Anoche volvió a quedar en evidencia algo que venimos denunciando hace tiempo: las obras del Gobierno Provincial no resisten ni el primer embate del clima. Esta vez, el desastre ocurrió en pleno centro de Córdoba, dentro de las oficinas de la Policía Judicial ubicadas en calle Laprida 731, donde un verdadero diluvio ingresó por techos y paredes recién inaugurados.

Lo que debería ser un edificio seguro, funcional y preparado para la tarea sensible que allí se desarrolla, terminó convertido en un caos de filtraciones, cables mojados, personal corriendo para salvar expedientes, computadoras y documentación judicial. Una postal que retrata con crudeza la realidad de la obra pública bajo la gestión de Llaryora: estructuras inauguradas para la foto, pero sin controles, sin verificación técnica y sin responsabilidad institucional.

Porque esta no es una anécdota. Es un patrón.
Hace semanas cayó el techo del polideportivo de Los Álamos. Antes, las filtraciones en hospitales. Antes, problemas estructurales en escuelas, en estadios, en oficinas estatales. Y siempre el mismo denominador: obras apuradas, sin supervisión adecuada, sin certificación seria y financiadas con el dinero de todos los cordobeses.

La pregunta es inevitable:
¿Tienen estas obras las habilitaciones correspondientes?
¿Quién firma estos certificados?
¿Quién controla la calidad, la seguridad y el cumplimiento técnico?
¿Quién es responsable cuando una obra nueva se llueve, se raja o directamente se derrumba?

El Gobierno se muestra en los medios inaugurando edificios modernos, llenos de luces led y cintas para cortar. Pero detrás del decorado se esconde la verdadera historia: vicios estructurales, falta de controles y una obra pública manejada con criterios de propaganda en lugar de criterios de seguridad y calidad.

Es urgente determinar responsabilidades.
Urgente saber quién aprobó estas obras.
Urgente conocer si hubo auditorías técnicas reales.
Urgente identificar si se usaron materiales adecuados o si hubo sobreprecios y recortes que hoy ponen en riesgo edificios enteros.

Porque no estamos hablando de arreglos menores. Estamos hablando de oficinas judiciales inundadas, de polideportivos que colapsan, de hospitales que se llueven, de escuelas que reciben alumnos sin garantías mínimas. Estamos hablando de lugares donde trabajan miles de cordobeses y donde circulan niños, familias, vecinos.

Y, por sobre todo, estamos hablando de un gobierno que lleva años haciendo campaña con la obra pública, pero sin hacerse cargo de los resultados de esa obra pública.

Los cordobeses merecemos respuestas.
Merecemos obras seguras.
Merecemos que el dinero público se use con responsabilidad y no para inaugurar edificios que no resisten un temporal.