Con la mirada puesta en el tramo decisivo de su mandato y en el horizonte electoral de 2027, el gobernador Martín Llaryora comenzó a mover fichas en una de las áreas más sensibles de cualquier gestión: la seguridad. Los cambios anunciados —y otros que aún se mantienen bajo reserva— no responden solo a un reacomodamiento administrativo, sino a una estrategia política más amplia que busca transformar un flanco históricamente problemático en un activo de gestión.

La incorporación de Juan Manuel Aráoz al frente de la Secretaría de Seguridad marca el núcleo de esta redefinición. Tras seis años como administrador general de la Justicia de Faltas en la Municipalidad de Córdoba, Aráoz deja el Palacio 6 de Julio para sumarse al gabinete provincial. Su desembarco responde a una doble lectura del Panal: reforzar la gestión cotidiana del ministerio y sumar a un funcionario con experiencia técnica, pero también con cintura política para una cartera de alta exposición.

El movimiento implica la salida de Ángel “Lito” Bevilacqua, quien pasa a integrar el nuevo Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional que conduce Miguel Siciliano. Exintendente de Noetinger, Bevilacqua cierra así una etapa en Seguridad marcada por algunas fricciones con el ministro Juan Pablo Quinteros. Desde el entorno del gobernador aseguran que el cambio no es un desplazamiento, sino una relocalización: Llaryora le asignó un rol de mayor peso político, acorde al perfil del flamante ministerio. En tanto, José César Gualdoni, secretario de Prevención y Coordinación Institucional y hombre de confianza del llaryorismo, continuará en su cargo.

Los retoques en Seguridad se inscriben en un proceso más amplio de reordenamiento de segundas líneas, que incluirá el pase de funcionarios municipales al gabinete provincial. El objetivo es llegar a 2026 con un equipo afinado para el último tramo de gestión, ese que —según coinciden encuestadores y estrategas— suele pesar con fuerza en la memoria del electorado.

En paralelo, el oficialismo refuerza su presencia en la ciudad de Córdoba. La creación del ministerio que encabeza Siciliano y la puesta en marcha de obras y programas buscan apuntalar la gestión del intendente Daniel Passerini, bajo la convicción de que la Capital será un escenario clave para validar el proyecto político del cordobesismo.

En el Panal valoran los dos primeros años de Juan Pablo Quinteros al frente de Seguridad y ratifican la apuesta por su continuidad. Aunque se trata de un cargo “fusible” por definición, en el oficialismo destacan que el dirigente del Partido Cordobés muestra buenos números en las mediciones de opinión pública. Un dato nada menor en un contexto donde la seguridad suele ser un factor de desgaste.

Desde despachos cercanos al gobernador subrayan algunos indicadores que respaldan esa lectura: una baja en la tasa de homicidios, una reducción en los delitos contra la propiedad y la expansión de programas como Cordobeses en Alerta, que suman adhesiones en distintos puntos de la provincia. El diagnóstico interno es claro: si en 2026 se logra ordenar definitivamente el conflicto de los cuidacoches, la seguridad podría dejar de ser un ancla para convertirse en una bandera de gestión.

Los sondeos que circulan en el Centro Cívico refuerzan esa percepción. La inseguridad ya no aparece como la principal preocupación de los cordobeses, desplazada por la situación económica. Esa ventana es la que Llaryora busca aprovechar: consolidar un área sensible mientras el foco social se corre hacia otros frentes.

El debate por los “naranjitas” expone, además, la necesidad de coordinación entre Provincia y Municipio. El tema volvió al centro de la agenda tras el recital de Shakira en el estadio Mario Alberto Kempes, y desde el Palacio 6 de Julio aseguran que no hay fisuras con el Ministerio de Seguridad en la estrategia ni en el trabajo territorial. El objetivo compartido es terminar con las extorsiones en la vía pública y con el cobro obligatorio en zonas donde no corresponde. Mientras el municipio despliega un abordaje integral, en la Legislatura avanzan proyectos para modificar el Código de Convivencia y eliminar la zona gris que hoy permite el cobro “voluntario”.

Así, los cambios en Seguridad van mucho más allá de un simple enroque de nombres. Llaryora ajusta su gabinete, escucha el mensaje de las urnas y apuesta a que, en el camino hacia 2027, la seguridad deje de ser un pasivo y se transforme en uno de los pilares exhibibles de su gestión. Un movimiento que combina gestión y cálculo político, en un tablero donde cada decisión empieza a leerse en clave electoral.