En Córdoba, el cierre del año no trajo quietud sino vértigo político. En apenas 48 horas, el gobernador Martín Llaryora concretó cuatro cambios en su gabinete y dejó abierta la puerta a nuevas modificaciones en el arranque de 2026. Lejos de tratarse de un simple reordenamiento administrativo, la lectura en el peronismo cordobés es clara: comenzó, sin eufemismos, la carrera por la sucesión del intendente Daniel Passerini en 2027.

La última semana del año expuso a un Llaryora decidido a imprimir volumen político en la capital provincial, con una reestructuración que impacta de lleno en la gestión municipal y en la interna oficialista. Dos ministerios —Desarrollo Humano y Ambiente— fueron degradados a secretarías y absorbidos por Salud y Educación. Sus titulares, Liliana Montero y Victoria Flores, lejos de quedar relegadas, fueron contenidas y reubicadas estratégicamente. No es un dato menor: ambas tienen anclaje territorial en la ciudad y antecedentes en la gestión municipal, una credencial clave en la disputa que se avecina.

A esos movimientos se sumaron decisiones de mayor peso simbólico y operativo. La legisladora Nadia Fernández pidió licencia para incorporarse al Ejecutivo en un área sensible como la lucha contra el narcotráfico, bajo la órbita del Ministerio de Justicia. En paralelo, Llaryora avanzó con el recambio en la cúpula policial: Marcelo Marín asumirá como nuevo jefe de Policía en reemplazo de Leonardo Gutiérrez, una señal directa hacia la agenda de seguridad y un espaldarazo al ministro Juan Pablo Quinteros, que gana centralidad política.

Todas las modificaciones responden a un objetivo común: reforzar presencia territorial, multiplicar vocerías y mostrar gestión en la ciudad de Córdoba. En el llaryorismo lo dicen sin rodeos puertas adentro: el problema no es la falta de respaldo social, sino la escasez de portavoces. De ahí la decisión de acelerar la “capilaridad” política en la capital, cuidando las formas para que no se lea como una intervención directa sobre la administración de Passerini, pero dejando un mensaje nítido hacia adentro del peronismo.

Ese mensaje es doble. Por un lado, Llaryora no está dispuesto a negociar la sucesión del intendente con la oposición, ni siquiera como hipótesis futura. Un rumor que circuló tras las legislativas —y que algunos adjudican a sectores internos— fue rápidamente desactivado por el núcleo duro del gobernador. “Decir eso es no conocer a Martín. No va a negociar ni resignar nada de lo que ya tiene”, sintetizó un funcionario de primera línea.

Por otro lado, el gobernador empieza a poblar el tablero con nombres propios. Montero, con partido propio y alineamiento directo con Llaryora; Flores, que además aparece señalada como eventual contrapeso de Natalia de la Sota; Fernández, con respaldo del viguismo; y Marcelo Rodio, trasladado de Transporte a Cultura, configuran un menú amplio de posibles postulantes o armadores para la intendencia. Todos con base en la capital y con peso específico. En palabras de un dirigente llaryorista: “Daniel es un pato rengo, no tiene reelección. Nosotros tenemos más opciones que la oposición”.

En paralelo al reordenamiento de nombres, también asoma una narrativa política en construcción. El oficialismo empieza a hablar de “dos años de gestión”, con un punto de partida simbólico en 2023, y busca diluir responsabilidades heredadas. El propio Llaryora lo dejó en claro días atrás, cuando cuestionó duramente la administración de la Caja de Jubilaciones y repartió culpas entre “todos los partidos”, en un intento por despegar su gestión de los pasivos estructurales.

En el plano nacional, el gobernador cierra el año con una prudente distancia del presidente Javier Milei. Sin la urgencia financiera que atraviesan otras provincias, en El Panal destacan que el vínculo operativo con la Casa Rosada se mantiene a través de Luis “Toto” Caputo. Allí depositan expectativas de una eventual mejora a partir de abril, vinculada a los fondos de la Caja y al acceso al mercado internacional.

Mientras tanto, el ajuste ya se siente en Córdoba. El verano llegará con recibos de sueldo recortados para los estatales y con los cedulones de la rebaja impositiva que el oficialismo exhibe como contrapeso. En ese contexto, Llaryora no solo gobierna: también ordena, posiciona y anticipa. La pelea por 2027 ya empezó, y el tablero se arma desde ahora.