Lo que ocurrió en la Legislatura de Córdoba no fue un gesto de sensibilidad social ni una reparación histórica. Fue, lisa y llanamente, una maniobra política que desvirtuó la voluntad popular de 38.800 jubilados cordobeses que recurrieron a una de las herramientas más nobles de la democracia: la iniciativa popular.

Lo dijimos con claridad en el recinto y lo reitero hoy: el oficialismo se apropió indebidamente de un proyecto que no le pertenecía, lo manipuló, lo vació de contenido y terminó sancionando una ley que no refleja ni respeta lo que miles de jubilados reclamaron durante años de esfuerzo, organización y compromiso cívico.

De la iniciativa popular al proyecto del poder

La iniciativa popular presentada por jubilados de toda la provincia tenía un objetivo claro, concreto y legítimo: la restitución real del 82% móvil. Para eso, 38.800 ciudadanos firmaron, certificaron sus adhesiones en comisarías de 180 municipios y comunas, y lograron que la Junta Electoral Provincial validara el proceso. Cumplieron con todos los requisitos legales y democráticos.

Sin embargo, cuando ese proyecto ingresó a la Legislatura, el oficialismo decidió intervenirlo. Bajo el argumento de “compatibilizar” iniciativas, terminó elaborando un despacho que nada tiene que ver con la letra ni con el espíritu del reclamo original.

El resultado fue una ley inconsulta, impuesta por mayoría automática, rechazada por la oposición y cuestionada por amplios sectores de la sociedad, que utiliza el nombre del 82% pero lo condiciona, lo fragmenta y lo subordina a una declaración de emergencia previsional por cinco años, prorrogables, otorgándole al Poder Ejecutivo facultades discrecionales que vacían de contenido el derecho que dicen restituir.

Emergencia, ajuste y discrecionalidad

Bajo el paraguas de la “emergencia económica y financiera”, el gobierno de Martín Llaryora se arrogó la potestad de modificar aportes, crear adicionales no remunerativos, suspender fondos solidarios y redefinir el esquema previsional, todo mientras utiliza el reclamo genuino de los jubilados como legitimación política.

No hay restitución plena cuando el 82% depende de escalas, reglamentaciones futuras y decisiones administrativas.
No hay justicia previsional cuando se declara una emergencia que habilita recortes encubiertos.
Y, sobre todo, no hay respeto por la democracia cuando se altera una iniciativa popular para transformarla en un proyecto del poder.

Una práctica reiterada: violentar la voluntad popular

No es un hecho aislado. Martín Llaryora vuelve a mostrar una conducta política reiterada: cuando la voluntad ciudadana no coincide con sus intereses, la fuerza, la tergiversa o la vacía de sentido. Esta vez, las víctimas fueron miles de jubilados que creyeron —con razón— que su esfuerzo sería respetado.

La ley sancionada podrá tener un título atractivo y una narrativa oficial cuidadosamente construida, pero no es la ley que pidieron los jubilados, no es la ley que firmaron 38.800 cordobeses y no es la ley que merecen quienes trabajaron toda su vida esperando una jubilación digna.

La democracia no se declama, se respeta

La iniciativa popular no es un trámite ni un insumo político para ser manipulado. Es una expresión directa de la soberanía del pueblo. Cuando el oficialismo decide apropiarse de ella y deformarla, no solo perjudica a los jubilados: daña la calidad democrática de Córdoba.

Por eso nuestro rechazo fue y sigue siendo absoluto. No vamos a ser cómplices de una estafa política disfrazada de reparación social. La historia, y sobre todo los jubilados cordobeses, sabrán distinguir entre quienes defendieron su voluntad y quienes la utilizaron mezquinamente para sostener el poder.