La avanzada del oficialismo para cerrar el año legislativo con la aprobación exprés de los pliegos de la nueva Procuración Penitenciaria no solo encendió alarmas en la oposición, sino que terminó de abrir una grieta profunda dentro del interbloque Juntos por el Cambio. La sospecha de un acuerdo entre el peronismo de Martín Llaryora y sectores del radicalismo para el reparto de cargos detonó un áspero cruce entre la UCR y el Frente Cívico, con pases de factura públicos y un rechazo radical que terminó por dinamitar el supuesto “pacto”.

La Procuración Penitenciaria fue creada por ley en el plenario del 11 de diciembre y, desde el inicio, generó resistencias, en especial en el radicalismo, que votó en contra de su conformación. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de avanzar ahora con la designación de toda su cúpula —y hacerlo en la última sesión del año— aceleró tensiones latentes y dejó al desnudo desconfianzas internas en la principal alianza opositora.

El movimiento del Gobierno fue quirúrgico. Primero, con el nombramiento de Carlos Lezcano como titular del organismo; luego, con el envío del pliego de Néstor Gómez para ocupar el segundo escalón del Ministerio Público Fiscal; y finalmente, con cinco pliegos más para completar la estructura de la flamante Procuración. Fue en ese punto donde estalló el conflicto político.

El nombre de María Florencia Degano, vinculada al radical Julio Ochoa y al entorno del intendente Marcos Ferrer, para ocupar una de las adjuntías del organismo que encabezará Bettina Croppi, activó la versión de un entendimiento subterráneo entre el PJ y la UCR. La reacción del juecismo fue inmediata y furiosa.

Desde el Frente Cívico, el legislador Walter Nostrala expuso el malestar sin filtros y eligió las redes sociales como campo de batalla. “Desde el bloque del Frente Cívico repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial cargos con sueldos millonarios y vitalicios a amigos y socios del poder”, disparó.

El mensaje fue más allá de la crítica institucional y se convirtió en una acusación política directa. “Al Gobierno no le importa lo que sucede en las cárceles de Córdoba, solo le interesa pagar favores con cargos que pagamos todos los cordobeses con brutales impuestos. No se transa con la corrupción, se la combate”, insistió Nostrala, profundizando el quiebre con sus socios radicales.

La respuesta desde la UCR no tardó, pero llegó con un giro inesperado: lejos de convalidar el acuerdo, los radicales salieron a rechazar en bloque todos los pliegos. El jefe del bloque, Matías Gvozdenovich, fue categórico: “Yo no voto nada que esté relacionado a la Procuración Penitenciaria y con nombres que puso el oficialismo”.

En ese pronunciamiento, el radicalismo no solo negó el pacto, sino que devolvió el golpe al juecismo. “Rechazamos la creación de cargos penitenciarios millonarios e inútiles para acobachar a punteros políticos. Rechazamos las designaciones de sus postulantes. Y rechazamos la pretendida asignación a una expresión política de personas elegidas por el Ejecutivo”, sostuvo Gvozdenovich, aludiendo también a antecedentes recientes como la designación de Jessica Valentini en el Tribunal Superior de Justicia.

Pero el pase de factura fue explícito cuando recordó que algunas designaciones anteriores contaron con “la lamentable complicidad de dirigentes opositores”, en una referencia directa al Frente Cívico. El mensaje fue replicado por Alejandra Ferrero, quien también se despegó del supuesto acuerdo y ratificó el rechazo radical a los pliegos.

Otras voces de peso dentro del radicalismo reforzaron esa postura. Miguel Nicolás negó de plano cualquier entendimiento con el PJ y apuntó directamente contra Llaryora: “Compra todo por un cargo. Hace poco compró a Jessica Valentini para el TSJ, ahora a Florencia Degano para la Procuración Penitenciaria. Sigue malgastando cargos”, lanzó, vinculando la estrategia oficialista con la derrota electoral del 26 de octubre.

Brenda Austin, por su parte, elevó el tono político del rechazo. “Conmigo no van a contar para votar cargos de un órgano que no debería existir, por ineficaz, millonario y vitalicio”, afirmó, y acusó al gobernador de buscar legitimidad “embarrando la cancha”, como —según su mirada— ya ocurrió con el Tribunal Superior de Justicia. “Llaryora va por el control del Poder Judicial”, advirtió.

Austin también fue la más dura al analizar los antecedentes de los candidatos. Cuestionó el recorrido político de Néstor Gómez y Gustavo Folloni, y puso bajo la lupa a funcionarios de carrera judicial propuestos para la Procuración, con alusiones directas a su desempeño en causas sensibles como el caso Neonatal. “Mueven y enrocan nombres para meter la mano a fondo en la Justicia”, sintetizó.

En concreto, el paquete de siete pliegos enviados por el Ejecutivo incluye a Gómez como Fiscal Adjunto de la Fiscalía General; a Folloni como Defensor Adjunto del Ministerio de la Defensa; y a Bettina Croppi como titular de la Procuración Penitenciaria, acompañada por los adjuntos Iván Rodríguez, Guadalupe Trillo Pellizzari y María Florencia Degano. Completa la nómina Melani Mattia como secretaria técnica del organismo.

La jugada oficialista, pensada para cerrar el año con una estructura clave ya conformada, terminó generando el efecto inverso: expuso la fragilidad del interbloque opositor, profundizó la desconfianza entre radicales y juecistas y dejó en evidencia que, más allá del rechazo a Llaryora, la unidad opositora sigue siendo un terreno minado. Mientras tanto, el Gobierno avanza, y la Procuración Penitenciaria se convirtió, antes de nacer, en un nuevo foco de disputa política e institucional en Córdoba.