Luego de varios días de tensión política y reproches públicos, el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, lograron este sábado desactivar el conflicto institucional que se había abierto tras los graves disturbios registrados durante los festejos de Año Nuevo en el parque del Sierras Hotel. El encuentro cara a cara marcó un punto de inflexión en una disputa que había escalado rápidamente y que empezaba a generar ruido no solo en el vínculo Provincia–municipio, sino también puertas adentro del oficialismo.

Los hechos que detonaron la controversia ocurrieron en la madrugada del 1 de enero, cuando una multitudinaria concentración de jóvenes derivó en episodios de violencia, corridas, golpes y botellazos. Desde la gestión municipal se denunció que la Guardia Urbana se vio completamente desbordada por la ausencia de efectivos policiales, mientras que desde el Ministerio de Seguridad, en un primer momento, se defendió el accionar de la Policía y se puso el foco en la decisión del municipio de habilitar un evento de gran magnitud sin las previsiones necesarias.

Ese cruce inicial dio lugar a un fuego cruzado de alto voltaje político. La Provincia apuntó contra la organización local; el municipio respondió señalando una falta de acompañamiento de la Departamental Santa María de la Policía. En ese contexto, el conflicto dejó de ser estrictamente operativo para transformarse en una disputa política con potenciales derivaciones mayores.

La reunión entre Torres y Quinteros buscó precisamente cerrar esa grieta. Tras el diálogo, el ministro de Seguridad bajó el tono y envió un mensaje claro de distensión. “La seguridad no admite grises. Además de un amigo, Marcos Torres es un intendente que claramente hace un gran esfuerzo desde el municipio para reforzar la seguridad en su ciudad. Si hay diferencias de criterios, se habla y se soluciona”, afirmó Quinteros, marcando un giro respecto de las posiciones iniciales. También subrayó que “los vecinos quieren vivir tranquilos y sin miedo” y remarcó que “no hay más tiempo para polémicas, hay trabajo por hacer”.

Desde el municipio, Torres valoró la predisposición del ministro y ratificó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto. “Estamos convencidos de que el trabajo coordinado y conjunto entre el municipio y la Policía de Córdoba sigue siendo la única forma de brindar soluciones a los vecinos”, sostuvo el intendente, alineándose con el mensaje de cierre del conflicto.

Más allá del acuerdo político, ambos coincidieron en una lectura de fondo del escenario social que atraviesa Alta Gracia y muchas ciudades del interior. Torres habló de una “degradación social creciente” que obliga al Estado a intervenir con más recursos, mejores herramientas y un respaldo normativo claro para las fuerzas de seguridad. En ese marco, uno de los ejes centrales del acuerdo fue repensar estrategias específicas para abordar la problemática de los jóvenes en espacios públicos y el consumo de alcohol en la vía pública, señalado como uno de los factores clave que incidieron en los disturbios de Año Nuevo.

Según trascendió, durante la conversación también se aclaró que el enojo del intendente no tuvo motivaciones políticas internas dentro del oficialismo provincial, sino que estuvo dirigido puntualmente al accionar de la Departamental Santa María. Esa aclaración no fue menor: la escalada del conflicto ya había tenido derivaciones legislativas, con un pedido de informes presentado por el bloque de legisladores radicales encabezado por Matías Gvozdenovich para esclarecer lo ocurrido durante los festejos.

Con el encuentro de este sábado, Torres y Quinteros lograron no solo bajar el tono de la disputa, sino también cerrar un frente de tensión que empezaba a incomodar al peronismo provincial. El mensaje político fue claro: coordinación institucional y diálogo para evitar que los problemas de seguridad —cada vez más sensibles— deriven en crisis políticas de mayor envergadura. Resta ahora que ese acuerdo se traduzca en medidas concretas y sostenidas en el tiempo, en un contexto social que sigue poniendo a prueba la capacidad de respuesta del Estado.