Como ocurre cada fin de año, el paquete económico vuelve a convertirse en el epicentro de la disputa política en Córdoba. Pero esta vez, la discusión escala un peldaño más. En una sesión atravesada por cruces ásperos, protestas gremiales y movimientos tácticos de último momento, el oficialismo se apresta a sancionar este miércoles el Presupuesto 2026 y las otras dos leyes que completan el combo económico del gobernador Martín Llaryora. A ese menú ya de por sí sensible se le suma un ingrediente de alto voltaje: las medidas para contener el déficit de la Caja de Jubilaciones.

El PJ llegará al recinto con la tranquilidad relativa que le aporta el acompañamiento “a lo radical” del bloque UCR en la votación general del presupuesto. Sin embargo, esa calma se diluye al pasar al tratamiento en particular, donde el radicalismo anticipó el rechazo de cerca de 50 artículos clave, entre ellos los que habilitan al Ejecutivo a incrementar hasta un 4% los aportes previsionales de los empleados públicos activos y a sumar un 2% adicional para financiar el Apross. El juecismo, el libertario Agustín Spaccesi y el resto de las bancadas opositoras ya avisaron que mantendrán su voto negativo total, tal como ocurrió en la primera lectura.

El telón de fondo es un número que explica la urgencia oficial: el déficit operativo proyectado de la Caja para 2026 asciende a $821.000 millones. Un rojo que el Panal busca contener con herramientas impopulares, mientras en la calle los gremios estatales hacen sentir su rechazo a un esquema que, denuncian, vuelve a cargar el ajuste sobre trabajadores y jubilados.

Números finos y resortes reglamentarios

Con un escenario tan ajustado, el PJ afina cada detalle parlamentario. Cuenta con 35 votos —34 propios más el de la aliada Karina Bruno— y no descarta recurrir al voto desempate de la vicegobernadora Myrian Prunotto o al doble voto del presidente provisorio. En la baraja oficialista también aparece, como en otras ocasiones, la eventual ausencia de la radical escindida Graciela Bisotto.

En medio de una maratón de reuniones de comisión y con el clima cada vez más caldeado, el oficialismo emitió despacho de mayoría de las tres leyes económicas que llegan al recinto, con al menos 20 modificaciones respecto de los textos originales, tanto en el presupuesto como en la reforma del Código Tributario. Entre los cambios más sensibles figura la autorización para descontar hasta un 2% adicional de los salarios estatales para el Apross, que se suma a un promedio actual del 4,5%.

“Primero fue la Caja, ahora el Apross. Incrementos que no se fundamentaron en comisión y que se introducen casi por sorpresa”, cuestionó la radical Brenda Austin, visiblemente molesta por la dinámica del debate. La frase que se escapó desde una banca oficialista —“si pasa, pasa”— no hizo más que profundizar el fastidio opositor y reforzar la idea de un trámite a las apuradas.

Jubilaciones bajo siete llaves

La alerta máxima en la oposición no se limita al paquete económico. Todas las miradas están puestas en una eventual jugada del Ejecutivo para avanzar, bajo el paraguas de una iniciativa popular ya con estado parlamentario, con un nuevo esquema de recortes para paliar el déficit de la Caja. El plenario de comisiones que preside Silvina Jurich pasó a cuarto intermedio hasta esta mañana, alimentando las versiones de que el dictamen se mantiene “bajo siete llaves”.

El argumento que ensaya el PJ es conocido: que aporten más quienes cobran jubilaciones superiores a los 3 millones de pesos para recomponer los haberes más bajos. El cómo y el cuándo siguen siendo una incógnita. Algunas voces sostienen que el proyecto podría colarse en la sesión de hoy; otras lo ubican recién en el plenario del 23. En cualquier caso, el movimiento no parece casual.

“Van a usar el reclamo legítimo de las jubiladas docentes para justificar un recorte arriba y mostrar un gesto abajo”, sintetizó una voz parlamentaria. Desde la UCR, Alejandra Ferrero fue más allá y puso números sobre la mesa: recordó los $69.000 millones que se recaudan con el aporte solidario a los pasivos, los $196.000 millones del aporte extraordinario del 4% a los activos y otros $30.000 millones en intereses y comisiones financieras. “El déficit lo soportan todos, no solo con transferencias del Tesoro”, disparó.

Fuego cruzado y pases de factura

El debate escaló rápidamente al terreno político. Desde el Frente Cívico, Walter Nostrala acusó al PJ de ineficiencia, soberbia e inoperancia tras más de un cuarto de siglo en el poder. “¿A quién le van a echar la culpa ahora?”, lanzó, al rechazar que el ajuste recaiga sobre jubilados que “aportaron para ganar lo que ganan”.

Del lado oficialista, Facundo Torres salió al cruce de lo que definió como una utilización política del reclamo previsional. “Estamos en la casa de la política, somos legisladores”, le respondió Nostrala, en uno de los intercambios más tensos de la jornada. Torres, que asume la jefatura del bloque del PJ, también le enrostró a la oposición el ajuste encarado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y remarcó la necesidad de “sanear responsablemente” el déficit.

Un clima que no afloja

La incógnita sobre el dictamen final y la posibilidad de que el oficialismo avance en esta misma sesión mantienen la tensión en niveles altos. La oposición promete una embestida dura dentro del recinto, mientras los gremios vuelven a hacerse escuchar en la calle. El recuerdo fresco de la sesión anterior —cuando casi toda la oposición se retiró para no convalidar la creación de la Procuración Penitenciaria— agrega ruido y pases de factura cruzados.

En el Panal saben que el combo Presupuesto–Caja es políticamente inflamable. Y también que cada movimiento dejará marcas hacia adelante. Con un gobernador visiblemente molesto por el clima legislativo y un oficialismo decidido a avanzar, el cierre del año parlamentario promete algo más que números y artículos: expone, una vez más, las fisuras de un modelo que enfrenta sus límites y una oposición dispuesta a hacerlos visibles.