La baja de impuestos es uno de los pilares discursivos del gobierno de Javier Milei. Bajo la consigna de “devolverle plata a los privados” y reducir la presión impositiva, la Casa Rosada exhibe números que, en términos macroeconómicos, muestran un cambio de rumbo respecto de las últimas dos décadas. Sin embargo, cuando se observa con mayor detenimiento quiénes absorbieron el costo fiscal de esa decisión, el relato del “esfuerzo compartido” comienza a resquebrajarse.

Un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que dirige el economista Nadin Argañaraz, cuantificó el impacto concreto de las medidas tributarias adoptadas por la administración libertaria. Según el estudio, durante la gestión de Milei volvieron a manos privadas alrededor de 5.000 millones de dólares, producto de la reducción de impuestos y la menor presión fiscal. Se trata, además, del nivel de presión impositiva más bajo de los últimos 19 años.

Hasta allí, el Gobierno nacional puede exhibir un cumplimiento parcial de sus promesas de campaña. El problema aparece cuando se analiza quién dejó de recaudar esos recursos.

Provincias, las grandes perdedoras

De acuerdo con el relevamiento del IARAF, 4.500 millones de los 5.000 millones de dólares que el Estado dejó de recaudar correspondían a ingresos que iban a las provincias, principalmente a través del esquema de coparticipación y de tributos compartidos. La Nación, en cambio, resignó apenas 500 millones de dólares para alcanzar ese alivio fiscal que hoy se presenta como un logro propio.

La periodista Gabriela Origlia, en un análisis difundido por Noticiero Doce, puso el foco en este desbalance: mientras el Gobierno nacional capitaliza políticamente la baja de impuestos, son las administraciones provinciales las que absorben el grueso del impacto fiscal, con menos recursos para sostener servicios esenciales, obra pública y políticas sociales.

En otras palabras, el ajuste impositivo no fue neutral ni equitativo. El “esfuerzo” estuvo lejos de ser compartido.

El caso Córdoba: menos recursos, más presión

Para Córdoba, el golpe no fue menor. Según el informe, la provincia dejó de percibir 375 millones de dólares de manera directa por la reducción de recursos vinculados a impuestos coparticipables. Si se suma la caída adicional en transferencias automáticas y coparticipación, la pérdida total ronda los 700 millones de dólares.

Se trata de un monto significativo para una provincia que ya enfrenta tensiones presupuestarias, reclamos salariales, conflictos previsionales y una creciente demanda social en un contexto de desaceleración económica. La paradoja es evidente: mientras se celebra la baja de impuestos a nivel nacional, las provincias quedan con menos margen de maniobra para responder a las consecuencias sociales de ese mismo modelo.

Un federalismo en tensión

El informe del IARAF vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: el federalismo fiscal en la Argentina. Las provincias dependen en gran medida de recursos que se deciden y administran desde la Nación, pero son ellas las que deben dar respuestas cotidianas a la ciudadanía. Cuando las decisiones tributarias se toman de manera centralizada y el costo se descentraliza, el equilibrio federal se vuelve cada vez más frágil.

La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿puede sostenerse en el tiempo una política de alivio fiscal que se apoya, mayoritariamente, en el recorte de recursos a las provincias? ¿O estamos frente a una transferencia silenciosa de costos desde la Nación hacia los gobiernos subnacionales?

Por ahora, los números hablan por sí solos. Y muestran que, detrás del discurso del esfuerzo compartido, las provincias pusieron mucho más que la Nación.