La discusión por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones volvió a encender la tensión política y gremial en Córdoba. Con el tratamiento del Presupuesto 2026 y las leyes económicas que impulsa el gobierno de Martín Llaryora rumbo a su segunda lectura, los sindicatos estatales se declararon en estado de alerta y anunciaron una movilización a la Unicameral para rechazar la posibilidad de un incremento de hasta el 4% en las alícuotas de aportes personales.

El artículo cuestionado forma parte de la reforma al Código Tributario y otorga al Ejecutivo provincial la facultad de elevar unilateralmente los aportes de los trabajadores hasta fines de 2027. La medida cayó como un balde de agua fría en el arco sindical, que denuncia un ajuste “regresivo” que vuelve a cargar el déficit previsional sobre los asalariados.

Gremios en pie de guerra

Los sindicatos SEP, UEPC, SUOEM, Luz y Fuerza, Judiciales, Legislativos y UPS, entre otros, emitieron un pronunciamiento conjunto donde exigieron la eliminación del artículo 63 del paquete económico. “Los empleados estatales ya hicimos el esfuerzo”, afirmaron, al recordar tanto el incremento previo de aportes como la pérdida del poder adquisitivo desde el inicio de la gestión.

El martes, en el marco de la audiencia pública, se movilizarán a la Legislatura. Exigirán una reunión urgente con el presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres, quien adelantó que recibirá a los representantes sindicales para “escuchar alternativas viables” que no impliquen rebajas salariales ni afecten derechos previsionales consolidados.

El clima previo anticipa una jornada de alta tensión: los gremios no están dispuestos a aceptar que el Ejecutivo quede habilitado para aplicar un aumento unilateral de aportes y ya avisaron que cualquier avance en ese sentido “romperá todos los consensos”.

Oposición en alerta y discursos afilados

La resistencia sindical encontró rápido eco político. La UCR y el juecismo se plantaron frente al artículo en cuestión. La radical Alejandra Ferrero alertó que la medida constituye “otro golpe al bolsillo de los empleados públicos” y recordó que los estatales ya aportan un 11%, más un 4% adicional por el Fondo de Desequilibrio.

“Ahora el gobierno quiere otro 4%. Es demasiado claro quién termina pagando los errores del sistema previsional”, sostuvo Ferrero, en un mensaje que buscó dejar al PJ en el centro del costo político.

Desde el Frente Cívico, Walter Nostrala fue aún más directo: acusó a Llaryora de “meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores mientras no toca los gastos obscenos de su gestión”. Según el legislador, con la reforma el aporte total podría escalar del 11% al 15%, un incremento que tildó de “injustificable”.

Ambos bloques opositores ya adelantaron su rechazo a esta facultad, aun cuando la UCR acompañó en general el Presupuesto.

El oficialismo responde y redirige el debate

Torres, nuevo conductor del bloque PJ tras el desembarco de Miguel Siciliano en el gabinete, salió al cruce y defendió la iniciativa. Aseguró que la facultad “no es nueva” y que ya había sido incluida en el Presupuesto 2023 con un tope del 2%. “Nunca se usó”, aclaró. Lo que se propone ahora, afirmó, es elevar ese tope al 4% para permitir un “prorrateo solidario” donde aporten más quienes más cobran.

Sin embargo, el argumento abrió otra polémica al señalar que Córdoba sostiene jubilaciones “que superan los 6 millones de pesos” y un haber promedio de $1.700.000, “uno de los más altos del país”. También apuntó contra el sistema previsional municipal: “Sostener a los 6.300 jubilados del SUOEM implica cubrir un déficit anual de 55 mil millones de pesos”.

La respuesta del gremio municipal fue inmediata. Calificó de “falaces” los dichos del oficialismo y defendió la sustentabilidad del subsistema municipal. “Somos superavitarios. Sostenemos el sistema con nuestro trabajo y nuestros aportes”, retrucó el SUOEM, que además instó al bloque oficialista a “defender con firmeza los recursos de Córdoba ante el poder central”.

Un problema estructural que nadie quiere asumir

El debate dejó expuesta una disputa que Córdoba arrastra desde hace décadas: cómo financiar un régimen previsional que prevé un déficit de 750 mil millones de pesos para 2026. Torres insiste en que este debe ser “el tema de fondo”, mientras la oposición acusa al PJ de utilizar la emergencia previsional como excusa para trasladar el ajuste a los trabajadores.

En medio de este tablero complejo, Llaryora busca aprobar el paquete económico antes del 17 de diciembre. Pero la presión gremial y la grieta política dentro de la Unicameral amenazan con convertir la sesión en una batalla mayor.

Para una provincia acostumbrada a tensiones previsionales recurrentes, el conflicto vuelve a mostrar que el equilibrio entre salario, déficit y sustentabilidad sigue demasiado lejos. Lo único claro, por ahora, es que la Caja volvió a transformarse en el epicentro de una discusión que Córdoba nunca termina de resolver.