Apenas uno pone los números sobre la mesa, el relato se cae solo. En apenas dos años de gestión, el gobernador Martín Llaryora dispuso una suba del peaje del 600% en las rutas provinciales: de $500 en diciembre de 2023 a $3.000 en diciembre de 2025, para la misma categoría de vehículo. Todo esto en un contexto donde la inflación acumulada en ese período ronda el 180%. No hay ingeniería financiera ni discurso épico que pueda justificar semejante desproporción.

Como legislador y, sobre todo, como cordobés, no puedo mirar para otro lado frente a este nuevo golpe al bolsillo de miles de trabajadores, productores, transportistas y familias que todos los días usan nuestras rutas. Este aumento no es un hecho aislado: forma parte de una política sistemática de impuestazos encubiertos, donde el Gobierno provincial recurre una y otra vez al camino más fácil, que es meterle la mano en el bolsillo a la gente para cubrir sus propios desmanejos.

En diciembre de 2023, apenas asumido, Llaryora fijó la tarifa del peaje manual en $500. Dos años después, esa misma barrera cuesta $3.000. No hubo una mejora proporcional en la infraestructura vial, ni una reducción de impuestos en otros rubros, ni un plan integral que explique por qué el esfuerzo siempre lo hace el ciudadano común. Lo único que creció a un ritmo acelerado fue la voracidad recaudatoria de un Estado provincial cada vez más pesado.

Mientras tanto, Córdoba dejó de ser competitiva. Lo veo y lo escucho todos los días: empresas que evalúan radicarse en otras provincias porque aquí los costos de transporte, servicios e impuestos se volvieron inviables; productores que pierden rentabilidad solo por trasladar su mercadería; familias que piensan dos veces antes de viajar dentro de la provincia porque el peaje se transformó en un lujo. El turismo también lo sufre: cada aumento expulsa visitantes que optan por rutas y destinos más accesibles.

Lo más grave es que este esquema no responde a una emergencia inesperada. El propio Gobierno sabe que gran parte de la recaudación extra se destina a pagar deudas en dólares tomadas a lo largo de más de dos décadas de gestión peronista y a sostener una estructura política sobredimensionada, con ministerios, agencias y cargos que nunca se reducen. Ajustan siempre para abajo: sobre el ciudadano, nunca sobre el poder.

Desde la Legislatura expresamos nuestro rechazo formal a esta suba desmedida de los peajes, porque entendemos que no es solo una cuestión tarifaria, sino un problema de modelo de gestión. Un modelo que asfixia la actividad productiva, desalienta inversiones y castiga al que trabaja, mientras se sostiene una estructura estatal que no da señales de austeridad ni eficiencia.

No se puede gobernar una provincia a fuerza de parches fiscales permanentes. No se puede pedir sacrificios infinitos cuando no hay un gesto mínimo de responsabilidad en el gasto público. Y no se puede hablar de desarrollo, turismo o producción cuando cada barrera de peaje se convierte en un símbolo de exclusión y abuso.

Córdoba necesita otro camino. Uno donde las tarifas y los impuestos tengan relación con la realidad económica de la gente, donde la competitividad vuelva a ser un objetivo y no una palabra vacía, y donde el Estado empiece, de una vez por todas, a ordenarse puertas adentro antes de seguir ajustando hacia afuera.

El aumento del peaje al 600% en dos años no es un error técnico ni una fatalidad económica: es una decisión política. Y como toda decisión política, debe ser señalada, debatida y, llegado el momento, corregida. Porque si no le ponemos un límite a esta lógica recaudatoria sin freno, el costo no lo paga el Gobierno: lo pagamos todos los cordobeses.