El gobernador Martín Llaryora presentó oficialmente el “Plan Histórico de Reducción de Impuestos 2026”, un paquete que promete alivios significativos en Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano y Rural, y diversos incentivos para sectores productivos. El Gobierno provincial lo exhibe como un giro trascendental hacia la competitividad y el estímulo económico. Sin embargo, la magnitud del recorte —$900.000 millones que dejarán de ingresar al fisco— despierta interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad de la Provincia de sostener servicios e infraestructura en un contexto nacional extremadamente volátil.
“Los cordobeses vienen haciendo un esfuerzo inmenso… Ese sacrificio nos inspira y nos obliga”, expresó Llaryora en su cuenta de X, en un mensaje que buscó enmarcar la decisión como un reconocimiento al ajuste social y empresario de los últimos años.
El anuncio se basa en una estimación de crecimiento del 6% para 2026 proyectada por el Gobierno nacional. Una hipótesis optimista —y discutida por economistas— sobre la cual la Provincia apoya una reingeniería tributaria de alcance histórico.
Ingresos Brutos: la gran apuesta
El plan contempla una de las reformas más profundas sobre Ingresos Brutos (IIBB) de las últimas décadas.
Puntos centrales:
- Reducción de la alícuota del 3,5% al 2,5% para más del 64% de los comerciantes.
- Nueva Ley de Promoción Industrial: IIBB CERO para empresas con facturación menor a $3.200 millones, a cambio de invertir el 1,2% de sus ingresos.
- Ley de Igualdad Territorial: desgravaciones de hasta 100% para inversiones en el Noroeste y el Sur-Sur cordobés.
- Se destinará hasta el 5% de la recaudación del impuesto, unos $154.000 millones.
- Continuidad de Alícuota 0 para inversiones en Educación.
- Nuevo régimen de Alícuota 0 para el Sistema de Salud.
- Alícuota 0 para producción agrícola, actividad industrial promovida, créditos hipotecarios.
- Exenciones para la Economía del Conocimiento y emprendimientos del Fondo Emprendedor Córdoba.
Según el Gobierno, la reducción total en IIBB representa $450.000 millones que quedarán en manos de privados para “dinamizar la economía cordobesa”.
El costado crítico
La Provincia apuesta a que la caída de recaudación se compense con mayor actividad. Pero en tiempos de contracción del mercado interno y tensión presupuestaria, algunos sectores cuestionan si este alivio no comprometerá la capacidad estatal de sostener inversión pública y programas sociales esenciales.
Inmobiliario Urbano: alivio nominal y fuerte segmentación
El Gobierno aseguró que ningún contribuyente tendrá aumentos reales. Los ajustes tendrán como tope la inflación.
Distribución anunciada:
- 41% de los contribuyentes (500.000 personas) tendrán reducciones nominales de hasta 25% (54% en valores reales).
- 11% pagará el mismo monto nominal que en 2025 (29% menos en términos reales).
- 21% tendrá incrementos del 29%, equivalentes a inflación (sin aumento real).
- El 27% restante tendrá aumentos menores al 29%, lo que implica una caída del impuesto en términos reales.
Además:
- 175.000 contribuyentes estarán exentos del 100%.
- Se mantienen los beneficios por contribuyente cumplidor (30%) y pago único (15%).
En total, esta reducción implica $200.000 millones que no ingresarán a las arcas provinciales.
El costado crítico
El Inmobiliario Urbano es uno de los tributos más sensibles para las finanzas locales y provinciales. Aunque el alivio es socialmente bien recibido, economistas advierten que, sin una recuperación fuerte del consumo y del empleo, el Estado podría enfrentar un cuello fiscal en 2026.
Inmobiliario Rural: consenso sectorial y más exenciones
El Gobierno afirmó que la actualización se acordó con entidades rurales, con ajuste según el índice de inflación para el sector.
Medidas destacadas:
- Todo lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario para infraestructura.
- 5% de descuento para propietarios productores.
- 30% por contribuyente cumplidor.
- Beneficios por buenas prácticas agropecuarias.
- Tope del 29%.
- Exenciones por compra de campos, entidades sin fines de lucro, Bosques Nativos, Zonas Protegidas y desastres agropecuarios.
Esta reducción implica otros $250.000 millones que no percibirá la Provincia.
El costado crítico
El campo vuelve a situarse como un beneficiario central de la política tributaria, algo que genera tensiones recurrentes con el resto de los contribuyentes urbanos que reclaman un reparto más equitativo del esfuerzo fiscal.
Un total de $900.000 millones menos para el Estado
Entre los tres tributos, el plan de Llaryora implica que $900.000 millones quedarán en manos de contribuyentes y sectores productivos.
El Gobierno lo presenta como una señal de “responsabilidad y estímulo económico”. Pero la magnitud del recorte abre un debate inevitable:
¿Podrá la Provincia compensar esta pérdida con mayor actividad económica, o terminará ajustando servicios, obra pública y asistencia social en un año electoral y con un país aún frágil?
Con un 2026 cargado de incertidumbre, el “plan histórico” puede convertirse en un punto de inflexión para Córdoba… o en una apuesta demasiado audaz en tiempos todavía muy movidos.
Diario Mystica Cba 