El Gobierno provincial finalmente reconoció la gravedad de la situación en torno a los polideportivos sociales y dispuso su clausura preventiva, una medida que llega luego del reclamo público impulsado por el legislador Matías Gvozdenovich y el bloque de la UCR. La decisión busca resguardar a los niños, jóvenes y familias que concurren diariamente a estos espacios, hoy bajo sospecha por presuntas fallas estructurales.

Gvozdenovich había advertido días atrás sobre los riesgos crecientes tras los incidentes registrados en distintos puntos de la provincia. Su pedido apuntaba a cerrar temporalmente todos los polideportivos hasta realizar pericias técnicas que determinaran la seguridad de los edificios. Ahora, con la resolución oficial, el Ejecutivo se alinea —aunque sin admitirlo explícitamente— con la postura planteada por la oposición.

La Provincia promete investigar y definir responsables

El Gobierno aseguró que avanzará en la determinación de los responsables jurídicos y penales vinculados a la construcción de los centros deportivos. La promesa incluye no solo a las empresas que ejecutaron las obras, sino también a los funcionarios que tuvieron a su cargo la supervisión, aprobación y control técnico.

Desde el radicalismo observan este paso como un reconocimiento tácito de que algo falló en los mecanismos de control de la obra pública, una discusión que se intensifica en un contexto provincial marcado por cuestionamientos a la transparencia y a la velocidad con que se ejecutan proyectos emblemáticos.

Restaurar, no improvisar: el pedido central

Para Gvozdenovich, el foco inmediato debe estar en garantizar que los polideportivos sean restaurados con criterios reales de seguridad, evitando soluciones rápidas que busquen desactivar el costo político, pero que no resuelvan el fondo del problema.
“Estos espacios deben ser centros de deporte y recreación, no un riesgo para la comunidad”, remarcó el legislador, quien insistió en la necesidad de que los arreglos se realicen con estándares constructivos verificables.

El impacto político de una decisión inevitable

La medida oficial, aunque presentada como una acción preventiva, genera ruido hacia adentro del Gobierno. La clausura de las obras estrella del oficialismo implica una autocrítica indirecta que la gestión no suele conceder. En paralelo, potencia a la oposición en un terreno donde la seguridad pública y la transparencia se vuelven argumentos difíciles de esquivar.

Mientras avanza la investigación y se aguardan definiciones sobre eventuales responsabilidades, el caso deja abierta una discusión más amplia: ¿cómo se están ejecutando y controlando las obras públicas en Córdoba?
Y, sobre todo, ¿quién responde cuando las fallas ponen en riesgo a toda una comunidad?