Como una de las consecuencias más visibles de la paliza electoral de octubre, el gobernador Martín Llaryora decidió girar con firmeza hacia un esquema de orden y control social. El nuevo Código de Convivencia que el oficialismo impulsa en la Legislatura provincial introduce medidas de clara impronta punitiva: prohíbe la actividad de los trapitos y limpiavidrios callejeros, y establece multas para los padres que incumplan con el calendario obligatorio de vacunación. La iniciativa, que le otorgará nuevas facultades a la Policía de Córdoba, marca un endurecimiento del discurso y la acción del peronismo provincial.

El proyecto excluye de la penalización a los cuidacoches legales, aquellos que operan bajo el sistema de estacionamiento medido con tarifas fijadas por los municipios. Sin embargo, pone fin de manera tajante al cobro informal de los denominados “naranjitas”, una figura extendida en la ciudad de Córdoba y en otros centros urbanos. Hasta ahora, el pago que percibían era considerado voluntario; con el nuevo Código, la actividad directamente quedará prohibida.

Los números oficiales funcionan como argumento central del Gobierno: en lo que va del año, la Policía detuvo a unos 350 naranjitas por peleas o por intentar imponer un monto fijo a los automovilistas. La conflictividad asociada a esta práctica, especialmente en zonas comerciales y de espectáculos, viene siendo una fuente constante de reclamos de vecinos y comerciantes. Lo mismo ocurrirá con los limpiavidrios que se ubican en esquinas semaforizadas, otra postal urbana que el oficialismo decidió erradicar.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, es la cara visible del giro. “El orden público y la paz social no se negocian”, repite desde hace meses, y ahora esa consigna se traduce en una prohibición lisa y llana. En clave política, la movida lo posiciona con fuerza de cara al 2027: el problema de los naranjitas es histórico y genera un profundo malestar en los sectores medios altos y altos, el mismo electorado que le dio la espalda al peronismo cordobés en la última elección provincial.

El debate legislativo no estará exento de tensiones. El proyecto se discutirá este viernes en la Unicameral y se espera que el lunes una mayoría lo convierta en ley. Paradójicamente, varios bloques opositores también presentaron iniciativas de mano dura en el mismo sentido, lo que abre una disputa por el “ADN” de la medida y deja al oficialismo disputando terreno con discursos que tradicionalmente le fueron ajenos. La aplicación del nuevo Código quedará en manos de la Policía provincial, bajo la conducción directa de Quinteros.

El texto también incorpora un capítulo sensible: multas para los padres de niños y niñas que no cumplan con el calendario obligatorio de vacunación. La norma sigue el antecedente de Mendoza, impulsado por el gobernador radical Alfredo Cornejo, aliado político de Javier Milei. Desde el Ministerio de Salud, Ricardo Pieckesteiner defendió la iniciativa al señalar que busca “retomar la buena senda del uso de vacunas” y aclaró que no apunta a opciones ideológicas, sino al incumplimiento de un deber legal.

En los pasillos del poder, sin embargo, nadie desconoce que el debate por el Código de Convivencia también cumple otra función: correr el foco de un escándalo que incomoda al oficialismo en la Legislatura. La polémica por la designación de los procuradores penitenciarios —cargos vitalicios ubicados en la cúspide salarial del Estado provincial— sigue generando ruido. Entre los nombres impulsados por Llaryora aparece Florencia Degano, mano derecha del influyente radical Julio Ochoa, histórico integrante de los tribunales de cuentas por la oposición.

Así, mientras el Gobierno exhibe decisión y mano dura para recuperar autoridad y votos perdidos, el nuevo Código de Convivencia se convierte en una pieza clave de una estrategia más amplia: recomponer orden en la calle, disputar electorado hacia la derecha y, al mismo tiempo, bajar el volumen de un frente interno que amenaza con erosionar el discurso de transparencia.