La desaceleración inflacionaria que marcó 2025 en Argentina —con un cierre anual del 31,4%, el registro más bajo en casi una década— convive en Córdoba con un dato tan contundente como incómodo: comer se volvió una operación financiera. Detrás del alivio estadístico que celebran los indicadores macroeconómicos, los hogares cordobeses atraviesan un deterioro profundo de su seguridad alimentaria, sostenido a fuerza de endeudamiento, fiado y asistencia estatal.

Así lo advierte el último informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) del Centro de Almaceneros de Córdoba, que revela que más de la mitad de los hogares no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en diciembre de 2025, aun en un mes atravesado por el cobro del aguinaldo. Más alarmante aún: casi el 90% de las familias debió financiar la compra de alimentos, una práctica que hasta hace pocos años era excepcional y hoy se convirtió en regla.

“El tema es muy grave, muy grave, porque vemos un deterioro progresivo. La baja de la inflación no se tradujo en alivio social”, sintetiza Germán Romero, director ejecutivo del Centro de Almaceneros.

Seguridad alimentaria en retroceso

Según el informe correspondiente a diciembre, el 55,7% de los hogares cordobeses no alcanzó a cubrir la CBA, aunque el dato mostró una leve mejora respecto de noviembre gracias a ingresos extraordinarios. Entre quienes sí lograron cubrirla, el 70,5% lo hizo con ayuda estatal, principalmente mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, un dato que confirma la creciente dependencia de transferencias públicas para garantizar la alimentación básica.

Los indicadores de seguridad alimentaria describen un escenario todavía más crudo. El 51,1% de los hogares eliminó al menos una comida diaria, mayormente la cena; el 30,6% declaró haber sentido hambre y no haber comido, mientras que el 20,3% tuvo que pedir comida o dinero para alimentarse. En el extremo, el 10,8% registró integrantes que comieron una sola vez al día o directamente dejaron de hacerlo.

Romero aporta una lectura que desnuda el impacto real detrás de las estadísticas:

“Cuando la encuesta dice ‘algún integrante’, en realidad es la familia completa. Capaz que los chicos no lo padecieron, pero los adultos sí. El padre o la madre primero. Es una situación muy dolorosa”.

La clase media que deja de serlo

Uno de los fenómenos más preocupantes que detecta el informe es el corrimiento acelerado de sectores históricamente identificados como clase media hacia situaciones de pobreza estructural. No se trata únicamente de una caída de ingresos, sino de la imposibilidad de sostener servicios y consumos que definían ese estatus social.

“Hay familias que todavía se perciben de clase media, pero no lo son”, explica Romero. “Dejaron el colegio privado, la prepaga, no llegan a pagar las deudas y están condenadas a pagar el mínimo de la tarjeta”.

Ese deterioro se manifiesta en decisiones que antes eran impensadas: resignar ahorros, cancelar vacaciones, postergar consumos durables y, finalmente, recortar en alimentos. El pasaje entre un estadio y otro fue rápido y, en muchos casos, todavía no termina de asumirse en toda su gravedad.

Comer endeudándose: el nuevo patrón

El dato más elocuente del informe es que el 87,7% de los hogares financió la compra de alimentos en diciembre de 2025. Solo el 11,3% pudo hacerlo sin recurrir a tarjeta de crédito, fiado o préstamos.

Dentro de ese universo, el 39,6% utilizó tarjeta de crédito, el 38,5% compró al fiado y el 9,6% recurrió a dinero prestado. Lejos de una elección, se trata de una estrategia de supervivencia.

“Antes la deuda era para un electrodoméstico o un auto. Hoy es para comer”, resume Romero.

El problema es que esas herramientas comienzan a agotarse. La morosidad en comercios de cercanía ya alcanza el 26%, con un 17% en situación de incobrabilidad, un nivel difícil de absorber para almacenes y negocios barriales que también enfrentan caída de ventas y suba de costos.

“El fiado no es algo simpático. Hay que ir a dar la cara, pedir y después no poder pagar. Es un indicador muy duro”, advierte Romero.

El “default” cotidiano de los hogares

Este proceso deriva en lo que el Centro de Almaceneros define sin eufemismos como un default familiar. Hogares con múltiples deudas acumuladas, refinanciaciones constantes y una porción creciente del ingreso destinada a pagar compromisos previos, lo que reduce aún más el presupuesto disponible para alimentos y obliga a reendeudarse.

“Una familia de sectores bajos destina entre alquiler y comida el 80% o más de sus ingresos. Y además tiene que pagar deudas”, explica Romero.

El endeudamiento se vuelve circular, asfixiante y difícil de revertir en un contexto de ingresos reales estancados.

Inflación baja, costo social alto

El informe estima una inflación promedio mensual del 2,3% en 2025, pero advierte que ese dato convive con paritarias que no superaron el 1% mensual y con aumentos muy superiores al promedio en rubros clave como alquileres, tarifas y alimentos.

“La inflación bajó, pero tuvo un costo social altísimo”, sostiene Romero. “Se sigue limando el poder adquisitivo de las familias”.

Desde el IETSE también cuestionan que los índices oficiales no reflejan adecuadamente el impacto real de ciertos gastos: alquileres con subas del 50% o 60% anual, muy por encima de la inflación promedio.

Un desafío estadístico y político

La próxima actualización metodológica del IPC del INDEC, basada en la Encuesta de Gastos 2017–2018, podría modificar sustancialmente las mediciones de inflación, pobreza e indigencia. Para el Centro de Almaceneros, el cambio es necesario, aunque insuficiente.

“Va a sincerar un poco más la realidad”, reconoce Romero. “Pero va a engrosar la fila de la pobreza, y eso tiene un costo político que no todos están dispuestos a asumir”.

El dato estructural que deja 2025

En Córdoba, el balance social que deja 2025 es claro: la desaceleración inflacionaria no se tradujo en bienestar. Mientras los ingresos reales continúan deteriorándose y las fuentes de crédito informal comienzan a colapsar, la seguridad alimentaria emerge como uno de los principales desafíos de corto plazo.

En ese escenario, el hambre ya no se mide solo en calorías: se mide en cuotas, en fiado y en deudas impagas. Y el riesgo es que, cuando esos mecanismos se agoten, el costo social deje de ser oculto para volverse imposible de disimular.