Con la reforma previsional ya votada, promulgada y reglamentada, el margen de acción del sindicalismo provincial quedó reducido a su mínima expresión. Arrinconados por el calendario, con la vía judicial parcialmente cerrada y atravesados por diferencias internas difíciles de disimular, los gremios cumplirán este lunes con el ritual del reclamo, aun sabiendo que el impacto político será, en el mejor de los casos, limitado.

Desde las 11 de la mañana, sindicatos estatales y de servicios se concentrarán en la intersección de Colón y General Paz para marchar hacia la Legislatura, en el penúltimo día hábil del año. Allí, el oficialismo provincial se apresta a cerrar el 2025 con otra mega-sesión, en la que, además de otros temas, se votará la designación de cinco integrantes de la flamante Procuración Penitenciaria. La postal será elocuente: protestas en la calle mientras el poder legislativo avanza con su agenda sin sobresaltos.

La convocatoria incluye a un abanico amplio de organizaciones: SEP, Legislativos, Suoem, Gráficos, Casinos, los tres sindicatos de Luz y Fuerza de la provincia, UEPC, Bancarios, Judiciales, la Federación de Empleados Municipales de Córdoba y UPS, entre otros. Sin embargo, incluso dentro de ese listado, nadie espera una movilización homogénea ni masiva. La propia reforma previsional trazó una grieta transversal en el mundo sindical: mientras algunos gremios —como el Suoem o Bancarios— ven sensiblemente incrementados los aportes que deben realizar a la Caja de Jubilaciones, otros sectores obtuvieron reducciones en sus contribuciones y hasta mejoras en los haberes jubilatorios.

Esa disparidad de impactos explica, en buena medida, la tibieza del clima previo a la marcha. En casos como el de la UEPC o el SEP, el Gobierno provincial logró amortiguar el conflicto con un bono de fin de año que, sin modificar estructuralmente los salarios, funcionó como un gesto político en un contexto de ingresos erosionados por la inflación. Un aliciente modesto, pero suficiente para desactivar una confrontación más dura.

A esta fragmentación interna se suma un dato clave: la protesta llegará sobre hechos consumados. La denominada Ley de Equidad Jubilatoria ya completó todo su recorrido institucional. Fue sancionada por la Legislatura, promulgada por el Ejecutivo y reglamentada, aunque todavía no se conozca en detalle el texto fino del decreto. La manifestación, en consecuencia, no apunta a frenar la reforma, sino a dejar constancia del desacuerdo.

El contexto temporal tampoco ayuda. La movilización se realizará a horas de que la actividad política y administrativa entre en modo receso. Con el cierre del año encima y la ciudad semivacía, cualquier intento de escalar el conflicto enfrenta un techo evidente. El sindicalismo lo sabe: organizar nuevas medidas durante enero implica un desgaste alto con rédito casi nulo.

Para completar un escenario adverso, la semana pasada la Justicia Contencioso Administrativa rechazó, en tiempo récord y por inadmisible, el primer amparo presentado contra la reforma previsional. Ese fallo clausuró, en gran medida, la vía judicial que los gremios evaluaban como alternativa ante la derrota política. Lo que queda ahora es un camino mucho más largo y engorroso: iniciar reclamos administrativos, esperar respuestas en plazos extensos y, recién después de agotar esa instancia, intentar una demanda contenciosa contra la Provincia.

Del otro lado del mostrador, el Gobierno de Martín Llaryora juega con otra lógica y otros tiempos. En el Centro Cívico el objetivo es sostener un nivel de gestión que le permita al peronismo proyectarse más allá de 2027, en un escenario nacional dominado por la incertidumbre y la confrontación con la Casa Rosada. El principal condicionante no está hoy en la calle sino en Buenos Aires, con un Gobierno nacional encabezado por Javier Milei decidido a recortar transferencias y a tensar al máximo el vínculo fiscal con las provincias.

En El Panal siguen de cerca las dificultades del Ministerio de Economía de la Nación para reunir los 4.700 millones de dólares que necesita para afrontar el próximo vencimiento con el FMI, el 7 de enero. La negativa de Luis Caputo a girar fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación encendió alarmas en las provincias, y Córdoba no es la excepción. Ese espejo incomoda al oficialismo provincial, sobre todo cuando el reloj avanza hacia abril, mes en el que podría caerse el acuerdo con la Nación para que continúe girando, al menos, una parte del déficit de la Caja de Jubilaciones.

En ese tablero, la marcha sindical aparece más como un gesto simbólico que como una amenaza real. Una resistencia testimonial, marcada por la falta de unidad, el agotamiento de las herramientas institucionales y un calendario que juega en contra. El conflicto previsional, lejos de cerrarse, ingresa así en una etapa de bajo voltaje, donde el reclamo persiste, pero el poder de daño parece haber quedado, al menos por ahora, del lado del Gobierno.