Una megaestructura heredada del schiarettismo, con fuerte impronta territorial pero cada vez menos anclaje político. Mientras Llaryora apuesta a la “vinculación” como eje de gestión, la cartera de Laura Jure aparece como una reminiscencia de un ciclo que ya no tracciona votos.

A ojos de observadores experimentados de la política cordobesa, el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo se ha convertido en la cartera más desangelada del gabinete provincial. No por su tamaño ni por la cantidad de programas que administra, sino por la licuación progresiva del poder político que alguna vez le dio sustento: el schiarettismo.

Se trata de una estructura de grandes proporciones. Según la información oficial, el ministerio que conduce Laura Jure —una pieza clave durante los años de Juan Schiaretti— reúne al menos ocho secretarías formales: Desarrollo Social, Infraestructura Social, Escrituración y Articulación Territorial, Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales, Gestión Administrativa, Economía Social, Promoción del Empleo y la Mujer. Sin embargo, un análisis más fino de la propia web provincial permite detectar un entramado aún mayor, con secretarías de Integración del Norte y Oeste, Acción Social, Políticas Sociales, Coordinación y Gestión Territorial, entre otras dependencias.

Ese despliegue no es casual. Desarrollo Social fue el ministerio que el gobernador Martín Llaryora decidió preservar casi intacto para contener a la estructura con mayor —al menos teórica— capilaridad territorial del schiarettismo. El denominador común de quienes lo integran es, justamente, esa filiación política. Una suerte de reserva del viejo poder, alojada en una cartera sensible y de alto impacto social.

Pero el problema que se reveló tras las últimas elecciones legislativas es tan simple como incómodo: los votos los tenía Schiaretti. Y el adverso resultado de Hacemos en octubre, con el propio ex gobernador como candidato, terminó de sembrar una sospecha que en el Centro Cívico ya se parece demasiado a una certeza: ese caudal electoral no es transferible.

En el análisis fino que hizo el Panal después de los comicios, hubo una conclusión compartida puertas adentro: a la gestión le faltó capacidad para lograr que los vecinos valoraran los programas provinciales como un factor decisivo al momento de votar. Incluso admitiendo el peso del clivaje kirchnerismo–antikirchnerismo, la lectura fue que las políticas públicas no lograron traducirse en identificación política.

Allí aparece, en espejo, el nuevo Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional que encabeza Miguel Siciliano. Si días atrás esa cartera fue caracterizada como la encargada de tender puentes entre la gestión y el territorio, hoy funciona también como una contracara implícita de Desarrollo Social. Vincular la gestión con el territorio no es otra cosa que lograr que las obras y programas del Gobierno provincial sean reconocidos como tales por los vecinos y por las organizaciones intermedias. Y, en el camino, robustecer una construcción política propia, especialmente en la ciudad de Córdoba.

La imagen que Siciliano buscará forjar —con tono amable y presencia constante— contrasta con la postal que dejó el temporal de hace dos semanas, cuando un fuerte viento derribó dos polideportivos sociales. No hubo heridos, pero el impacto simbólico fue considerable. Esos polideportivos fueron mucho más que infraestructura: constituyeron el emblema territorial de la campaña 2019 de Schiaretti, la misma que lo llevó a superar el récord histórico de Eduardo Angeloz con el 57% de los votos. Una hazaña electoral para una coalición de raíz justicialista en Córdoba.

Sin embargo, ese capital político no logró continuidad. El schiarettismo no pudo, no quiso o no supo generar dirigentes con tracción electoral propia. Quedó atado, casi de manera exclusiva, a la figura del ex gobernador. Y ahora, con esa referencia en franco cuarto menguante, la estructura que Llaryora contiene dentro de Desarrollo Social empieza a perder sustento político y amenaza —también— con desmoronarse.

En los pasillos del ministerio se respira una mezcla de nostalgia y desconcierto. La sensación de que se administra una maquinaria pensada para otro tiempo, con lógicas que ya no ordenan el poder real. Mientras el oficialismo intenta reconfigurar su vínculo con el territorio y disputar sentido desde la gestión, Desarrollo Social parece quedar a la intemperie: grande, pesada y mirando hacia atrás, como una postal de los años en que el poder todavía fluía en una sola dirección.