Con un mensaje grabado y en tono defensivo frente a las críticas opositoras y gremiales, el gobernador Martín Llaryora salió a explicar los primeros trazos de la reglamentación de la Ley de Equidad Jubilatoria (Nº 11.087), la reforma previsional que el oficialismo logró aprobar en la Legislatura y que promete recomponer, de manera progresiva, el histórico 82% móvil para un universo acotado de jubilados provinciales.

Según los números difundidos por el propio Panal, el nuevo esquema alcanzará a 52.438 pasivos que perciben haberes de hasta 1,3 millones de pesos mensuales. Se trata de apenas el 27% de los casi 195 mil jubilados provinciales, que recibirán un adicional no remunerativo con incrementos que oscilarán entre el 12 y el 21% del haber actual. El Gobierno apura los tiempos para que la mejora impacte en los sueldos de diciembre, ya con los aguinaldos pagados, en un intento evidente por descomprimir el frente gremial, que esta semana se declaró en estado de alerta.

El mensaje del gobernador no fue casual ni aislado. Llaryora volvió a poner sobre la mesa un argumento recurrente del cordobesismo: el déficit estructural de la Caja de Jubilaciones se resolvería “en gran parte” si la Nación enviara los fondos comprometidos para cubrir el rojo previsional. Un reclamo histórico que, sin embargo, convive con más de dos décadas de administraciones peronistas sin una solución de fondo al problema.

“Ustedes saben que el déficit de la Caja se arrastra desde hace muchos años, de manera sostenida y durante gobiernos de distintos signos políticos”, afirmó Llaryora, en respuesta directa a la oposición, que le reprocha al PJ no haber resuelto la crisis previsional en más de 25 años de hegemonía provincial. El senador Luis Juez fue uno de los más duros: apuntó al nivel de gasto del Estado y acusó al oficialismo de haber utilizado la Caja “para financiar la política”.

Desde el Centro Cívico, la defensa fue en clave distributiva. El gobernador sostuvo que parte del déficit se cubre con “el esfuerzo de todos los cordobeses” y que la reforma busca sostener ingresos jubilatorios por encima de los que paga la Anses. “Equidad distributiva”, resumió, al explicar que los jubilados con mejores haberes tendrán una mayor presión de descuentos.

Entre los puntos que el Ejecutivo resaltó como logros de la nueva ley aparece la eliminación del FOCCA (Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja), la garantía de que no habrá haberes por debajo de los percibidos en noviembre de 2025 —gracias a compensaciones a cuenta de futuros aumentos— y el fin del aporte solidario para casi diez mil beneficiarios. En concreto, el piso del resistido artículo 58 se eleva de $1.260.000 a $1.890.000, lo que, según los cálculos oficiales, deja afuera a 9.856 jubilados del descuento.

No obstante, la letra chica sigue generando ruido. Desde el SEP, gremio históricamente cercano al Gobierno, advirtieron que la suba de un punto en los aportes al Apross —aprobada junto con la reforma— eleva la carga total sobre activos y pasivos a niveles preocupantes. “Nos vamos a 25 o 26% de aportes totales”, calcularon, con preocupación.

En cuanto a los trabajadores activos, Llaryora aseguró que el 74% no verá modificaciones en sus aportes, porcentaje que en el caso de los docentes asciende al 87%. Un dato que la conducción de la UEPC, encabezada por Roberto Cristalli, seguramente leerá con atención en un año atravesado por elecciones internas.

La reforma elimina el aporte fijo del 4% y lo reemplaza por una escala progresiva: 2% para salarios de hasta $755.000; 3% para sueldos de entre $755.000 y $1.000.000; 4% para ingresos de entre $1.000.000 y $2.500.000; 6% para salarios de entre $2.500.000 y $3.500.000; y 8% para haberes superiores a ese monto. Un esquema que impacta de lleno en bancarios, judiciales —incluidos magistrados—, municipales del Suoem y trabajadores de Luz y Fuerza.

También se redefinieron las alícuotas del aporte solidario para quienes superen el nuevo piso: 5% para ingresos entre $1.890.000 y $2.100.000; 10% hasta $2.520.000; 15% hasta $2.940.000; y 20% para haberes superiores. Una progresividad que el oficialismo presenta como justicia distributiva, pero que para los gremios y la oposición consolida un esquema de mayor presión fiscal sobre los ingresos medios y altos del Estado.

En ese delicado equilibrio se mueve Llaryora: mostrar sensibilidad con una porción de los jubilados más golpeados, sin desfinanciar una Caja crónicamente deficitaria, y tratando de evitar que la reforma previsional se convierta en un nuevo eje de desgaste político. Por ahora, el alivio llega a cuentagotas y la discusión de fondo —el financiamiento estructural del sistema— sigue pendiente.