En la antesala de las celebraciones de Año Nuevo, el gobernador Martín Llaryora eligió enviar una señal clara a uno de los actores más sensibles del esquema de poder provincial: la Policía de Córdoba. Lo hizo encabezando una reunión de trabajo con el Estado Mayor de la fuerza, en lo que se convirtió en la primera agenda institucional policial del cierre de año y, al mismo tiempo, en un mensaje político hacia adentro y hacia afuera del Gobierno.

El encuentro se desarrolló en un clima formal y de respaldo explícito, y contó con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el jefe de Policía, comisario general Marcelo Marín; y los tres subjefes de la fuerza: Alberto Bietti, Iván Rey y Federico Cisnero, además de otras autoridades policiales. No fue una foto más: la composición de la mesa dejó en claro la centralidad que la seguridad ocupa en la gestión y la voluntad del Ejecutivo de sostener una línea directa con la conducción policial.

Según la información oficial, durante el cónclave se repasaron los principales lineamientos operativos, se evaluó el trabajo desarrollado a lo largo del año y se pusieron sobre la mesa los desafíos pendientes en materia de seguridad en todo el territorio provincial. La atención estuvo puesta especialmente en el despliegue preventivo previsto para las fiestas de fin de año, un período históricamente sensible por el aumento de conflictos, accidentes y hechos delictivos.

Sin embargo, más allá del contenido técnico de la reunión, el gesto político se terminó de consolidar con el mensaje que Llaryora transmitió posteriormente a toda la fuerza policial. El saludo y reconocimiento fue difundido por radiocomunicaciones desde la Jefatura de Policía y la Central 911, alcanzando de manera directa a los efectivos en servicio.

En ese mensaje, el gobernador destacó “la vocación, el compromiso y el esfuerzo cotidiano” de los hombres y mujeres que integran la Policía de Córdoba, y remarcó que cuentan con “un gobierno que los acompaña, los valora y confía en su tarea”. La frase no pasó desapercibida en un contexto donde la relación entre el poder político y las fuerzas de seguridad suele estar atravesada por tensiones, reclamos salariales y demandas estructurales que se reactivan periódicamente.

Llaryora también aprovechó la ocasión para reafirmar que su gestión impulsa “reformas e inversiones históricas” en materia de seguridad, orientadas a mejorar las condiciones laborales del personal policial. Más equipamiento, tecnología, herramientas y recursos forman parte del discurso oficial, bajo la premisa de “cuidar a quienes nos cuidan”, un lema que el Gobierno viene repitiendo como eje de su política de seguridad.

El cierre del mensaje incluyó un agradecimiento por el servicio prestado durante todo el año y una ratificación del acompañamiento del Gobierno de Córdoba a la denominada “familia policial”, subrayando el orgullo que, según las fuentes oficiales, representa su labor para la comunidad.

El gesto de fin de año deja varias lecturas abiertas. Por un lado, consolida el respaldo político del gobernador a la conducción de la fuerza en un momento donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales. Por otro, refuerza la idea de que la seguridad será uno de los ejes centrales de la gestión en el año que comienza, en un escenario donde los anuncios y los reconocimientos deberán traducirse, más temprano que tarde, en resultados concretos en las calles.