Una vez más, como legislador provincial, me veo en la obligación de solicitar informes urgentes al Ministerio de Seguridad por un nuevo hecho trágico ocurrido en Córdoba. Esta vez, en Villa Parque Siquimán, donde el pasado 24 de noviembre perdió la vida Samuel Tobares, un joven de 34 años que, según los relatos, habría sido golpeado severamente durante un procedimiento policial.

Lo repito con dolor y con indignación: otra muerte en circunstancias dudosas, otra intervención policial que termina de la peor manera, otro nombre que se suma a una lista que no deja de crecer. Esto no es un hecho aislado; es la consecuencia de años de descontrol, falta de planificación y ausencia absoluta de una política de seguridad seria.

Presentamos un Pedido de Informes para que el Gobierno Provincial explique, de manera clara y detallada:

• quiénes fueron los agentes a cargo del procedimiento,
• qué autoridades fueron notificadas,
• qué medidas tomó el ministro de Seguridad,
• qué acciones disciplinarias se aplicaron,
• y cuándo intervino el Tribunal de Conducta.

No estamos hablando de un episodio menor. Estamos hablando de una muerte bajo custodia policial, que ya llevó a la Justicia a detener e imputar a los efectivos involucrados por el presunto delito de homicidio preterintencional.

Este hecho nos remite de inmediato al caso Bustamante, ocurrido meses atrás en la ciudad de Córdoba, por el cual también presentamos un pedido de informes que el oficialismo decidió rechazar. La reacción es siempre la misma: silencio, opacidad y un intento permanente por esquivar responsabilidades.

Con cada hecho como este, queda más en evidencia que la Provincia no tiene una política de seguridad. No hay planificación estratégica, no hay formación adecuada, no hay controles reales, no hay conducción. Y lo más grave: no hay voluntad de corregir el rumbo.

Después de 25 años de gobiernos peronistas, los cordobeses seguimos viviendo las consecuencias de una estructura policial abandonada, mal formada, sin herramientas y sin supervisión. Un gobierno que pretende hablar de “modelo Córdoba” mientras la inseguridad se profundiza, los delitos se multiplican y los procedimientos policiales terminan, una y otra vez, en tragedias.

Samuel Tobares no debería haber muerto.
Ningún cordobés debería morir en manos del Estado.
Y hasta que la seguridad deje de ser un eslogan y se convierta en una prioridad real, estos hechos seguirán repitiéndose.

Lo que está en juego es la vida de los ciudadanos y la confianza en las instituciones. Por eso, y en nombre de todos los cordobeses, exijo respuestas claras, sanciones efectivas y un cambio profundo en la manera en que se conduce la seguridad en nuestra provincia.