A apenas una semana del desembarco de Miguel Siciliano en el superministerio diseñado por Martín Llaryora con fuerte anclaje en la Capital, la Provincia confirmó una inversión de $26.700 millones en infraestructura básica para la ciudad de Córdoba. El dato político no pasó inadvertido: el Concejo Deliberante capitalino aprobó este jueves los convenios que habilitan el desembolso y, casi en simultáneo, el anuncio comenzó a circular con velocidad entre los intendentes peronistas del interior, reavivando incomodidades largamente contenidas.

El convenio de cooperación entre la Provincia y la Municipalidad autoriza la ejecución de obras por un monto que, en el actual contexto fiscal, luce excepcional. No se trata de un hecho aislado. El auxilio económico de la administración provincial a la ciudad de Córdoba se ha convertido, con el correr de los años, en una práctica reiterada, justificada oficialmente por los persistentes números en rojo que exhiben los grandes municipios y, en particular, la Capital.

Durante la gobernación de Juan Schiaretti, con Martín Llaryora al frente del Palacio 6 de Julio, la ciudad recibió un volumen significativo de recursos provinciales a través de obras directas, proyectos conjuntos, partidas presupuestarias y convenios específicos. La diferencia ahora es política y simbólica: el rol de “salvataje” lo asume el propio Llaryora ya como gobernador, en beneficio de quien fue su sucesor en la intendencia, Daniel Passerini. Una continuidad de gestión que, para muchos, empieza a desdibujar los límites entre Provincia y Municipio.

El nuevo anuncio volvió a generar ruido en el peronismo del interior. En off, y con un tono que mezcla fastidio y resignación, varios intendentes expresaron su malestar por lo que definen como una asistencia financiera sistemática a “administraciones con cierto desorden administrativo”, que encuentran en el auxilio provincial una red permanente para mantenerse a flote. A esa queja se suma otra, no menor: los beneficios que también reciben municipios gobernados por la oposición, como parte de la estrategia de contención política del Ejecutivo provincial, lo que profundiza la sensación de inequidad en el reparto de recursos.

El “cisne negro” de la actual administración municipal siempre fue la posibilidad de que el Palacio 6 de Julio termine funcionando como un apéndice del Gobierno provincial. Con este paquete de anuncios, las alarmas sobre la autonomía municipal vuelven a encenderse y despejan dudas sobre el esquema real de poder. Más que un auxilio puntual, el aporte parece inscribirse en un compromiso político de sucesión, donde la gestión municipal forma parte de un proyecto más amplio y coordinado desde el Panal.

El clima de sintonía fina quedó expuesto también en el plano comunicacional. En paralelo al tratamiento legislativo, Llaryora publicó en sus redes sociales un video del intendente Passerini, en el que repasa logros de la gestión anterior —cuando se desempeñó como viceintendente— y detalla obras en ejecución y futuras, todas ellas en articulación explícita con el Gobierno de la Provincia. Un mensaje que refuerza la idea de gestión compartida y diluye, aún más, las fronteras institucionales.

El detalle de la inversión

El acuerdo aprobado contempla, en primer lugar, un ambicioso plan de bacheo con asfalto y hormigón por $18.450 millones. La particularidad de este convenio es que será financiado en su totalidad por la Provincia, sin obligación de reintegro por parte del municipio, que asumirá la responsabilidad de licitar y ejecutar los trabajos. En términos prácticos, se trata de un alivio directo para las arcas municipales.

En segundo lugar, se incluyen obras de iluminación y adecuación a las nuevas normas de seguridad eléctrica en el alumbrado de 65 plazas de la ciudad. Para este ítem se destinarán $3.250 millones: el 88% provendrá de aportes provinciales y el 12% restante será afrontado por la Municipalidad mediante la provisión de materiales, como luminarias y cables.

El tercer convenio aprobado corresponde a la construcción de desagües en las calles Madre Sacramento y Adoratrices, en la zona sur de la ciudad. Es una obra de $5.000 millones que ya se encuentra en ejecución y presenta un avance cercano al 60%, lo que permitió incorporarla al paquete como un hecho prácticamente consumado.

Así, Provincia y Municipalidad ratifican un rumbo de trabajo conjunto en materia de financiamiento y ejecución de obras de infraestructura, con el objetivo declarado de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, en el trasfondo político, la pregunta persiste: ¿se trata de cooperación institucional o de una centralización de decisiones que deja al interior, una vez más, mirando desde afuera cómo la Capital se queda con el Gordo de Navidad?