La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a instalarse en el epicentro del debate político y financiero provincial. Esta vez, el gobernador Martín Llaryora advierte que la situación es tan delicada que la Provincia se encuentra “cerca del precipicio”, luego de que Nación dejara en suspenso los giros que históricamente enviaba la Anses para cubrir el déficit previsional. El escenario remite inevitablemente a la tensión vivida durante la gestión de Amado Boudou, cuando el kirchnerismo también frenó los envíos y forzó a Córdoba a sostener su sistema con recursos propios.

Un déficit que expone la profundidad de la crisis

El proyecto de Presupuesto 2026 dejó al descubierto la magnitud del agujero previsional: el gasto total del sistema ascenderá a $ 2,63 billones, mientras que los aportes de los trabajadores activos apenas llegarán a $ 1,81 billones, equivalentes al 69% del total. El resultado es contundente: un rojo operativo de $ 821.292 millones previstos para el próximo año.

A ese número se suma otro conflicto estructural: Córdoba reclama a la Nación una deuda que ya considera “incobrable”, calculada en $ 1 billón, correspondiente a giros adeudados por el desfasaje previsional tras la armonización del sistema provincial con el nacional.

La Nación recorta y la Provincia asume el costo

El cálculo del Presupuesto contempla un dato que inquieta al Centro Cívico: la Provincia deberá cubrir al menos $ 417.292 millones del déficit total con recursos propios. Es decir, más de la mitad del rojo, debido a que Nación ya no garantiza los envíos.

En 2025, luego de una intervención de la Corte Suprema, Anses había comenzado a transferir $ 5.000 millones mensuales en 12 cuotas fijas. Ese compromiso ya era insuficiente —los técnicos de la Caja estiman que se necesitan $ 20.000 millones por mes—, pero ahora incluso esa cifra quedó en duda. El mensaje político es claro: Córdoba queda librada a su suerte.

La “emergencia previsional”: un globo de ensayo con impacto gremial y político

En medio de esta tormenta, el legislador Matías Chamorro —de origen socialista, pero aliado al PJ cordobés— encendió todas las alarmas al presentar un proyecto para declarar la Emergencia de la Caja de Jubilaciones.

La iniciativa apunta a dos objetivos centrales:

1. Garantizar que el 85% de los jubilados recupere el 82% móvil, vía un adicional no remunerativo.
2. Aplicar una “solidaridad previsional” para quienes perciben haberes superiores a $ 2,5 millones.

En estos casos, el excedente sobre ese monto se pagaría mediante Títulos de Cancelación Previsional, instrumentos transferibles con una tasa pasiva promedio. La medida golpea directamente a los sectores más combativos del arco gremial —Luz y Fuerza, los municipales y también a jueces—, y funciona como un primer ensayo para medir la reacción sindical ante reformas más profundas.

Torres endurece el discurso: “Ya se empieza a ver el precipicio”

Quien llevó la discusión a un tono más dramático fue el presidente del bloque oficialista en la Legislatura, Facundo Torres, que describió la situación como “crítica” y advirtió que, sin una intervención urgente, “ya se empieza a ver el precipicio”.

Torres defiende una suba de 4% en los aportes personales y apunta especialmente a los trabajadores municipales, Luz y Fuerza y bancarios, sectores con alta conflictividad y mala imagen pública. En el entorno del gobernador recuerdan un dato político conocido: en su gestión como intendente, Llaryora capitalizó rédito cuando confrontó con el gremio municipal. La lógica parece repetirse.

Lo que el Gobierno no hará: más aportantes o más años de trabajo

A pesar del déficit, el Ejecutivo descarta medidas para ampliar el universo de aportantes. No habrá modificaciones para extender la vida activa de los 25 mil policías ni de los 50 mil docentes, que juntos representan el 80% del personal provincial. Cualquier movimiento en ese sentido implicaría un conflicto político mayor y el Gobierno prefiere evitar ese frente.

Sin margen para nuevos impuestos: la comparación con De la Sota y la “tasa vial”

El conflicto con Nación trae reminiscencias del enfrentamiento entre José Manuel de la Sota y Cristina Kirchner por la suspensión de los fondos en 2012. Aquella crisis terminó con la creación de la tasa vial, un impuesto de emergencia que se aplicó sobre cada carga de combustible durante casi tres años.

Pero el contexto actual es muy distinto: quien ganó las elecciones nacionales en Córdoba es Javier Milei, y Llaryora carece del margen político para crear un nuevo tributo de guerra como lo hizo en aquel entonces. El camino fiscal se estrecha, y el precipicio del que habla el gobernador aparece cada vez más cerca.