El Gobierno provincial atribuye el resultado a una política de “orden” sostenido en las calles. Así lo afirmó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, al valorar las estadísticas oficiales en un contexto social que describió como “exasperado e intolerante”, atravesado por la crisis económica y el aumento de los conflictos cotidianos.

Según los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), durante 2025 se contabilizaron 90 homicidios dolosos en Córdoba, lo que representa una caída del 23% respecto de 2024, cuando se habían registrado 117 crímenes. La cifra se traduce además en una tasa de 2,28 homicidios cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos 25 años en la provincia.

El informe oficial muestra descensos significativos en varios indicadores sensibles: los ajustes de cuentas bajaron un 73%, los homicidios en ocasión de robo cayeron un 67% y los femicidios se redujeron un 53%, con siete asesinatos vinculados a la violencia de género durante el año. Para el Gobierno provincial, estos números confirman una tendencia a la baja en los delitos más letales, incluso en un escenario social complejo.

En diálogo con ElDoce.tv, Quinteros puso el foco en el contexto nacional para dimensionar los datos. “Hay una sociedad exasperada, intolerante, con cada vez más gente excluida. Las discusiones que antes se zanjaban hablando ahora son a los tiros”, sostuvo. Frente a ese panorama, el ministro defendió una estrategia basada en la prevención y el control del delito, con herramientas como el Plan 90/10, los mapas de calor delictivos y la articulación con el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal.

Además, remarcó que la comparación interprovincial refuerza la lectura positiva. “Santa Fe tuvo 204 muertos en 2025, que han bajado, pero en Córdoba hubo 90”, señaló, al destacar que la provincia se mantiene por debajo de la media nacional en homicidios.

Violencia urbana, el punto crítico

Sin embargo, el propio informe advierte sobre un área problemática: los homicidios en contextos de violencia urbana crecieron un 42%, mientras que los vinculados a violencia familiar aumentaron un 9%. A esto se suman 682 heridos por arma de fuego y 705 por arma blanca a lo largo del año, un dato que enciende alertas dentro del Ministerio.

Quinteros explicó que muchos de estos crímenes no son hechos “aleatorios”, sino que involucran a personas que se conocen o tienen conflictos previos en el barrio. En ese marco, reveló que durante 2025 se secuestraron más de 2.500 armas, muchas de ellas con un origen doméstico: “Personas que compran un arma por seguridad y luego se la roban cuando entran a su casa”.

El ministro admitió además la necesidad de avanzar en un plan de desarme voluntario coordinado con Nación. “No esperamos que un delincuente entregue un arma. La idea es destruir esas armas no declaradas que muchos tienen guardadas sin usar. Que todo el mundo se arme es una locura”, advirtió.

Naranjitas, limpiavidrios y la Ley de Convivencia

Uno de los ejes más controvertidos del discurso oficial fue la vinculación entre la violencia urbana y la presencia de naranjitas ilegales y limpiavidrios, actividades que el Ejecutivo busca prohibir con una reforma a la Ley de Convivencia, que sería tratada en la Legislatura en febrero.

Quinteros aseguró que, en los últimos meses, unos 400 naranjitas fueron detenidos y que muchos de ellos portaban armas blancas. Según el ministro, el aumento de las denuncias responde a que “la gente se empezó a animar a llamar al 911”. También fue crítico con los limpiavidrios: “Están más agresivos y generan un peligro vial”.

Ante las críticas de la Iglesia Católica, que cuestionó la iniciativa por considerar que busca “esconder la pobreza”, el ministro fue tajante. “Muchas veces querés ofrecer trabajo formal y no les conviene. El Código de Convivencia vino a poner orden: nadie puede tarifar el espacio público”, respondió, marcando una postura firme frente al debate social.

Orden como bandera para 2026

De cara al próximo año, Quinteros sintetizó la estrategia oficial en una consigna clara: orden. “La clave para bajar los números de la inseguridad es tener una provincia en orden. Que el miedo no lo tenga la gente. Y al miedo se lo sacás con orden”, afirmó.

El dato duro de los homicidios coloca a Córdoba en una posición favorable dentro del mapa nacional de la seguridad. Pero el debate de fondo sigue abierto: hasta qué punto las políticas de control y convivencia alcanzan para contener una violencia urbana que, aun con menos muertes, sigue creciendo y tensionando el espacio público. En ese equilibrio entre estadísticas alentadoras y conflictos persistentes se juega uno de los desafíos centrales de la gestión de seguridad para 2026.