El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura el pliego para designar al juez Carlos Rubén Lezcano como nuevo Fiscal General de Córdoba, en un movimiento que busca ordenar —y controlar— la transición en la conducción del Ministerio Público Fiscal. La propuesta, confirmada por el Ministerio de Justicia, llega en un momento en que el oficialismo necesita mostrar estabilidad en un área clave del sistema judicial.

El nombramiento se realiza de acuerdo al artículo 144 inciso 9 de la Constitución provincial y deberá atravesar el proceso legislativo correspondiente en las próximas semanas. Si el oficialismo logra acelerar los tiempos, la designación podría votarse antes de fin de año o, a más tardar, a comienzos del período ordinario 2026.

Un perfil técnico con 22 años en el fuero penal

Lezcano, actual Juez de Control y Faltas de la ciudad de Córdoba, acumula más de dos décadas de trayectoria en un ámbito determinante para la administración de justicia. Desde ese rol ha intervenido en la supervisión de garantías procesales, el control de la investigación penal y la resolución de conflictos en materia delictiva.

Para la Casa de Gobierno, su currículum reúne “antecedentes éticos” y satisface plenamente las exigencias constitucionales y legales del cargo. Ese énfasis, reiterado en la comunicación oficial, busca despejar cualquier suspicacia en un contexto donde cada designación judicial suele ser leída con lupa política.

Una transición calculada con Juan Manuel Delgado

La propuesta se inscribe en un esquema de transición planificado con el actual Fiscal General, Juan Manuel Delgado, cuyo mandato termina en marzo de 2026. Según dejaron trascender fuentes oficiales, la idea es que el recambio no genere ruidos innecesarios ni afecte el funcionamiento del Ministerio Público.

El traspaso formal se concretaría después de la feria judicial, habilitando varios meses de trabajo conjunto entre Delgado y Lezcano. Un período lo suficientemente extenso como para “aceitar” criterios de gestión, pero también para que el Ejecutivo monitoree el proceso sin sobresaltos.

El tablero político en la Legislatura

El pliego ya quedó en manos de la Legislatura, donde deberá enfrentar el inevitable tamiz político. Si bien el oficialismo cuenta con herramientas para asegurar los votos, las discusiones en comisión podrían transformarse en escenario de planteos opositores sobre independencia judicial, equilibrio institucional y la creciente influencia del Ejecutivo en cargos sensibles.

De todos modos, en el Panal confían en un trámite relativamente ágil, incluso con margen para cerrar el nombramiento antes del receso de fin de año. Si no, la cita quedará para los primeros compases del ciclo legislativo 2026.

Una apuesta estratégica en un área clave

La designación del Fiscal General no es un movimiento menor. Se trata de una de las figuras más influyentes del sistema de justicia provincial, con impacto directo en la política criminal, la relación con las fuerzas de seguridad y la conducción de investigaciones de alto voltaje.

Con la propuesta de Lezcano, Llaryora envía una señal: busca continuidad técnica, previsibilidad institucional y, al mismo tiempo, consolidar su propio esquema de poder dentro del aparato judicial. En un año en que todas las fuerzas recalculan posiciones, la elección del próximo jefe del Ministerio Público Fiscal vuelve a poner a la justicia en el centro del tablero político cordobés.