La Legislatura de Córdoba vivió este viernes una jornada inédita y cargada de tensión luego de que la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación, encabezada por el fiscal Franco Mondino, concretara un allanamiento simultáneo en diversas áreas administrativas del edificio. El operativo, autorizado por el juez de Control Gustavo Hidalgo, se enmarca en la investigación por presuntas irregularidades en contrataciones de personal, un caso que ya salpica a funcionarios y reaviva cuestionamientos sobre la opacidad en el manejo de los recursos públicos dentro de la Unicameral.

El procedimiento se extendió por varias horas e implicó el secuestro de documentación clave: contratos laborales, normativas internas, reglamentaciones administrativas y material informático relevante. La intervención incluyó a efectivos de la Policía de Córdoba, personal especializado de la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal y técnicos de la Unidad de Equipos de Computación de la Policía Judicial.

Un desprendimiento del caso Kraisman

El allanamiento surge como ramificación directa de la causa en la que el exlegislador Guillermo Kraisman continúa imputado por defraudación a la administración pública. El origen del expediente se remonta al intento frustrado de cobro ilegítimo que Kraisman habría intentado junto a Luciana Castro: ambos procuraron percibir el primer sueldo de Virginia Martínez, quien había sido contratada por la Legislatura en diciembre pasado utilizando su DNI, sin que ella misma realizara el trámite ni participara del proceso.

Este episodio detonó una investigación más amplia sobre presuntas maniobras irregulares de contratación y supuestos contratos fantasma dentro del cuerpo legislativo.

Reacciones políticas: entre la colaboración y el desconcierto

Desde el entorno de la vicegobernadora Myrian Prunotto —quien preside la Legislatura— aseguro que se puso a disposición «toda la información solicitada» y que existe un interés explícito en que la Justicia avance «hasta las últimas consecuencias». El mensaje intenta transmitir institucionalidad y cooperación, aunque puertas adentro la situación generó un clima muy diferente.

Fuentes legislativas consultadas reconocieron que el operativo provocó sorpresa y malestar entre el personal administrativo y empleados de distintas áreas, quienes señalaron no haber sido informados previamente sobre la intervención judicial. El desconcierto interno se sumó a la creciente preocupación que la causa genera en el círculo político provincial.

La UCR endurece el tono y exige explicaciones

El bloque de la Unión Cívica Radical fue el primero en adoptar una postura abiertamente crítica tras el operativo. A través de un comunicado oficial, su presidente, Matías Gvozdenovich, manifestó una “máxima preocupación institucional” y cuestionó el “dudoso manejo de los recursos públicos” dentro de la Unicameral. Además, anticipó la presentación inmediata de un pedido de informes para conocer los motivos específicos del allanamiento y la nómina de funcionarios o empleados que podrían estar implicados.

Comunicado completo de Matías Gvozdenovich

El Bloque de la Unión Cívica Radical expresa su máxima preocupación por el allanamiento realizado en el día de la fecha, en la Legislatura Provincial a las áreas de sueldo y administración, evidenciando el dudoso manejo que hacen las autoridades de los recursos públicos de todos los cordobeses.
Exigimos la total apertura de la información y la máxima transparencia de parte de las autoridades para el rápido esclarecimiento y la cooperación con la justicia.
Presentaremos inmediatamente un pedido de informes para que se nos indique las razones del procedimiento judicial y los empleados y/o funcionarios involucrados.
La falta de transparencia y la inobservancia de las leyes de información pública tienen que terminar en Córdoba.
MATIAS GVOZDENOVICH – PTE. BLOQUE U.C.R.

El pronunciamiento radical eleva la presión política sobre la presidencia de la Legislatura y sobre el oficialismo provincial, que ya enfrenta cuestionamientos acumulados por anteriores episodios administrativos sensibles.

Un caso que abre preguntas incómodas

Si bien la investigación continúa bajo secreto de sumario, el despliegue judicial del viernes profundiza las dudas sobre el funcionamiento interno de la Legislatura y la posible existencia de un sistema extendido de contrataciones irregulares. Lo sucedido también abre interrogantes sobre los mecanismos de control y auditoría institucional: ¿cómo se llegó a este punto y cuánto sabía cada una de las áreas involucradas?

Mientras la Justicia avanza, el impacto político promete ampliarse. El oficialismo busca transmitir calma y colaboración, pero los reclamos por mayor transparencia —que desde hace años emergen desde sectores opositores y organizaciones civiles— vuelven a ocupar el centro de la escena.

La investigación recién empieza, pero el allanamiento ya instaló un mensaje claro: el manejo del personal y los contratos en la Legislatura será puesto bajo la lupa como no ocurría desde hace mucho tiempo en Córdoba.