy buena” y el 45% como “buena”, mientras que las opiniones negativas se reducen al 20%. La aprobación de la gestión alcanza un sólido 80%, con apenas un 20% de desaprobación, un dato que llevó tranquilidad a los despachos del Panal.

La valoración de la política hacia los jubilados acompaña ese cambio de ánimo. Tras la medida, el 45% la considera “muy buena” y otro 30% “buena”. Las evaluaciones negativas prácticamente desaparecen, consolidando un respaldo mayoritario que contrasta con la dureza de las opiniones en otros segmentos del sistema previsional.

El dato fino detrás del reacomodamiento

El relevamiento también permite explicar por qué, incluso entre los sectores más críticos, la desaprobación no deriva en un rechazo absoluto a la gestión. De los 9.000 jubilados que salieron del esquema del 58%, 7.000 accedieron a un doble beneficio, lo que permitió que 53.000 jubilados alcanzaran el 82% móvil. Solo 2.000 quedaron fuera de ese esquema, aunque igualmente mejoraron su situación al abandonar el 58%.

Ese corrimiento explica el reacomodamiento del clima social: donde la reforma se tradujo en una mejora concreta y tangible en el bolsillo, la imagen de Llaryora se fortaleció con claridad. Donde el beneficio fue percibido como limitado, persiste una mirada exigente y condicionada, que no rompe del todo el vínculo con la gestión, pero tampoco lo consolida.

En síntesis, la Ley de Equidad dejó una enseñanza política clara para el oficialismo cordobés: el respaldo jubilado no se construye con discursos ni con equilibrios técnicos, sino con resultados inmediatos. Y esa lógica, reflejada en los números del relevamiento, empieza a ordenar —con alivio, pero también con advertencias— el tablero político en torno al gobernador.