El Gobierno de la Provincia de Córdoba oficializó el esquema de funcionamiento de la Administración Pública Provincial durante las fiestas de fin de año y el mes de enero de 2026. Lo hizo a través de dos resoluciones de la Secretaría General de la Gobernación publicadas este martes en el Boletín Oficial, que establecen asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre de 2025 y un receso administrativo que se extenderá del 2 al 30 de enero próximo.

La decisión, que se repite año tras año con leves ajustes, vuelve a poner en primer plano el delicado equilibrio entre la reducción de la actividad estatal, la racionalización del gasto y la necesidad de sostener servicios esenciales en un contexto económico ajustado y con fuerte presión sobre las áreas críticas del Estado.

Desde el Ejecutivo provincial subrayan que ninguna de las disposiciones adoptadas debe afectar el normal funcionamiento de las funciones estratégicas del Estado, y facultan a los titulares de cada organismo a definir las dotaciones mínimas necesarias para garantizar la continuidad operativa durante los períodos establecidos.

Asueto por las fiestas

Mediante la Resolución N.° 1024, el Gobierno declaró asueto administrativo para toda la Administración Pública Provincial los días martes 24 y martes 31 de diciembre de 2025. El fundamento oficial apela a la proximidad de las festividades de fin de año y a su tradicional relevancia social y familiar.

La medida no alcanza a las entidades bancarias ni financieras y deja en manos de cada jurisdicción la responsabilidad de organizar guardias mínimas que aseguren la prestación de los servicios esenciales. En los hechos, se trata de una paralización casi total de la actividad administrativa formal, con atención reducida en dependencias clave.

Receso administrativo en enero

En paralelo, la Resolución N.° 1023 estableció el receso administrativo para la Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada, entre el 2 y el 30 de enero de 2026. Durante ese período se declaran inhábiles los plazos administrativos, lo que implica la suspensión de trámites, expedientes y procedimientos formales, salvo excepciones.

El Gobierno justifica la medida en la necesidad de optimizar la organización de los recursos humanos, avanzar en la racionalización del gasto público y facilitar tareas de planificación administrativa y operativa. Sin embargo, el impacto concreto vuelve a recaer sobre ciudadanos y sectores que dependen de gestiones estatales, que deberán adaptarse a un mes de actividad reducida.

Durante el receso, los organismos deberán funcionar con guardias mínimas y personal reducido, priorizando las áreas consideradas críticas para el funcionamiento del Estado provincial.

Áreas exceptuadas

Las resoluciones establecen un amplio listado de áreas exceptuadas del receso, que deberán mantener su actividad normal o reforzada. Entre ellas se encuentran:

• Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana y organismos vinculados a la seguridad.
• Áreas asistenciales dependientes del Ministerio de Salud.
• Servicios de emergencia, riesgo climático, catástrofes y protección civil.
• Policía Ambiental y áreas operativas del Ministerio de Ambiente y Economía Circular.
• Educación, en lo referido a escuelas de ciclo especial de verano.
• Rentas, Registro Civil, Registro de la Propiedad, Proveedores y Contratistas del Estado y Personas Jurídicas.
• Ministerio de Justicia y Trabajo, Secretaría de Trabajo y áreas que se designen.
• Boletín Oficial Electrónico y áreas vinculadas a Fiscalía de Estado y Escribanía General de Gobierno.

Además, la normativa habilita a los responsables de cada jurisdicción a otorgar licencias anuales ordinarias y a adoptar medidas excepcionales ante situaciones de urgencia o contingencia.

Un esquema conocido, en un contexto distinto

Si bien el receso administrativo de enero forma parte de la lógica histórica del Estado provincial, la decisión vuelve a leerse en un contexto marcado por la discusión sobre la eficiencia del gasto público, la demanda de mayor agilidad estatal y la creciente presión social sobre áreas sensibles como salud, seguridad y justicia.

En ese marco, el desafío del Gobierno será evitar que el parate administrativo se traduzca en mayores demoras, cuellos de botella o reclamos ciudadanos, en un año que anticipa tensiones políticas y económicas crecientes de cara a 2026.