La autorización de un nuevo aumento del 9,5% en el transporte interurbano de Córdoba no es un hecho aislado ni excepcional. Por el contrario, confirma una tendencia que se consolidó a lo largo de 2025: la actualización permanente de tarifas como respuesta casi automática a los reclamos empresariales, mientras los usuarios siguen esperando mejoras visibles en la calidad del servicio.

El incremento, formalizado este martes por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) a través de la Resolución General N° 41 publicada en el Boletín Oficial, representa el cuarto ajuste en lo que va del año. A partir del 2 de enero de 2026, la Tarifa Básica Kilométrica pasará a $100,18 con IVA incluido, un valor que vuelve a recalcular —hacia arriba— el costo de moverse entre las ciudades del interior provincial.

Detrás de la decisión se encuentra un pedido de revisión tarifaria impulsado por la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (F.E.T.A.P.) y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba (A.S.E.T.A.C.), que argumentaron la necesidad de actualizar los valores ante la suba de costos operativos. El Directorio del ERSeP avaló el planteo por mayoría, priorizando —según la fundamentación oficial— la “sostenibilidad económica del sistema”.

Inflación, pero también rutina

Uno de los principales argumentos utilizados para justificar el aumento es que el ajuste del 9,51% se encuentra por debajo de la inflación acumulada entre marzo y octubre de 2025, período que la Mesa de Estudios Tarifarios tomó como referencia. Según el INDEC, el IPC nacional en ese lapso fue del 14,97%.

Sin embargo, este dato, lejos de cerrar el debate, abre otro interrogante: ¿por qué el transporte siempre corre detrás de la inflación con aumentos sucesivos, pero nunca logra ponerse al día en términos de calidad del servicio? Para los usuarios, la discusión técnica sobre índices y períodos de cálculo resulta cada vez más ajena frente a una realidad concreta: viajar es cada vez más caro y, muchas veces, igual de precario.

La Secretaría de Transporte decidió dejar fuera del cálculo el mes de noviembre para “mitigar el impacto económico”, una decisión que, aunque presentada como gesto de moderación, no logra disimular el desgaste social que generan los incrementos reiterados en un contexto de salarios que no acompañan el mismo ritmo.

Un voto en disidencia que expuso el malestar

La aprobación no fue unánime. El vocal Rodrigo Francisco Vega votó en contra y dejó asentada una crítica que sintetiza buena parte del malestar social. Para Vega, no resulta razonable autorizar aumentos cuando persisten falencias estructurales: unidades en mal estado, fallas mecánicas frecuentes, interrupciones del servicio que dejan pasajeros varados y sistemas de climatización que no funcionan en pleno verano.

Su planteo apunta a un punto sensible: el usuario termina pagando no solo la actualización de costos, sino también las ineficiencias de un sistema que no logra garantizar estándares mínimos de prestación. En ese esquema, el aumento aparece menos como una solución estructural y más como un parche recurrente.

Viajar, un lujo creciente

Con el nuevo cuadro tarifario, algunos de los recorridos más utilizados quedarán en valores que refuerzan la percepción de que el transporte interurbano se encamina a convertirse en un servicio cada vez menos accesible:

• Córdoba – Río Cuarto: $34.600
• Córdoba – Villa María: $21.600
• Córdoba – Carlos Paz: $5.500
• Córdoba – Jesús María: $6.600

Aunque se mantienen los beneficios de gratuidad y descuentos —como el Boleto Educativo Cordobés, el Boleto Obrero Social y el Boleto Gratuito al Adulto Mayor—, estos programas funcionan como un amortiguador parcial y no alcanzan a cubrir a amplios sectores de trabajadores y usuarios frecuentes que no califican dentro de esos regímenes.

Un debate que sigue pendiente

La nueva suba vuelve a instalar una discusión que el sistema político parece postergar: qué modelo de transporte interurbano necesita Córdoba y quién debe asumir los costos de su funcionamiento. Mientras las empresas reclaman previsibilidad y el Estado regula con la lógica del equilibrio financiero, el usuario queda atrapado en una ecuación donde el ajuste es constante y las mejoras, esporádicas.

En ese marco, el aumento autorizado por el ERSeP no solo impacta en el bolsillo. También refuerza la sensación de que, en el transporte interurbano, las decisiones se repiten, los argumentos se reciclan y las soluciones de fondo siguen esperando.