En los últimos días volví a recibir, como tantas otras veces, reclamos reiterados de vecinos de toda la provincia que se enfrentan a una situación tan angustiante como inadmisible: la imposibilidad de conseguir un turno médico en los hospitales públicos de Córdoba. Personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, madres con niños pequeños y trabajadores que dependen exclusivamente del sistema público de salud chocan una y otra vez contra el mismo muro: un call center que no atiende, que deja en espera indefinidamente o que, en el mejor de los casos, otorga turnos a meses de distancia.

Frente a esta realidad, ingresé un nuevo pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que explique de manera urgente y detallada cómo funciona el sistema de asignación de turnos médicos y quiénes son los responsables del servicio telefónico 0800-555-4141, que hoy se ha transformado en un símbolo del abandono del Estado en materia sanitaria. No estamos hablando de una falla aislada o circunstancial, sino de un problema estructural que se repite y se agrava con el paso del tiempo.

Las quejas de los usuarios del sistema de salud pública son diarias y constantes. No se trata solo de demoras administrativas: se trata de personas que necesitan atención médica urgente y no la reciben. En un contexto donde muchas familias no pueden afrontar una consulta privada, el colapso del acceso a la salud pública empuja a los sectores más vulnerables a gastar dinero que no tienen o, peor aún, a postergar controles y tratamientos con consecuencias imprevisibles.

La salud no es un privilegio ni una concesión graciosa del gobierno de turno. Es un derecho humano fundamental, reconocido por nuestra Constitución, por la legislación nacional y por los tratados internacionales que la Argentina ha suscripto. La Organización Mundial de la Salud define el derecho a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente como la ausencia de enfermedad. Para garantizar ese derecho, el Estado tiene obligaciones concretas: asegurar el acceso efectivo, oportuno y sin discriminaciones a los servicios de salud.

Sin embargo, en Córdoba vemos exactamente lo contrario. Centrales telefónicas que no funcionan, turnos que se otorgan a seis meses, falta de información clara y ausencia total de un plan alternativo para casos urgentes. Todo esto configura un modelo de gestión sanitaria excluyente, que expulsa a los pacientes del sistema público y los deja librados a su suerte.

Por eso exigimos respuestas. Exigimos saber quién administra el call center, cuántas personas trabajan allí, cómo se organizan los turnos por especialidad y qué mecanismos existen para atender urgencias reales. No se puede naturalizar que un derecho básico dependa de la suerte de que alguien atienda un teléfono.

La salud de los cordobeses no puede seguir quedando “en espera”. Gobernar también es garantizar que, cuando una persona necesita atención médica, el Estado esté presente, responda y actúe. Todo lo demás son excusas que se pagan con sufrimiento y con vidas.