El conflicto previsional volvió a ubicarse en el centro de la agenda política cordobesa. Con los gremios estatales en estado de alerta por la posible suba de aportes y la inminente declaración de la emergencia previsional, el oficialismo salió a defender una posición que, puertas adentro, ya reconocen como incómoda: la Caja de Jubilaciones está en una situación crítica y el Gobierno deberá encarar cambios de fondo.
El legislador Facundo Torres, una de las voces encargadas de contener la tensión con los sindicatos, admitió que el sistema provincial enfrenta “un déficit totalmente en rojo” y que el Ejecutivo solo evalúa una suba de aportes “si fuera necesario”, en el marco de un esquema que se volvió insostenible por la falta de transferencias nacionales y por las asimetrías internas del propio régimen previsional.
“La Caja está fundida”: un déficit que superará los $750 mil millones
En declaraciones a Mitre Córdoba, Torres explicitó el diagnóstico que el Gobierno buscó evitar durante meses:
la Caja provincial proyecta para 2026 un déficit récord de $750 mil millones, una cifra que coloca al sistema en una zona de riesgo y obliga —según el legislador— a revisar su lógica estructural.
El dirigente de Hacemos por Córdoba también apuntó contra la heterogeneidad del esquema actual. Mientras las jubilaciones docentes se encuentran “muy por debajo del promedio”, en otros sectores, como el bancario, los haberes superan los $4 millones. Un contraste que, para el oficialismo, agrava la inequidad interna y distorsiona el financiamiento del sistema.
Aun así, Torres evitó responsabilizar exclusivamente a los trabajadores. Reconoció que hubo “decisiones erróneas” del pasado —como jubilaciones anticipadas, contrataciones precarizadas o aumentos sin respaldo contributivo—, aunque afirmó que es “imposible medir” su impacto acumulado. En cualquier caso, admitió que fueron prácticas que terminaron empujando a la Caja “al abismo”.
Un problema provincial, pero también nacional
El legislador vinculó la crisis local con una tendencia global: el envejecimiento poblacional y la caída de la relación entre aportantes y jubilados. “La expectativa de vida aumentó. Hoy hay muy pocos activos para la enorme cantidad de pasivos”, graficó, mencionando incluso el cambio cultural que refleja tener adultos mayores de más de 70 años realizando actividades competitivas.
En paralelo, recordó que la falta de transferencias del Gobierno nacional profundizó el desequilibrio financiero. Una crítica que, en medio de la disputa política con la administración de Javier Milei, vuelve a tensar la relación entre la Provincia y la Nación.
El periodista Jorge “Petete” Martínez también trajo a escena el costo político que el oficialismo arrastra desde la pandemia: el malestar social generado por el recorte a jubilados que el exgobernador Juan Schiaretti evitó mencionar públicamente mientras criticaba el sistema nacional. Torres reconoció el impacto electoral de esa contradicción: “la gente votó distinto”, dijo, en referencia al respaldo que logró Milei en Córdoba.
¿Una consulta popular para definir el futuro del sistema?
Uno de los puntos que más ruido generó tras la entrevista fue la confirmación de que dentro del oficialismo se evalúa la posibilidad de una consulta popular para decidir cambios profundos en el sistema previsional.
Aunque Torres aclaró que la decisión no está tomada, planteó una pregunta que expone la estrategia discursiva del Gobierno:
“Hay que ver si el cordobés está conforme con que 750 mil millones de pesos, que son de todos, vayan solo a la caja de los empleados públicos”.
La frase, leída en clave política, deja ver que la administración Llaryora busca trasladar parte del costo del ajuste del plano técnico al terreno del debate social.
Revisión del sistema: topes, 82% móvil y un laberinto de tensiones
En medio de la caída de la recaudación y la baja en la coparticipación, el Gobierno propone abrir un proceso de diálogo con los gremios. La meta: acordar cambios que permitan sostener el sistema sin comprometer las cuentas provinciales.
Entre las opciones que están sobre la mesa aparece el proyecto impulsado por el socialismo, que propone topear los haberes en $2,5 millones, similar al límite nacional. La medida permitiría reasignar recursos hacia jubilados de menores ingresos, aunque encuentra resistencia en los sectores con beneficios más altos.
A esto se suma un escenario políticamente explosivo:
- Pasivos que reclaman volver al 82% móvil.
- Activos que rechazan cualquier aumento de aportes.
- Una Caja que depende cada vez más del Tesoro provincial, en un contexto económico a la baja.
“En algún momento vamos a tener que normalizar esto. Es un debate duro, pero inevitable”, sintetizó Torres, dejando en claro que el Gobierno ya no descarta una reforma integral.
El Gobierno reconoce el problema y prepara el terreno para un ajuste estructural
Con un mensaje más frontal y sin eufemismos, el oficialismo comenzó a instalar el diagnóstico de que el sistema previsional actual es inviable. El contexto de déficit, caída de ingresos y tensiones gremiales anticipa un debate que promete ser uno de los ejes centrales del 2026.
La discusión recién empieza, pero el Gobierno ya dio la señal más clara hasta ahora:
la Caja está en rojo y Córdoba deberá decidir si sostiene el modelo actual o encara una reforma profunda.
Diario Mystica Cba 