El 2026 arrancó en Córdoba con el termómetro político en alza y un conflicto que promete escalar. Luego de cerrar el 2025 en abierta confrontación con los gremios estatales por la reforma previsional, el gobernador Martín Llaryora decidió no aflojar la cuerda. Por el contrario, en El Panal admiten que el camino elegido es profundizar la disputa: “limar desde las bases”, cuestionar a las conducciones sindicales y contrarrestar en el plano político y comunicacional la avanzada judicial que preparan los estatales.

La Ley de Equidad Jubilatoria, impulsada y promulgada por el propio Llaryora en el último mes del año pasado, se convirtió en el eje de un enfrentamiento que excede lo previsional y se mete de lleno en la disputa de poder. El gobernador no ahorró críticas al anunciarla: apuntó contra todas las gestiones anteriores —sin distinción partidaria— por el manejo de la Caja de Jubilaciones. Pero el efecto inmediato fue otro: un frente gremial que, lejos de dispersarse, comenzó a coordinar acciones judiciales y políticas con la mira puesta en febrero, cuando finalice la feria judicial.

La primera semana hábil del año dejó señales claras. Los estatales se mostraron abroquelados, ratificaron la estrategia legal y leyeron con atención algunos gestos de la Justicia que interpretan como favorables a los amparos ya presentados. A esa dinámica se sumó un dato que en el llaryorismo genera irritación: sectores opositores locales —juecistas y radicales alineados con Rodrigo de Loredo— acompañan el reclamo, aun siendo aliados nacionales del presidente Javier Milei, férreo crítico de cualquier planteo gremial.

En ese contexto, el verano cordobés promete ser todavía más caluroso. Llaryora regresará de sus vacaciones con una hoja de ruta definida: disputar poder dentro de los sindicatos, dialogar directamente con las bases y exponer a las conducciones que, según la mirada oficial, buscan capitalizar políticamente el conflicto. “De ahora a marzo viene la tensión con los gremios y arrancan los planteos judiciales. Hay principio de diálogo con algunos sectores, pero todo esto tiene un trasfondo político”, reconoció un funcionario de peso tras la reunión de la mesa multisectorial de estatales realizada esta semana.

Allí, los representantes de la veintena de gremios que aportan a la Caja de Jubilaciones reafirmaron su estrategia: nacionalizar el conflicto, llegar a la Corte Suprema de Justicia y avanzar en febrero con un amparo colectivo. En El Panal no desconocen ese recorrido y descuentan que la discusión terminará, como mínimo, en el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, en el entorno del gobernador se permite un moderado optimismo. “No creo que camine”, deslizó un funcionario ante la consulta sobre las chances del reclamo en la Justicia provincial.

La pelea, sin embargo, no se limita a los estrados judiciales. En la mesa chica de Llaryora analizan con detalle la interna sindical. Hay diálogo con gremios que renuevan autoridades este año y con aquellos que irán a elecciones en 2027. El mensaje es directo y sin demasiados eufemismos: las conducciones no pueden desentenderse de la presión externa. “Ellos saben cómo se puede digitar de afuera para inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos lados”, afirmó uno de los hombres de confianza del gobernador.

En ese marco volvió a escena Rubén Daniele, histórico líder del Suoem, quien reapareció con duras críticas a Llaryora en una manifestación reciente. En los despachos oficiales no pasó inadvertido el dato y algunos recordaron la compleja relación entre el sindicalista y el peronismo cordobés, así como la convivencia —no exenta de tensiones— durante la gestión de Llaryora como intendente de la Capital.

La otra pata de la estrategia oficial es comunicacional. El gobierno provincial apunta a instalar la idea de que las cúpulas sindicales intentan voltear una ley que, en términos generales, beneficia a la mayoría de los afiliados. “En el caso de los docentes, al 90% de los activos no se les tocó nada y el 50% de los jubilados tuvieron aumentos de entre el 10 y el 25%. ¿Y resulta que cuatro tipos la quieren voltear?”, lanzó sin rodeos un dirigente del oficialismo.

Los estatales, como los intendentes en su relación con el llaryorismo, enfrentan un escenario inédito: la ausencia de un paraguas nacional que los respalde. En otros tiempos, un peronismo opositor en la Casa Rosada o la posibilidad de destrabar fondos vía ATN funcionaban como elementos de presión. Hoy, con Milei en el poder y una postura abiertamente anti-gremial, ese recurso desapareció. “A veces ocurre algo peor: que los autoconvocados lleven todo a una anarquía, como pasó con los Judiciales el año pasado”, advirtió un funcionario provincial.

Con el arco opositor en plena reconfiguración y sin un actor nacional dispuesto a capitalizar el conflicto, el primer gran escollo político de Llaryora en 2026 será la disputa con los gremios. En El Panal observan con atención hacia dónde apuntan los cañones sindicales: cuánto de la bronca se dirigirá a Milei por el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones y cuánto quedará concentrado en la pelea local contra el gobernador. Por ahora, la certeza es una sola: la tregua está lejos y el conflicto recién empieza.