Martín Llaryora jugó una partida de simultáneas y salió ganador en todos los tableros. Mientras en el Congreso Nacional sus diputados fueron decisivos para empujar una dura derrota del gobierno de Javier Milei, en Córdoba el gobernador lograba sancionar una reforma previsional tan impopular como estratégica para su administración. El mensaje fue claro: Córdoba tiene poder de daño y no está dispuesta a resignarse en silencio al ajuste libertario.

El episodio tuvo un condimento personal y político. Llaryora le hizo pagar a los Menem el ninguneo y, de paso, marcó la cancha frente a la Casa Rosada. En Buenos Aires, los legisladores de Provincias Unidas contribuyeron a voltear el corazón del ajuste oficialista: el intento de Milei de encapsular los recortes a universidades y discapacidad en el polémico Capítulo 11 del Presupuesto terminó naufragando. Aunque dieron quórum, se abstuvieron de aprobar el Presupuesto y votaron contra la derogación del financiamiento universitario y de discapacidad. El resultado fue una derrota política significativa para el Presidente.

En paralelo, sin soltar el lápiz, Llaryora seguía de cerca la maratónica sesión de la Legislatura Unicameral, convocada para aprobar la reforma jubilatoria que el oficialismo presentó como inevitable frente al monumental déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. La escena resume el momento político del gobernador: necesita exhibir músculo en el Congreso y asegurarse la retaguardia provincial, ante la posibilidad concreta de que la negociación con Nación por los fondos adeudados por la Anses no prospere.

La reforma previsional fue aprobada en una sesión cargada de tensión, negociaciones de último momento y acusaciones cruzadas. El PJ impuso su número con votos propios y el respaldo de aliados puntuales como Karina Bruno y la radical disidente Graciela Bisotto. Quedaron afuera el juecismo, buena parte del radicalismo, la izquierda y bloques minoritarios, que denunciaron un “ajuste encubierto”. La paradoja no pasó desapercibida: Luis Juez acompaña el ajuste libertario en el Senado, pero en Córdoba se muestra crítico de reformas similares.

El esquema aprobado promete devolver el 82% a los jubilados provinciales que cobran menos de $1,3 millón. Sin embargo, ese porcentaje no es pleno ni automático: se alcanza mediante bonificaciones no remunerativas, discrecionales y sujetas a la reglamentación del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la ley habilita un aumento de los aportes previsionales de hasta el 8% para los salarios más altos y declara la emergencia de la Caja de Jubilaciones por cinco años, con posibilidad de prórroga.

“El 82% está dibujado”, repitieron desde la oposición, y el argumento no es menor. El adicional que permite llegar a ese porcentaje no es móvil y no impacta en futuros aumentos. Desde el oficialismo admiten la limitación. “El 82% que se devuelve no es móvil porque no se puede ante la situación de default que vive la Caja”, explicó el legislador Facundo Torres. Para el PJ, no hay trampa: los aportes irán del 2 al 8% según niveles salariales y serán reglamentados por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Caja.

La defensa política estuvo encabezada por Nadia Fernández, que abrió el debate con números duros. Según el oficialismo, más de 50 mil jubilados se verán beneficiados con un adicional no remunerativo que los llevará hasta el 82%, mientras que el esfuerzo recaerá sobre los haberes más altos. “Esto alcanza al 60% de los jubilados. Declaramos la emergencia económica, financiera y administrativa de la Caja por cinco años”, detalló.

El corazón del proyecto quedó concentrado en dos artículos clave. El artículo 4 crea el adicional mensual no remunerativo para compensar la quita del aporte personal hasta el límite del 82%. El artículo 5 faculta al Ejecutivo a adecuar las alícuotas de aportes personales hasta un máximo del 8%. Ese punto encendió la mecha con los gremios, ya que el aumento impactará tanto en activos como en pasivos, que cobran en espejo.

Las críticas fueron duras y con tono de fin de año. El juecista Walter Nostrala acusó al PJ de “maquillar y emparchar” el sistema previsional y habló de “otra cachetada a los jubilados y trabajadores cerca de la Navidad”. Brenda Austin, desde la UCR, calificó la reforma como “una burla” y una “estrategia perversa para generar miedo”. Alejandra Ferrero ironizó con la postal festiva: “El Papá Noel cordobés vino con un regalo engañoso”.

El trasfondo de la discusión es una crisis estructural. La Caja de Jubilaciones de Córdoba arrastra un déficit que ronda un tercio del gasto total del sistema, agravado por la decisión del gobierno nacional de cortar los envíos tras la asunción de Milei. La Provincia litiga ese reclamo en la Corte Suprema, y ese agujero financiero fue el argumento central del oficialismo durante todo el debate.

Con esta reforma, Llaryora asume el costo político de enfrentar a los sectores mejor pagos del Estado para intentar contener el malestar de jubilados, docentes, médicos y policías. También apuesta a un esquema que define como más “distributivo”, mientras construye un discurso de resistencia frente a la motosierra nacional.

El movimiento fue quirúrgico y simultáneo: golpeó a Milei donde más le duele —el Congreso— y aseguró una herramienta clave en Córdoba. Resta saber cuánto margen real tendrá la Provincia para sostener este delicado equilibrio. En abril se abrirá otro capítulo, cuando venza el acuerdo provisorio de $5.000 millones mensuales que Nación envía por orden de la Corte. Hasta entonces, Llaryora ya dejó claro que no piensa jugar a la defensiva.