El cierre del año legislativo en Córdoba dejó más que leyes aprobadas y debates inconclusos. Expuso un clima de apuro oficialista, acuerdos cruzados que incomodan hacia adentro y hacia afuera, y un actor que volvió a demostrar que su voz pesa más de lo que muchos admiten en público: la Iglesia. En una sesión cargada de tensiones, el gobierno de Martín Llaryora avanzó en algunos frentes, pero retrocedió en otros, dejando la sensación de un final de año desordenado y políticamente incómodo.

La última sesión en la Legislatura Unicameral terminó a los chispazos. Tras un año en el que el recinto sesionó, en promedio, cada quince días, el oficialismo aceleró en el tramo final y forzó un ritmo semanal, con debates que se estiraron hasta la madrugada. A ese vértigo se le sumó una práctica que despertó malestar incluso en bancas propias: el ingreso de proyectos sobre la hora, con escaso margen para el análisis. La oposición protestó abiertamente; dentro del PJ, las quejas circularon en voz baja.

En ese contexto, el oficialismo logró avanzar con un punto sensible: la aprobación de los pliegos para designar a las nuevas autoridades de la Procuración Penitenciaria de Córdoba, un organismo de reciente creación que se incorpora a la estructura institucional provincial, en sintonía con la Procuración Penitenciaria de la Nación, que inauguró su delegación en Córdoba el pasado 16 de noviembre, aunque con competencia federal.

Sin embargo, la aparición del nombre de María Florencia Degano —vinculada políticamente al radical Julio Ochoa, hombre del esquema del presidente de la UCR, Marcos Ferrer— reavivó las sospechas de un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo. La situación detonó un fuerte cruce entre la UCR y el Frente Cívico, con acusaciones cruzadas y heridas políticas que quedaron expuestas en el recinto. Finalmente, los pliegos fueron aprobados: la UCR dio quórum, pero votó en contra, en una maniobra que intentó marcar distancia sin bloquear el trámite.

El Código de Convivencia y el límite inesperado

Distinto fue el desenlace para la modificación del Código de Convivencia Provincial. Lo que el oficialismo pretendía sancionar antes de fin de año terminó postergado directamente para febrero. El freno no vino desde la oposición legislativa, sino desde afuera del Palacio Legislativo.

El domingo por la tarde, horas antes de que el tema llegara al recinto y con un PJ decidido a avanzar, el Arzobispado de Córdoba difundió un comunicado crítico. El impacto fue inmediato: el gobierno reculó y el debate se suspendió. Incluso, según fuentes cercanas al gobernador, el propio Llaryora tenía reparos sobre el proyecto.

El texto, firmado por la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis, fue claro en el tono y cuidadoso en la forma: “Nos preguntamos si este es el momento y la forma adecuados para dar el debate, en un contexto de fin de año, cuando muchas personas están cerrando etapas, con el peso de todo lo transcurrido en un año difícil”. No hubo amenazas ni consignas explícitas, pero el mensaje surtió efecto.

No es la primera vez que el cardenal Ángel Rossi interviene en debates políticos. Su perfil es abiertamente activo. A su rol como máxima autoridad de la Iglesia en Córdoba se suma su condición de cardenal —que lo habilita a participar en la elección de un nuevo Papa— y su cargo como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Su palabra, una vez más, marcó la cancha.

El pronunciamiento eclesiástico no solo frenó el proyecto, sino que obligó al Panal a revisar una iniciativa que ya generaba ruido en sectores del propio peronismo. El impacto también se trasladó al recinto, donde las críticas se multiplicaron.

Gregorio Hernández Maqueda, legislador que desde hace dos años impulsa la prohibición de la actividad de “naranjitas” y limpiavidrios en toda la provincia, fue uno de los más duros: “Apretó Rossi, reculó Llaryora. Resultado: el pueblo se queda más inseguro, sin ley anti-naranjitas y anti-limpiavidrios. ¿El Gobierno secular y laico dónde quedó?”, lanzó, apuntando directamente al peso del comunicado del Arzobispado.

En la misma línea, Spaccesi cuestionó la demora: “A Martín Llaryora no le importa la seguridad de los cordobeses. Mientras el objetivo debería ser proteger al vecino, en la Legislatura se sigue dilatando la reforma del Código de Convivencia para penalizar a los cuidacoches y limpiavidrios”.

Desde el oficialismo, la respuesta buscó bajar el tono y recuperar la iniciativa política. Facundo Torres, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, sostuvo que la intención es avanzar “en todos aquellos puntos donde existe un acuerdo amplio”, y remarcó que una norma de este tipo “necesita consenso político y social para tener legitimidad real”. En ese sentido, insistió en la necesidad de escuchar a instituciones, vecinos e intendentes.

El argumento oficial se apoya en una constatación administrativa: gran parte de los 427 municipios y comunas de Córdoba carece de reglas claras sobre el uso del espacio público, sistemas ordenados de estacionamiento y mecanismos de control. En ese marco, avanzar de inmediato con una ley provincial sobre cuidacoches y limpiavidrios podría chocar con realidades locales desordenadas o incompletas.

Por eso, aseguran, la estrategia será no apurar la sanción, mantener el tema en comisión y dar tiempo a los municipios para que se organicen, dicten sus propias normas y, recién entonces, adhieran a una ley provincial. El doble objetivo declarado es respetar la autonomía municipal y evitar una norma de difícil aplicación.

El cierre del año legislativo dejó así una postal elocuente: un oficialismo apurado que chocó con límites políticos inesperados, una oposición fragmentada entre denuncias y pases de factura, y una Iglesia que, sin sentarse en ninguna banca, volvió a demostrar que todavía tiene capacidad de veto en los grandes debates públicos de Córdoba. Febrero dirá si el freno fue apenas táctico o el anticipo de un conflicto más profundo.