En una sesión atravesada por tensiones políticas y lecturas cruzadas sobre el rumbo económico de la ciudad, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó en primera lectura el Presupuesto Municipal 2026 y las modificaciones al Código Tributario y a la Ordenanza Tarifaria Anual que envió el Ejecutivo. La sesión Nº32 fue presidida por el viceintendente Javier Pretto y dejó en evidencia la distancia entre el oficialismo y los bloques opositores respecto al modelo de administración municipal que impulsa la gestión.

El paquete económico asciende a $1,48 billones y plantea, según el oficialismo, un resultado financiero de déficit cero, un dato que se presenta como un punto de quiebre respecto a los últimos siete ejercicios, todos con números en rojo. Desde el Palacio 6 de Julio sostienen que se trata de una señal de “responsabilidad fiscal” en un contexto nacional volátil.
Reducción de alícuotas y actualizaciones por IPC
Uno de los puntos centrales del proyecto es la reducción del 30% de todas las alícuotas para contribuyentes del régimen general de Comercio e Industria. La medida, presentada como un incentivo directo al sector privado, busca —según la gestión— dinamizar la actividad económica y aliviar la carga tributaria.
En paralelo, la Tasa a la Propiedad mantendrá los valores de diciembre de 2025 y se actualizará de manera bimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si bien esta fórmula pretende “previsibilidad”, para la oposición implica una indexación automática que podría trasladar tensión inflacionaria a los hogares cordobeses.
“Ratificamos que somos un Estado presente y responsable, que no abandona sus funciones centrales en un contexto de dificultad. Bajamos el déficit y aseguramos la sustentabilidad financiera de la gestión, además de bajar la presión fiscal, con una reducción de tasas que no registra antecedentes”, sostuvo la concejala Miriam Aparicio (HUxC), quien además destacó la articulación público-privada como “marca” del oficialismo.
Oposición en alerta: emergencias, deuda y fondos específicos
A pesar de que la Tarifaria recibió acompañamiento parcial, los bloques de la UCR y el Frente Cívico rechazaron el Presupuesto y el Código Tributario. La crítica más repetida apunta a la prórroga por séptimo año consecutivo de las emergencias económica y del transporte, una herramienta que —para la oposición— se ha convertido en un recurso permanente que reduce controles y amplía la discrecionalidad del Ejecutivo.
“No se entiende. Si es cierto que vamos a déficit cero, ¿por qué se mantienen las emergencias?”, cuestionaron en sintonía Elisa Caffaratti (UCR) y Graciela Villata (Frente Cívico). El planteo apunta al corazón del discurso oficialista: si la ciudad logró equilibrio fiscal, ¿por qué insistir con mecanismos extraordinarios?
Otro de los puntos conflictivos es la autorización al Ejecutivo para tomar nueva deuda: hasta U$D100 millones de corto plazo y U$D350 millones de mediano plazo. Tanto radicales como juecistas objetaron también artículos que —según señalaron— modifican fideicomisos y fondos específicos “de manera arbitraria”, lo que para la oposición podría afectar la transparencia y la previsibilidad de esas partidas.
Desde la izquierda, la concejala Virginia Caldera (FIT) rechazó todo el paquete económico, alineando su voto con el argumento de que el Presupuesto “reafirma un modelo ajustado a las necesidades del mercado y no de los sectores populares”.
Acompañamientos, abstenciones y un oficialismo que marca la cancha
El oficialismo logró consolidar la mayoría gracias al voto favorable del concejal Gabriel Huespe (Ciudadanos). La concejala Soher El Sukaría (PRO), en cambio, optó por la abstención, una posición que confirma la fragmentación del espacio opositor en torno al tratamiento fiscal y financiero.
Si bien se trata de una primera lectura, el aval al Presupuesto 2026 configura un escenario político que anticipa debates más intensos de cara a la audiencia pública y a la aprobación definitiva. En un contexto provincial y nacional donde la discusión sobre el gasto público, la deuda y la presión tributaria se vuelve cada vez más ideológica, el municipio capitalino también juega su propia partida.
