Este último día dimos un paso que consideramos imprescindible desde el Bloque de Legisladores de la UCR: ingresar a la Legislatura Provincial un Proyecto de Declaración para rechazar con total claridad la reforma a la nueva Ley de Jubilaciones impulsada por el gobierno provincial y, al mismo tiempo, denunciar la grave persecución gremial y la criminalización de la protesta social que lleva adelante la gestión de Martín Llaryora.

La reforma jubilatoria aprobada en diciembre pasado representa un perjuicio directo y concreto sobre los ingresos de los trabajadores estatales activos y, especialmente, sobre los jubilados provinciales, que ya vienen soportando haberes absolutamente insuficientes. Se trató de una ley sancionada a espaldas del pueblo, sin diálogo, sin consenso y sin escuchar a quienes iban a ser los principales afectados. Una vez más, el déficit de la Caja de Jubilaciones se intentó resolver metiendo la mano en el bolsillo de quienes trabajaron toda su vida al servicio del Estado.

Pero lo más grave ocurrió después. El pasado 12 de enero, 23 gremios estatales se manifestaron de manera pacífica en contra de esta reforma. No cortaron rutas, no impidieron la libre circulación, no ejercieron violencia. Sin embargo, la respuesta del Gobierno Provincial fue iniciar denuncias penales contra los manifestantes, utilizando a Caminos de las Sierras como instrumento para judicializar la protesta. Este accionar no es un hecho aislado: forma parte de una práctica sistemática de censura y disciplinamiento que este gobierno aplica cada vez que alguien se anima a cuestionar su gestión.

La persecución gremial es una de las formas más claras de violencia institucional. Cuando el Estado, en lugar de dialogar, amenaza; en lugar de escuchar, denuncia; y en lugar de garantizar derechos, los reprime, estamos frente a un retroceso democrático alarmante. Criminalizar la protesta es atacar directamente garantías constitucionales básicas como el derecho de huelga, la libertad sindical y la libre expresión.

Resulta inadmisible que un gobierno que se llena la boca hablando de diálogo y consenso utilice el aparato judicial para silenciar a los trabajadores. No se puede gobernar persiguiendo a quienes reclaman en paz por condiciones de vida dignas. No se puede sostener un modelo ajustando a jubilados y empleados públicos y, al mismo tiempo, reprimiendo a quienes se organizan para defender sus derechos.

Desde nuestro bloque no vamos a mirar para otro lado. Rechazamos esta ley injusta y denunciamos con todas las herramientas institucionales la conducta autoritaria del gobierno provincial. Defender a los trabajadores y a los jubilados no es una opción: es una obligación política, ética y democrática.

La protesta social no es un delito. Delito es usar el poder del Estado para castigar al que piensa distinto. Y frente a eso, siempre vamos a estar del mismo lado: del lado de los derechos, de la Constitución y de los cordobeses.