La última sesión del año en la Legislatura de Córdoba promete algo más que un cierre formal del calendario parlamentario. Con siete pliegos judiciales en discusión, una agenda cargada de proyectos sensibles y un clima político atravesado por internas y desconfianzas, el peronismo y la oposición cambiemista protagonizarán un debate que expone una disputa de fondo: quién controla —y cómo— áreas clave del sistema judicial provincial.

El foco del conflicto está puesto en las designaciones para cargos estratégicos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la flamante Procuración Penitenciaria, un organismo impulsado por el Ejecutivo provincial y resistido desde su génesis por buena parte del arco opositor. Para el PJ, se trata de cubrir vacantes necesarias y modernizar el esquema institucional; para la oposición dura, el gobierno de Martín Llaryora avanza sobre la Justicia con movimientos quirúrgicos y leales propios.

Siete pliegos, un mismo eje de disputa

El enfrentamiento se concentra en siete nombramientos de alto rango que el oficialismo busca aprobar en una sola sesión. El más controvertido es el del fiscal Néstor Gómez, propuesto como fiscal adjunto del MPF apenas días después de que la Legislatura avalara, el 18 de diciembre, la designación de Carlos Lezcano como fiscal general. En paralelo, el Ejecutivo giró cinco pliegos para poner en marcha la Procuración Penitenciaria, creada por ley en medio de fuertes objeciones opositoras.

El esquema se completa con el desplazamiento de piezas clave: Bettina Croppi dejará su lugar en el Ministerio Público para convertirse en la primera procuradora penitenciaria, acompañada por los adjuntos Iván Rodríguez, Guadalupe Trillo Pellizzari y María Florencia Degano, además de Melani Mattia como secretaria técnica. A su vez, Gustavo Folloni será designado defensor adjunto del Ministerio de la Defensa, ocupando el lugar que deja Gómez.

Desde la oposición, el diagnóstico es unívoco: no se trata de nombres aislados, sino de un reordenamiento pensado para consolidar influencia política en áreas sensibles. La sospecha se potencia por el rango y los salarios de los cargos, equiparables a los de un vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en un contexto de ajuste fiscal y tensión social.

Halcones opositores y rechazo frontal

El ala dura de la oposición ya adelantó su voto negativo. La radical Alejandra Ferrero fue clara: “Nos opusimos a la creación de estos cargos y a la institución, más allá de los nombres”. Y fue más allá al cuestionar el carácter vitalicio de los puestos y la cercanía política de los propuestos. “Voy a votar en contra. Algunos son empleados directos del gobernador”, lanzó, sin eufemismos.

Ferrero apuntó directamente al corazón del conflicto: “Esto fue una maniobra para sacar a Croppi del Ministerio Público, donde era la única independiente con criterio. El objetivo real es el MPF, que dirige las investigaciones y la política criminal de la provincia”.

En la misma línea se expresó el Frente Cívico. Walter Nostrala rechazó el pliego de Gómez al considerar que “el único mérito que se le conoce es haber sido funcionario del gobernador”, y calificó a la Procuración Penitenciaria como “una estructura vergonzosa creada para acomodar amigos y socios del poder”.

Más duro aún fue Gregorio Hernández Maqueda, quien denunció un modelo “propio de regímenes autoritarios”. “Un Ministerio Público sin independencia no defiende a la sociedad, defiende al gobernador”, advirtió, y vinculó los nombramientos con una estrategia para garantizar impunidad y debilitar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Ironías, audiencias exprés y defensa oficialista

La audiencia pública del viernes, que duró menos de una hora, no ayudó a descomprimir el conflicto. Desde la oposición ironizaron sobre la presencia de funcionarios judiciales que respaldaron el pliego de Gómez. “Vino la corpo llaryorista”, deslizó una voz opositora. Brenda Austin reforzó la crítica: “Llaryora va por el control del Poder Judicial. Mueven y enrocan nombres para meter la mano a fondo en la Justicia”.

El oficialismo respondió con una defensa cerrada. La legisladora Nadia Fernández calificó a la Procuración Penitenciaria como “un instituto sumamente innovador”, con autonomía y legitimación procesal, y sostuvo que Córdoba se coloca “a la vanguardia” en política penitenciaria frente a una crisis que atraviesa a todo el país.

Fernández también desestimó los cuestionamientos por el costo fiscal de los cargos. “Es un argumento berreta analizar sólo costos. Sería mucho más caro enfrentar sanciones internacionales por no cumplir con las convenciones”, afirmó. Y negó cualquier intento de colonización judicial: “En Córdoba hace más de 24 años que no se designan magistrados a dedo. Todos los procesos pasan por audiencias públicas y canales institucionales”.

Interna cambiemista y sospechas de pacto

El pliego de María Florencia Degano, con terminales en el radicalismo del interior y vínculos con el entorno de Marcos Ferrer, abrió una nueva grieta en la oposición. En el juecismo y entre los radicales críticos de Rodrigo de Loredo sostienen que su postulación alimenta la idea de un “pacto” entre el PJ y sectores de la UCR.

“Degano no llega si no la pide un radical”, deslizan en voz baja, mientras desde la UCR niegan cualquier acuerdo y prometen votar en contra de todos los pliegos. Tres fuentes radicales admitieron que De Loredo “no sabía” de la postulación, lo que generó malestar interno y reavivó las tensiones con los intendentes del interior.

En el juecismo creen que el cargo pudo haber sido parte de una negociación más amplia, vinculada a la aprobación del Presupuesto. En el PJ, en cambio, observan con atención cómo la interna cambiemista erosiona la capacidad de respuesta opositora. “No hay intención de romper, por ahora”, reconoció un dirigente opositor, mientras el oficialismo toma nota.

Una sesión que anticipa el 2026

Con números ajustados, acusaciones cruzadas y un interbloque opositor tensionado, la última sesión del año se perfila como una batalla discursiva por el control de áreas sensibles del sistema judicial. Más allá del resultado de las votaciones, el debate deja una señal clara: el conflicto entre el Ejecutivo y la oposición ya no se limita a leyes o presupuestos, sino que se traslada al terreno institucional.

En un contexto preelectoral que empieza a asomar en el horizonte de 2026, las designaciones judiciales se convierten en un termómetro del clima político. Y en Córdoba, la discusión sobre independencia judicial y poder político promete seguir ocupando el centro de la escena.

Agenda de la sesión

• Tratamiento de siete pliegos judiciales (MPF y Procuración Penitenciaria)
• Reforma a la Ley Orgánica de Ministerios
• Cambios en la Ley de Tránsito (luces automáticas – DRL)
• Reforma del Código de Convivencia (prohibición de naranjitas truchos y limpiavidrios)
• Salud: multas por no vacunar y protección a equipos sanitarios
• Cesión en comodato de un terreno a la Asociación Civil Club Palermo Bajo