Lejos de dar por cerrada la discusión, los gremios alcanzados por la Reforma Previsional decidieron redoblar la apuesta y avanzar con una estrategia de múltiples frentes contra la llamada “Ley de Equidad Previsional”. Con la feria judicial y el receso administrativo como telón de fondo, los sindicatos buscan romper la inercia del verano y llegar a febrero con un amparo colectivo bajo el brazo, acompañado por acciones gremiales, mediáticas y un intento de federalizar el reclamo.

La hoja de ruta comenzó a delinearse esta semana en una reunión realizada en la sede de la UEPC, que dio continuidad al encuentro previo celebrado en SIVIALCO. Allí, los sindicatos que dependen de la Caja de Jubilaciones de Córdoba y fueron alcanzados por los nuevos aportes resolvieron avanzar en unidad, convencidos de que la batalla aún no está perdida y de que el tema dista de estar cerrado.
El frente judicial: un amparo colectivo en preparación
El primer eje de la estrategia pasa por la Justicia. Cada secretario general asistió al encuentro con los asesores legales de su organización y, tras un extenso intercambio, se acordó impulsar una acción judicial conjunta. La vía más firme, por ahora, es la de un amparo colectivo, aunque no se descarta una acción declarativa de inconstitucionalidad.
La apuesta no es menor. Los propios dirigentes reconocen la complejidad técnica del planteo, pero sostienen que la unidad es clave para fortalecer la legitimación. En ese sentido, se apoyan en antecedentes recientes, como la presentación de la CGT contra el DNU 70 del Gobierno nacional, que logró frenar judicialmente una reforma de amplio alcance en materia laboral.
Más allá de las acciones individuales que cada trabajador pueda iniciar por su cuenta, la decisión de avanzar colectivamente busca darle volumen político y jurídico al reclamo, y evitar que la discusión se diluya en una maraña de expedientes aislados.
Medidas sorpresivas y ofensiva mediática
El segundo frente es el gremial, en su versión más clásica. Los sindicatos acordaron avanzar con “medidas sorpresivas” desde los próximos días, junto con una campaña mediática destinada a visibilizar el conflicto en pleno verano. La estrategia incluye acciones en espacios de alta exposición pública, como los festivales estivales, con el objetivo de instalar el tema en la agenda y romper el cerco informativo de enero.
La idea es clara: presionar al Ejecutivo provincial no solo desde los tribunales, sino también desde el terreno político y social, construyendo un clima de conflicto que acompañe la ofensiva judicial.
Federalizar el reclamo y sentarse a la mesa
El tercer eje es, quizá, el más ambicioso. Los gremios buscan federalizar el reclamo y articular una acción conjunta con los sindicatos de las otras 12 provincias que, al igual que Córdoba, no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación. El objetivo es doble: potenciar el reclamo y lograr un lugar en la mesa de negociación auspiciada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ya participan el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo y el Gobierno provincial.
Este movimiento, a diferencia de los otros frentes, no necesariamente incomoda al Centro Cívico. Incluso, podría convertirse en un aliado táctico de la Provincia en su pulseada con la Nación por el financiamiento del déficit previsional.
Hoy, Córdoba recibe alrededor de 5.000 millones de pesos mensuales en el marco del acuerdo firmado con el Gobierno nacional, un monto que vence en abril y que cubre apenas cerca del 20% del rojo de la Caja. Retomar y mejorar esa negociación es una de las prioridades del gobernador para el inicio de 2026, y el respaldo de un reclamo “federal” podría fortalecer esa posición.
Un verano que no será calmo
Del encuentro participaron, entre otros, el SEP, la UPS, la UEPC, SADOP, el SUOEM, los tres sindicatos de Luz y Fuerza (Córdoba, Regional y Río Cuarto), Judiciales, Legislativos, Bancarios, Casinos, Gráficos, ADEME, SIVIALCO, Músicos, AMET y APSE. La foto deja en claro que el conflicto atraviesa a buena parte del entramado sindical provincial.
Con un amparo colectivo en preparación, medidas sorpresivas en carpeta y una ofensiva política que busca escalar a nivel nacional, los gremios apuestan a que febrero marque un punto de inflexión. La reforma previsional ya está en vigencia, pero en el universo sindical el mensaje es otro: la discusión recién empieza.
