Hablar de diálogo institucional en la Legislatura de Córdoba se ha vuelto, lamentablemente, una ficción. Lo digo con preocupación, pero también con absoluta claridad: el oficialismo provincial ha decidido cerrar definitivamente los oídos a toda voz que no coincida con sus intereses políticos. Ya no se trata solo de ignorar a la oposición —una práctica antidemocrática que se ha vuelto habitual—, sino de algo aún más grave: desconocer incluso las opiniones de la máxima autoridad eclesiástica de Córdoba, una voz históricamente respetada por su rol social, moral y comunitario.

En una actitud de soberbia política preocupante, el bloque oficialista que responde al gobernador Martín Llaryora, bajo la conducción legislativa de Nadia Fernández, insiste en avanzar con reformas sensibles del Código de Convivencia sin abrir ningún canal real de debate. Las iniciativas vinculadas a naranjitas, vacunación obligatoria y normas de tránsito se impulsan a espaldas de la sociedad, sin escuchar propuestas alternativas, sin aceptar modificaciones superadoras y sin permitir que se expresen miradas distintas que podrían enriquecer la legislación.
Gobernar no es imponer. Legislar no es pasar por arriba de todos. Sin embargo, el oficialismo actúa como si los años de permanencia en el poder le otorgaran un derecho ilimitado a decidir sobre la vida de los cordobeses sin rendir cuentas ni escuchar objeciones. Esa lógica peligrosa —la de creerse dueños del Estado— es incompatible con cualquier sistema democrático serio.
Resulta alarmante que, en este contexto, también se desoigan advertencias y reflexiones provenientes de la Iglesia, una institución que no legisla pero que expresa el pulso social, el dolor de los sectores más vulnerables y las tensiones que atraviesan nuestras comunidades. Ignorar esa voz no es un gesto de fortaleza política, sino una señal de aislamiento y desconexión con la realidad.
Desde la oposición hemos planteado la necesidad de discutir estas normas con responsabilidad, con información, con participación ciudadana y con respeto institucional. No se puede legislar sobre convivencia sin convivencia política. No se puede hablar de orden cuando se atropella el disenso. Y no se puede construir autoridad democrática desde la soberbia.
La historia política enseña algo que el oficialismo parece haber olvidado: cuando el poder se ejerce sin escuchar, cuando se subestima a la sociedad y se clausura el debate, el desenlace suele ser inevitable. Cuanto más alto se sube ignorando a la gente, más ruidosa es la caída cuando habla el verdadero soberano: el pueblo, en las urnas.
