El gobernador Martín Llaryora terminó de romper, sin matices, con el histórico manual schiarettista que dominó al oficialismo cordobés durante dos décadas: la idea de que las obras públicas y el cemento son la llave del voto. Tras la derrota de octubre y con un humor social volátil, el mandatario ensaya ahora un giro discursivo y de gestión hacia una narrativa filolibertaria que promete “aliviar la vida diaria” a través de rebajas impositivas y un Estado más acotado.

El viraje no es improvisado. Según pudo reconstruir este diario, parte del nuevo enfoque se diseñó en una reunión reservada que Llaryora y el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, mantuvieron hace dos semanas con funcionarios del presidente Javier Milei: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Allí comenzó a delinearse el esquema fiscal del Presupuesto 2026, con disminuciones en Ingresos Brutos y en el impuesto inmobiliario.

Un experimento fiscal sin mediciones claras

En El Panal admiten que todavía no existen mediciones sobre el impacto real que tendrá la baja de la presión fiscal en las cuentas provinciales ni en el bolsillo ciudadano. El efecto recién se verá cuando lleguen los cedulones digitales a los contribuyentes. Sin embargo, en la mesa chica llaryorista creen que el anuncio en sí mismo ya genera un clima político favorable que la oposición no podrá desmontar “con el argumento del dibujo”.

Con ese optimismo como soporte, el gobernador busca ir más allá. En su entorno aseguran que prepara un anuncio “revolucionario” para 2025 —año no electoral— que apuntaría a un impuesto inmobiliario cero para viviendas únicas, familiares o dentro de un rango acotado de metros cuadrados. “Cubriría al 70% de las viviendas”, dicen. La idea entusiasma al oficialismo, que incluso espera que la Municipalidad de Córdoba replique la medida para convertir al distrito en una especie de paraíso fiscal para casas de familia.

Detrás del entusiasmo, emerge un dato estructural: solo el 10% de los ingresos propios de la Provincia proviene de tributos patrimoniales. El resto depende de Ingresos Brutos. En ese marco, los técnicos del Gobierno aseguran que la quita podrá compensarse “en otras cuentas”. El concepto es conocido: ajuste.

Movimientos congelados, pero no descartados

Aunque la semana pasada parecía inminente un recambio en el Gabinete, las reformas se enfriaron. No obstante, eso no descarta movimientos puntuales. La principal incógnita gira en torno al rol del intendente Daniel Passerini. En el oficialismo ya hablan de una suerte de “intervención blanda” o “colaboración autodefensiva” del Gobierno provincial sobre el municipio capitalino. La preocupación es estrictamente política: la elección en la Capital será determinante para cualquier proyecto reeleccionista de Llaryora.

En paralelo, en la mesa chica circulan versiones de cambios en el Tribunal Superior de Justicia, un organismo que suele aparecer en los rumores de poder. Esta vez, sin embargo, las conversaciones parecen más avanzadas de lo habitual.

Un gobernador sereno, confiado y observando la oposición

Quienes frecuentan al mandatario aseguran que lo ven “políticamente tranquilo” pese a la derrota electoral. Parte de esa calma proviene de su vínculo con Santilli en Nación, pero también de la fragmentación opositora: Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo siguen sin lograr una estrategia común.

Reacomodamiento en la Legislatura

En el plano institucional, se confirmó que el riocuartense Juan Manuel Llamosas dejará el Banco de Córdoba para asumir como presidente provisorio de la Legislatura. También es un hecho la salida del titular del bloque oficialista, Miguel Siciliano, quien viajará esta semana al Congreso nacional para interiorizarse sobre su futuro lugar de trabajo: será diputado los próximos dos años. Lo mismo ocurrirá con la intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, salvo que aparezca un “cisne de algún color”.

La transición también está condicionada por cuestiones de salud: Juan Schiaretti deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica, lo que podría demorar su asunción; Passerini transita un posoperatorio por una cirugía oncológica; y el propio Llaryora enfrenta un problema menor que podría dejarlo unos días inactivo. El poder, a veces, pasa factura.

Gira por Traslasierra y señales políticas

Pese a ello, el domingo el gobernador estuvo en Traslasierra —una zona políticamente sensible por la causa que involucra al ex hombre fuerte del PJ local, Oscar González— y anunció la inauguración del acueducto que abastecerá de agua potable a más de 110 mil habitantes de los departamentos San Javier y San Alberto. También presentó la construcción de un nuevo puente vado que unirá Villa Sarmiento con Villa Dolores.

Una postal que combina obra pública, territorio y presencia política: el viejo manual que Llaryora dice haber dejado atrás, pero que todavía asoma cuando la coyuntura aprieta.