La Legislatura de Córdoba se prepara para un súper miércoles cargado de definiciones políticas sensibles, en un clima atravesado por tensiones opositoras, protestas en la calle y movimientos tácticos del oficialismo. El Gobierno de Martín Llaryora logró concentrar en una misma sesión dos temas de alto voltaje: la segunda lectura del Presupuesto 2026 —con cambios tributarios polémicos— y la votación del pliego del nuevo Fiscal General, el juez de Control N°5, Carlos Lezcano.

La sesión está prevista para el miércoles 17, aunque en el oficialismo ya proyectan una última jornada legislativa el martes 23 de diciembre, con la chance abierta —aunque incómoda— de extender la actividad hasta el martes 30, una fecha que en la política cordobesa suele generar más ruido que consensos.

Presupuesto, protesta y descuento salarial

El telón de fondo no es menor. Mientras en el recinto se debatirá la ley madre de gastos e ingresos para 2026, en la calle se espera una marcha importante de trabajadores estatales, en rechazo a uno de los artículos más cuestionados del paquete fiscal: el artículo 63, que habilita al Ejecutivo a descontar hasta un 4% adicional del salario de los empleados públicos como aporte extraordinario a la Caja de Jubilaciones.

El Gobierno defiende la medida como necesaria para sostener el sistema previsional, pero gremios y oposición la leen como un ajuste encubierto que vuelve a recaer sobre los mismos sectores. La simultaneidad entre protesta social y votación legislativa no parece casual y expone la decisión del Panal de avanzar, aun a riesgo de pagar costos políticos.

El pliego de Lezcano y el juego opositor

Ese mismo día se tratará el pliego de Carlos Lezcano como nuevo Fiscal General de la Provincia, cargo que asumirá recién a fines de marzo, cuando concluya formalmente el mandato de Juan Manuel Delgado. Este martes se realizará la entrevista en comisión y se emitirá el despacho correspondiente de Asuntos Constitucionales.

Los números para una mayoría simple están asegurados. Sin embargo, el oficialismo aspira a algo más: un respaldo amplio que le permita mostrar consenso político en una designación clave para el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

En ese esquema aparece un dato que descolocó a la UCR: el respaldo anticipado de Luis Juez y del Frente Cívico a la postulación de Lezcano. No se trata de un abogado cualquiera: fue ex socio de estudio del senador, con quien también tuvo desencuentros en el pasado. La decisión del juecismo llamó la atención en el radicalismo, habituado a una postura mucho más confrontativa de Juez frente al llaryorismo.

“Estamos desconcertados”, admiten en voz baja dirigentes radicales, que leen el gesto como una señal de comodidad política más que de coherencia opositora.

La UCR, entre Ferrer y De Loredo

En paralelo, el oficialismo viene trabajando para alinear al bloque radical que conduce Matías Gvozdenovich. Hubo conversaciones con Marcos Ferrer, presidente de la UCR provincial, y en el Panal creen haber avanzado. En el radicalismo reconocen que no hay objeciones técnicas al pliego de Lezcano, pero aclaran que la discusión es esencialmente política.

La última palabra, como casi siempre, la tendrá Rodrigo de Loredo. Este martes habrá reunión de bloque y el exdiputado —alineado con Ferrer— monitoreará el encuentro de manera virtual, una postal que resume el estado actual del radicalismo: decisiones clave tomadas a distancia y con más cautela que convicción.

Si no fuera por el respaldo explícito de Juez, el deloredismo probablemente ya tendría definido el acompañamiento. Aun así, si la UCR vota a favor, lo hará marcando límites: críticas a la “peronización” de la Justicia y promesas de impulsar reformas en la ley del MPF para reducir estructuras vitalicias, similares a las que generaron rechazo en la reciente Procuración Penitenciaria, donde el Ejecutivo incluso ofreció cargos a sectores opositores, con escasa recepción.

Un interbloque en crisis latente

El episodio vuelve a poner en duda el futuro del interbloque Juntos por el Cambio en la Unicameral, una rareza política que sobrevive en Córdoba pese a la implosión nacional del espacio. La desconfianza radical hacia el juecismo reabre interrogantes sobre la convivencia parlamentaria y deja un diagnóstico poco alentador: el destino del interbloque dependerá, casi exclusivamente, de la relación personal y política entre Juez y De Loredo. Hoy, ese vínculo no atraviesa su mejor momento.

Lo que viene: más leyes y la sombra previsional

La agenda de Hacemos Unidos no se agota este miércoles. Para el martes 23 están previstos los pliegos de las Fiscalías de delitos en flagrancia, en el marco del plan de territorialidad policial-judicial que impulsa el Panal para contener el delito “in situ”. También figuran la ley de Economía Naranja y “dos o tres leyes más”, según admiten fuentes oficiales.

Desde el Gobierno relativizan que se traten nuevas leyes previsionales antes de fin de año. Sin embargo, la oposición y los gremios mantienen la guardia alta: temen que el Ejecutivo avance con un proyecto específico para efectivizar el descuento adicional del 4% a los aportantes de la Caja.

En danza hay varias iniciativas: la del oficialista Matías Chamorro, que propone devolver el 82% móvil a los jubilados de menores ingresos y fijar un techo a los haberes más altos; y la del aliado Agustín Spaccesi, que impulsa “devolver” a cada gremio su propia porción previsional. Todo ese combo alimenta una discusión mayor: la posibilidad de una consulta popular para que los cordobeses decidan el futuro de la Caja, un recurso simbólico que el cordobesismo supo usar como bandera electoral en más de una campaña.

Por ahora, el oficialismo avanza, la oposición duda y la calle se moviliza. El miércoles, Córdoba volverá a ofrecer una escena conocida: decisiones estructurales, acuerdos cruzados y un sistema político que se mueve más por desconfianza que por certezas.