En medio de un clima social atravesado por el ajuste, la caída del poder adquisitivo y el creciente cuestionamiento al gasto político, el bloque del Frente Cívico de Córdoba puso sobre la mesa una discusión incómoda para la Legislatura provincial: qué prioridades deben sostenerse cuando la crisis aprieta.

Este jueves, el espacio opositor presentó un proyecto de ley para eliminar la ejecución de la partida presupuestaria denominada “Cortesía y Homenaje”, incluida en el Presupuesto 2026, y destinar esos fondos —más de 506 millones de pesos— a la compra de desfibriladores externos automáticos (DEA) para instituciones educativas y deportivas de la provincia.

La iniciativa no implica un aumento del gasto total de la Legislatura, sino una reasignación interna de recursos, con el objetivo de reforzar políticas sanitarias básicas en ámbitos donde la prevención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El legislador Walter Nostrala, uno de los impulsores del proyecto, defendió la propuesta como una señal política de austeridad y reordenamiento de prioridades. “La idea de nuestro bloque es eliminar de la Legislatura los gastos que son innecesarios. En un momento como el que estamos atravesando, el gasto en homenajes y cortesía es absolutamente injustificable”, afirmó.

La crítica no apunta sólo al monto, sino al mensaje. Nostrala fue explícito al señalar que, en el actual contexto económico, los homenajes institucionales resultan difíciles de justificar. “Nos parece inapropiado que hoy la Legislatura haga un homenaje y tenga que entregar una plaqueta o cualquier reconocimiento que implique un gasto que no tiene sentido. Aquel legislador que quiera homenajear a alguien, que lo pague de su bolsillo”, sostuvo.

Desde el Frente Cívico insisten en que la discusión excede lo simbólico. Aunque reconocen que la cifra no es determinante dentro del presupuesto general, remarcan que la política no puede quedar al margen del esfuerzo que se le exige al resto de la sociedad. “No puede ser que la provincia le esté ajustando a los trabajadores y a los jubilados y, por otro lado, la Legislatura gaste en estas cuestiones”, subrayó el legislador.

El planteo se inscribe en un cuestionamiento más amplio al funcionamiento del Estado y al gasto político. Nostrala amplió la crítica y apuntó a rubros históricamente sensibles. “Hay gastos reservados que no tienen sentido, un gasto obsceno en pauta y en agencias que prometieron eliminar y no eliminaron. Todo eso es gasto político que hay que revisar”, advirtió.

La propuesta también busca capitalizar un malestar social creciente frente a la presión impositiva y la percepción de despilfarro en la política. “La gente está cansada de pagar impuestos y ver que después se derrocha. La gente quiere que la política también haga un esfuerzo”, concluyó.

El proyecto abre un debate que incomoda al oficialismo y al conjunto del sistema político: qué se considera gasto superfluo y qué inversión prioritaria en tiempos de crisis. Más allá de su destino legislativo, la iniciativa vuelve a poner bajo la lupa prácticas naturalizadas y obliga a discutir si los gestos simbólicos del poder pueden sostenerse cuando la urgencia social reclama respuestas concretas.