Con un movimiento político cuidadosamente calculado, el gobernador Martín Llaryora decidió salir a explicar la “letra chica” de la reforma jubilatoria sancionada la semana pasada por la Legislatura. Lo hará este lunes a las 19, a través de un spot difundido en redes sociales y una posterior conferencia de prensa, donde buscará ponerle nombres, cifras y beneficiarios concretos a una ley que, hasta ahora, fue leída mayoritariamente como un ajuste.

El mensaje oficial apunta a un dato central: la reforma comenzaría a aplicarse de manera inmediata, con los haberes de diciembre, para mostrar una mejora en los ingresos de alrededor de 60 mil jubilados provinciales, sobre un universo total de 195 mil pasivos. Así lo confirmó el propio Gobierno en la red social X, al señalar que el mandatario y sus equipos técnicos trabajan “intensamente” en la reglamentación de la denominada Ley de Equidad Jubilatoria.

Detrás del anuncio hay algo más que una explicación técnica. En El Panal admiten que a Llaryora le preocupa la lectura pública de una jugada audaz: concentrar el peso del ajuste previsional en los jubilados de haberes más altos, mientras se mejora el ingreso de los sectores que perciben jubilaciones más bajas. El gobernador se metió personalmente en las planillas, revisó números y escenarios, consciente de que el éxito político de la reforma depende menos de su diseño que de su recepción social.

La complejidad técnica no es menor. Cada gremio tiene regímenes de liquidación distintos y escalas propias, lo que vuelve engorrosa la reglamentación. Aun así, el oficialismo buscará dejar en claro tres puntos clave:

1. dónde estará el corte para el aumento de aportes de hasta el 8% a la Caja de Jubilaciones,
2. quiénes serán los beneficiarios efectivos del nuevo esquema del 82% móvil, y
3. cómo quedará finalmente el artículo 58 de la ley 10.694, el llamado “aporte solidario” heredado de la gestión Schiaretti.

En este último punto, el Gobierno confía en mostrar una señal concreta: la línea de corte para ese aporte pasó de seis a nueve haberes mínimos, lo que permitiría que un grupo de jubilados deje de sufrir ese descuento. “Los casi sesenta mil beneficiados con el 82% y la salida del artículo 58 tienen que sentir la mejora”, repiten cerca del gobernador, como consigna política y comunicacional.

El spot de esta noche no será casual. Llega en medio del fuerte malestar de los gremios más combativos —Bancaria, Judiciales, Suoem y Luz y Fuerza— que conformaron un frente opositor a la reforma y endurecieron su discurso contra el Ejecutivo. La estrategia oficial apunta, precisamente, a desacoplar a las bases de sus conducciones, mostrando que miles de jubilados de esos mismos sectores resultarían beneficiados por la nueva ley.

Según los cálculos que cerraron los técnicos del Gobierno durante el fin de semana, los jubilados que aportan el 18% y perciben menos de 1,3 millones de pesos mensuales verán mejoras “en torno al 20%” en sus ingresos. En El Panal se entusiasman con un escenario en el que los afiliados comiencen a percibir el impacto positivo antes de que las conducciones gremiales logren capitalizar el conflicto. “¿De qué se van a disfrazar cuando sus afiliados vean los beneficios que, sin Llaryora, no recibirían?”, deslizan, sin disimular el tono desafiante.

La reglamentación también pondrá el foco en el sector docente. Según fuentes citadas por el diario Alfil, unos 20 mil jubilados docentes serán alcanzados por el pago adicional que completa el 82% del haber activo, un esquema que se replicaría en policías, trabajadores de la salud y otros sectores. El dato no es menor: se trata de uno de los colectivos históricamente más críticos del oficialismo y con alta capacidad de movilización.

En la mesa chica del gobernador la lectura es clara y no exenta de polémica: los gremios “defienden jubilaciones de privilegio”, mientras el Gobierno busca mostrarse como garante de un sistema más equitativo. A esa narrativa se suma otra carta que el oficialismo espera jugar en simultáneo: la llegada de los cedulones impositivos, con la rebaja de impuestos patrimoniales incluida en la reciente ley tributaria provincial.

Así, Llaryora apuesta a un combo de medidas —reforma previsional, mejoras focalizadas y alivio impositivo— para recomponer iniciativa política tras semanas de desgaste. El desafío será que la letra chica logre imponerse sobre la desconfianza instalada y que los números, cuando lleguen al bolsillo, hablen más fuerte que las consignas gremiales. El reloj, como la reforma, ya empezó a correr.