La Municipalidad de Córdoba y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) avanzaron en la firma de un convenio que busca ordenar y agilizar el cumplimiento de medidas judiciales alternativas en la ciudad. El acuerdo, rubricado por el intendente Daniel Passerini y las máximas autoridades del Poder Judicial provincial, establece un nuevo protocolo para la realización de tareas comunitarias, capacitaciones obligatorias y otras instancias de acompañamiento social destinadas a personas imputadas.

La iniciativa apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella del sistema: la falta de coordinación efectiva entre la Justicia y el Estado municipal a la hora de ejecutar medidas que, en los papeles, buscan reparar el daño causado y promover la convivencia social, pero que en la práctica muchas veces se dilatan o quedan inconclusas.

Un circuito más claro entre Justicia y Municipio

El convenio establece un esquema de comunicación más ordenado y formalizado entre ambas instituciones. A partir de ahora, cuando una persona sea derivada por la Justicia para cumplir una medida alternativa, el Municipio contará con un procedimiento definido para recibirla, orientarla sobre las actividades asignadas y, posteriormente, informar al TSJ si las condiciones impuestas fueron efectivamente cumplidas.

Por su parte, el Poder Judicial tendrá acceso a información actualizada sobre los programas y espacios municipales disponibles, lo que permitiría asignar las medidas de manera más rápida y ajustada a la oferta real del Estado local. La articulación operativa se canalizará a través de la Oficina de Medidas Adecuadas, por el lado de la Justicia, y de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, en representación del Municipio.

En tanto, el Instituto de Planificación Municipal (IPLAMU) tendrá un rol clave al informar mensualmente qué programas municipales están habilitados para este tipo de acciones, un punto central para evitar derivaciones genéricas o incumplibles.

Alcance limitado y etapa piloto

Según lo informado oficialmente, el nuevo protocolo prevé alcanzar hasta 100 casos por año en una primera etapa. Se trata de un número acotado si se lo compara con la cantidad de causas menores que tramitan en la ciudad, lo que sugiere que el acuerdo funcionará como una experiencia piloto, con evaluaciones periódicas para ajustar su funcionamiento antes de una eventual ampliación.

Uno de los aspectos destacados del convenio es que el Tribunal Superior de Justicia asumirá la cobertura de los seguros necesarios para las personas que deban cumplir estas medidas, un punto que en experiencias anteriores generaba vacíos administrativos y retrasos.

Un mensaje político y de gestión

Del acto de firma participaron el presidente del TSJ, Luis Angulo, junto a los vocales Luis Rubio y Jessica Valentini. Por el Ejecutivo municipal estuvieron presentes el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava, y el director ejecutivo del IPLAMU, Juan Carlos Mansilla, lo que refleja la intención de mostrar un respaldo institucional amplio al acuerdo.

Desde ambas partes señalaron que el objetivo central es “dar respuestas más rápidas y ordenadas”, evitar trámites innecesarios y fortalecer el trabajo conjunto entre la Justicia y el Estado municipal, con foco en la responsabilidad individual y la reparación del daño.

Sin embargo, el alcance limitado del convenio y su implementación gradual abren interrogantes sobre su impacto real en el corto plazo. El desafío no será solo mejorar los circuitos administrativos, sino garantizar que estas medidas alternativas no se conviertan en un mero trámite formal, sino en una herramienta efectiva para reducir la reincidencia y fortalecer la convivencia social en la ciudad.

En un contexto donde la demanda de mayor eficiencia del Estado es creciente, el acuerdo entre el Municipio y el TSJ aparece como un paso en la dirección correcta, aunque todavía insuficiente para resolver de fondo los problemas estructurales del sistema de medidas judiciales alternativas en Córdoba.