Sin vacantes a la vista en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Martín Llaryora avanza por los márgenes del Poder Judicial con una estrategia tan silenciosa como profunda: la construcción de una supestructura de cargos de alta jerarquía, muchos de ellos vitalicios o de larguísima duración, ocupados por abogados de su máxima confianza. Un movimiento que busca compensar su escasa incidencia directa en la Corte cordobesa y reordenar, a su favor, los equilibrios internos de un poder del Estado históricamente atravesado por distintas vertientes del peronismo.

El límite está claro. Córdoba no aplica el tope jubilatorio de los 75 años para los vocales del TSJ, lo que bloquea cualquier intento de renovación forzada. De los siete integrantes del máximo tribunal, Llaryora solo logró sentar a una ex funcionaria propia: Jessica Vallentini. El resto de las poltronas tienen dueño asegurado por varios años más. La única excepción es la de Luis Rubio, de 83 años, quien ya avisó que recién dejará su cargo en marzo de 2028, cuando el próximo gobernador esté en funciones —o cuando el propio Llaryora busque su reelección—. Hasta entonces, el gobernador seguirá jugando en minoría en ese tablero clave.

Frente a ese escenario, la respuesta del Panal fue avanzar por fuera del TSJ. La creación de nuevos organismos judiciales, con jerarquía, presupuesto propio y cargos blindados en el tiempo, se convirtió en el principal instrumento para equilibrar poder frente a otros esquemas que conviven dentro del Poder Judicial, muchos de ellos ligados al schiarettismo y a sectores del PJ que no responden directamente al actual gobernador.

El último y más ambicioso paso en esa dirección es la Procuración Penitenciaria. Se trata de una megaestructura pensada para “supervisar” el sistema carcelario, pero con características que exceden largamente esa función. El organismo contará con un procurador general con mandato de hasta diez años y hasta cuatro procuradores adjuntos vitalicios, todos con salarios tope de gama, equiparados al TSJ. La selección de todos esos funcionarios quedará en manos exclusivas del gobernador.

El diseño no es casual. Cualquier diagnóstico serio sobre la situación penitenciaria en Córdoba conduce a la misma conclusión: la necesidad de construir, al menos, una nueva cárcel. En el clima político actual, atravesado por un discurso libertario que no cuestiona este tipo de obra pública vinculada al orden y la seguridad, el proyecto aparece como de baja resistencia social y alto impacto político.

En ese contexto comenzaron a circular nombres para encabezar la nueva Procuración. El que más fuerte suena es el de Néstor Gómez, abogado de extrema cercanía con Llaryora. Gómez fue asesor letrado de la Municipalidad de San Francisco durante la gestión del hoy gobernador, pasó por una dirección en la Lotería de Córdoba al inicio del actual mandato provincial y luego fue designado defensor General adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, otra estructura de gran porte creada en septiembre de 2023.

El armado del Ministerio Público de la Defensa fue, en sí mismo, un movimiento quirúrgico. Al frente quedó Pablo Bustos Fierro, que hasta entonces se desempeñaba como fiscal General adjunto. Esa decisión liberó una silla clave, que Llaryora ocupó con Alejandro Pérez Moreno, un reconocido abogado penalista de su confianza. Pérez Moreno tiene, además, un perfil público singular: fue representante legal de Soledad Laciar, la madre de Blas Correas, el adolescente asesinado por policías en 2020, uno de los casos más sensibles de la historia reciente cordobesa.

Pero el reordenamiento no se detuvo allí. Ahora, el gobernador impulsa el pliego de Carlos Lezcano como fiscal General, lo que lo convertirá en jefe directo de Pérez Moreno. El dato político no pasa desapercibido: Lezcano fue juez de Control en la investigación por el crimen de Blas Correas y, en aquel momento, Pérez Moreno —entonces abogado querellante— lo cuestionó duramente, al punto de tildarlo de “abogado que hace de juez” y acusarlo de limitarse a “copiar y pegar” lo que escribían los fiscales.

Más allá de las ironías del pasado, la jugada tiene un objetivo claro. Con Pérez Moreno y Lezcano, Llaryora empareja el poder interno en la cúpula del Ministerio Público Fiscal, donde el schiarettismo conserva un peso específico mayor. Y, al mismo tiempo, envía una señal política inequívoca: al promover anticipadamente a Lezcano, acelera el desgaste de Juan Manuel Delgado, el actual fiscal General, vinculado al círculo rojo y a Juan Schiaretti, quien lo impulsó desde la Procuración del Tesoro hasta la jefatura de los fiscales.

El mensaje es directo y sin demasiados matices. Ante la imposibilidad de incidir plenamente en el Tribunal Superior, Llaryora opta por rodearlo. La construcción de una red judicial paralela, poblada de funcionarios leales y con mandatos extensos, no solo redefine el mapa de poder dentro del sistema judicial cordobés, sino que también anticipa uno de los ejes centrales de la disputa política hacia 2027: quién controla, en los hechos, los resortes más sensibles de la Justicia.